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Los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) echaron la última palada de tierra a la Constitución Política, al declarar legal la inconstitucional candidatura del presidente Daniel Ortega. El entierro de la Constitución comenzó en 2009, cuando una irregular Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió una resolución declarando inaplicable para Ortega el artículo 147 Cn. que prohíbe la reelección. De esta manera, ambas instituciones del Estado, secuestradas por el jefe del Ejecutivo, sientan un precedente peligroso que pone una vez más en aprietos lo que queda de institucionalidad en Nicaragua.

El martes el CSE emitió un fallo en el que desechaba las impugnaciones presentadas por los representantes legales de las alianzas PLI y ALN contra la candidatura de Ortega. El principal argumento de la oposición fue que el artículo 147 de la Constitución prohíbe la reelección, por lo que Ortega no puede participar en las elecciones del 6 de noviembre. El órgano electoral, encabezado por ex magistrados leales al caudillo sandinista, afirmó que ese argumento quedó zanjado con el cuestionado fallo de la Suprema.

El Consejo Electoral afirmó en su fallo que da cumplimiento a la sentencia emitida en 2009 por la Corte, y que por lo tanto Daniel Ortega es “un ciudadano apto de derechos políticos –constitucionales- electorales, para participar en la contienda electoral”. La oposición rechazó esa resolución, y anunció que acudirá ante instancias interamericanas para denunciar la violación al Estado de Derecho en Nicaragua.

En un comunicado hecho público tras conocerse el fallo del órgano electoral, la Alianza PLI –conformada por varias organizaciones y políticos opositores, incluyendo al ex candidato presidencial Eduardo Montealegre–, anunció que recurrirá ante instancias internacionales como la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para “denunciar la arbitrariedad y constantes violaciones a las Leyes y Constitución Política de Nicaragua”.

De hecho, sólo ALN y la Alianza PLI interpusieron impugnaciones válidas ante el CSE, respetando el Calendario Electoral que los magistrados de facto diseñaron para favorecer al Frente Sandinista y poner en aprietos a los partidos opositores, que debían llegar a un acuerdo en tiempo récord sobre el tema de alianzas políticas y candidaturas.

El PLC del controvertido ex presidente Arnoldo Alemán (en plena campaña con el autoimpuesto mote de “el gordo”) interpuso su impugnación fuera del tiempo establecido en el calendario, lo que fue catalogado por algunos analistas como un arreglo que dejó claro el pacto político con Daniel Ortega: ante la opinión pública el PLC impugnaba la candidatura del Presidente, pero se trató de una impugnación no válida. Tampoco fue válida la impugnación interpuesta por ciudadanos encabezados por la diputada opositora Mónica Baltodano.

El experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez, explicó que la oposición tiene todavía que agotar las vías nacionales antes de acudir a las instancias internacionales. Álvarez dijo, por ejemplo, que el candidato de la Alianza PLI, Fabio Gadea Mantilla, puede recurrir de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, alegando que la decisión del CSE afecta sus derechos constitucionales. Para ello, explicó, Álvarez, la ley establece un plazo de 30 días desde que se notificó el fallo del CSE.

El otro escenario es que la Alianza PLI, como organización política participante en el proceso electoral, interponga un recurso de revisión ante el CSE, lo que debería de hacerse en seis desde que se conoció el fallo del órgano electoral. Para Álvarez, el primer escenario es el más factible.

Estas acciones se realizarían para demostrar ante instancias internacionales que se agotó la vía administrativa en Nicaragua, aunque no hay certeza de que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la viabilidad de llevar un caso tan delicado como éste.

“Se puede acudir ante la Comisión Interamericana siempre y cuando demostrés con racionalidad jurídica que se trata de una violación de derechos humanos. Si logras construir una línea argumentativa en esa dirección, no habría problemas”, dijo Álvarez.

Sin embargo, el analista admite que es un tema “muy complicado” para estas instancias. “N recuerdo antecedentes de este tipo. ¿Vas a pedir medidas cautelares? ¿Posiblemente suspender la candidatura de Daniel? A la Corte Interamericana y a la Comisión no les gusta meterse en estos temas”, dijo.

Un pacto recargado

La candidatura de Daniel Ortega es el capítulo más delirante del acuerdo amarrado por los principales caudillos del país en 1999. Aquel pacto les permitió el control de los poderes del Estado a través de una repartidera de cargos que llenó las principales instituciones de funcionarios leales no a las leyes del país, sino a los intereses y caprichos de ambos caudillos. Ortega quería regresar al poder y lo consiguió, reformando la Constitución. Luego anheló la reelección y parece a punto de lograrlo. Todo con el beneplácito del ex presidente Alemán.

Desde que asumió la presidencia en enero de 2007, jurando respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, Ortega movió la muy bien aceitada máquina política del FSLN para lograr una reforma constitucional que legitimara su reelección. Las reformas no pasaron en el Plenario de la Asamblea Nacional, siendo el único gran logro de una vapuleada oposición.

Tras ese fracaso, Ortega acudió a su alianza con Alemán para recordarle que sobre él pesa la amenaza de cárcel por fraude al Estado, por lo que los magistrados liberales en la Corte Suprema no hicieron prácticamente nada cuando sus colegas sandinistas conformaron de forma irregular la Sala Constitucional del Supremo y emitieron un fallo que declara inconstitucional la Constitución, levantado para Ortega la prohibición de reelegirse.

El PLC tampoco hizo mucho cuando en enero de 2010 el presidente Ortega emitió su cuestionado Decreto 3-2010, en el que ordenaba a una veintena de funcionarios del Estado a mantenerse en sus cargos a pesar de que se les había vencido su periodo constitucional. De esta manera Ortega desbarataba la independencia de poderes en el país, asumiendo competencias de la Asamblea Nacional. Con sus magistrados leales en los poderes del Estado, Ortega consiguió el fallo de la Corte y el visto bueno a su candidatura de parte del Consejo Supremo Electoral, despejando prácticamente el camino a sus ambiciones de repetir mandato.

De hecho, el jueves el controvertido magistrado de facto del CSE, Roberto Rivas, mostró entusiasmo partidario al reafirmar ante los medios de comunicación que la candidatura de Ortega está “escrita en piedra”, echando la última palada de tierra a la Constitución Política. De esta manera arranca un proceso electoral lleno de anomalías: con un candidato ilegal, un órgano electoral de facto, sin garantías de observación electoral, con irregularidades en la emisión de cédulas y documentos para votar (favoreciendo en la entrega a simpatizantes del FSLN) y con actos de corrupción que empañan aún más al CSE. Los dados parecen cargados a favor del presidente Ortega, opinan políticos de oposición.

Danza de caudillos

Bajo ese contexto las elecciones parecen  un mero trámite con el que el presidente Ortega quiere legitimar su reelección. En realidad, las elecciones son una danza entre los caudillos Alemán y Ortega, que bailan al son de un proceso cuya organización genera muchas dudas, y con el que esperan mantener su statu quo pactista usurpando todas las instancias de poder en Nicaragua.

En la contienda se han inscrito cinco organizaciones políticas, pero las que cuentan con mayores posibilidades de lograr asientos en la Asamblea Nacional son el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega; la Alianza Partido Liberal Independiente, cuyo candidato es el empresario dueño de medios de comunicación Fabio Gadea Mantilla; la Alianza Liberal Nicaragüense, encabezada por el miembro de la contra Enrique Quiñónez; y la Alianza Partido Liberal Constitucionalista, del controvertido ex presidente Alemán.

El jueves, un grupo de ciudadanos acudieron a la sede del Consejo Electoral para impugnar la candidatura de Alemán, argumentando que el ex mandatario tiene juicios pendientes por casos de corrupción contra el Estado, por lo que ya fue condenado en 2003 a 20 años de presión y más tarde liberado por un cuestionado fallo de la Corte Suprema. Alberto Novoa, ex Procurador General de la República y quien presentó la impugnación, recordó que Alemán tiene tres juicios pendientes ante la Corte Suprema, y que si es condenado quedaría inhabilitado para participar en política.

Es poco probable que el CSE haga caso de esta impugnación, como ya ocurrió con las interpuestas contra la candidatura de Ortega. Lo que sí está claro es que el presidente Ortega no está dispuesto a ceder espacios de poder y, por el contrario, espera ampliar su influencia en todos los ámbitos del Estado, incluyendo la hasta ahora medianamente independiente Asamblea Nacional.

Otro “decretazo” contra RAAS

*Ortega busca favorecer a su partido en Chontales  

Fuentes del FSLN han dicho que esperan arrasar en las legislativas alcanzando por lo menos 60 diputados en la Asamblea. La empresa no deja de ser difícil, pero no imposible. No cuando se controlan desde el poder los hilos necesarios para cambiar un sistema político ideado que se convierte en un obstáculo. El presidente Ortega usó nuevamente su ya excesivo manejo de los decretos presidenciales, para cambiar el mapa geográfico del país con el fin de reducir la cantidad de diputados que podría ganar la oposición en regiones donde el voto antisandinista es mayoritario.

Con el Decreto 15-2011, Ortega incorporó al departamento de Chontales los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea; derogando el Decreto 33-2001 con el que se ordenó la incorporación de esos municipios a la Región Autónoma del Atlántico Sur. Ortega, quien desde 2007 gobierna bajo decretos, pasó por encima de la Ley de Autonomía. Dirigentes políticos municipales anunciaron protestas contra el nuevo “gacetazo” presidencial.

Para el diputado opositor y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, con este decreto el presidente Ortega sigue un “modelos chavista”, en referencia a las reformas ordenadas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para evitar que la oposición lograra mayoría en el parlamento de ese país en las elecciones legislativas del año pasado, a pesar de haber logrado la oposición más votos que el oficialismo.

“La razón es muy sencilla: en las pasadas elecciones nacionales del 2006 en la RAAS, el orteguismo no ganó ni un sólo diputado de los dos que le corresponden a esa Región, según el Arto. 141 de la ley Electoral,  y en Chontales sólo obtuvo un diputado de los tres que corresponden a ese Departamento”, explicó Montealegre.

Según Montealegre, el presidente busca favorecer “única y exclusivamente” a su partido, obteniendo con una menor cantidad de votos, la mayoría de diputados para gobernar sin contrapesos y lograr su ansiada reforma constitucional.