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En las tuberías legales de la Asamblea Nacional de Nicaragua yacen tres iniciativas de ley que pretenden ejercer controles sobre el manejo de la cooperación de Venezuela. Hasta ahora ninguno de los proyectos ha pasado al Plenario parlamentario para ser aprobados, en parte por el control que el gobernante FSLN tiene sobre la Comisión Económica del Parlamento, donde se analizan las iniciativas, pero también por la falta de un acuerdo entre la oposición para generar mayor presión para transparentar estos fondos.

El diputado Wilfredo Navarro, Primer Secretario de la Asamblea Nacional, culpa al FSLN por bloquear las iniciativas de la oposición relacionadas con la cooperación venezolana. “El FSLN, por el control que tiene en la Comisión Económica, evita que podamos avanzar en ese sentido”, dijo Navarro.

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que pertenece Navarro, y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), han preparado proyectos de ley en los que se establece que los directivos de la empresa estatal Petronic, socia de Albanisa, sean nombrados por la Asamblea Nacional para otorgarles mayor autonomía ante el Ejecutivo.

En otra de las iniciativas se establecen mayores mecanismos para ejercer mayor transparencia sobre esa empresa estatal. Y hay una tercera iniciativa que propone utilizar los fondos de la cooperación venezolana para estabilizar los precios de los hidrocarburos en el país, con el fin de evitar que la inestabilidad en las cotizaciones del crudo a nivel internacional deteriore el nivel de vida de los nicaragüenses.

“Estos recursos de la cooperación venezolana son manejados por Albanisa como forma de evadir controles. ¡Hay todo un túnel de irregularidades!”, dijo Navarro.

Desde que se firmaron los convenios de cooperación con Venezuela en enero de 2007, cuando Ortega regresó al poder en Nicaragua tras 16 años liderando la oposición, los diputados opositores han criticado el manejo que el gobierno ha hecho de los fondos que genera el petróleo enviado por Hugo Chávez. En marzo de 2007 la Asamblea Nacional aprobó el convenio de cooperación entre ambos países, no sin la crítica de algunos legisladores como la diputada independiente Mónica Baltodano.

Estos fondos “no serán canalizados ni controlados por el gobierno ni por ninguna institución del Estado nicaragüense, sino que será una cooperación canalizada a través de una empresa privada. Esto significa que el manejo de tan importantes recursos escaparán en lo absoluto de cualquier tipo de control, tanto de la Contraloría General de la República, como del Ministerio de Finanzas, de este parlamento, y por ende, de cualquier forma de control ciudadano”, dijo Baltodano el día de la aprobación.

Hasta la fecha, la Contraloría General de la República no ha realizado ninguna auditoría a Albanisa, a pesar de que la estatal Petronic es dueña nominal del 49% de las acciones del conglomerado. Los diputados tampoco han ejercido mayor presión para que los contralores inicien investigaciones en el manejo de los fondos de la cooperación venezolana.

¿Hay o no deuda pública?

La pregunta que muchos nicaragüenses se hacen es si esos fondos son deuda pública que el país tendrá que pagar en un futuro. Diputados de oposición aseguran que Nicaragua no tiene deuda con Venezuela, porque la cooperación es manejada por una entidad privada y la Asamblea no ha aprobado ningún préstamo.

Sin embargo, algunos economistas independientes sostienen que el Acuerdo Energético Petrocaribe, ratificado por la Asamblea, es un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, definiendo los términos del financiamiento para la importación de petróleo, y por lo tanto implica una deuda pública que en el futuro Venezuela podría reclamar.

Según los registros del Banco Central, el 50% de los fondos originados en la cooperación venezolana que ingresan al país vía deuda privada de Albanisa, son reinyectados a la economía nacional a través de la Caja Rural Nacional, (Caruna). En la práctica, es Caruna y no Albanisa la institución “privada”, que canaliza los fondos hacia actividades gubernamentales, partidarias, y de negocios privados relacionados con la cúpula gobernante.

“Nosotros como diputados hemos tenido mucho cuidado en no aprobar ningún préstamo o ningún crédito de Venezuela para la llamada ayuda. Entonces no podrá, de aquí a dos o 20 años, algún gobernante venezolano venir a Nicaragua y decir ustedes nos deben a nosotros mil millones de dólares. Podrán proceder contra aquellas personas a quien ellos le han otorgado créditos, llámese Caruna, Petronic o Albanisa; pero no el Estado de Nicaragua”, dijo el diputado por el PLC, Francisco Aguirre Sacasa.

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