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“El Jefe de Gabinete del CSE, (Rodrigo) Barreto, con franqueza sorprendente reconoció en dos reuniones que el FSLN robó las elecciones”. Con esas palabras describe el ex embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, la conclusión de una conversación que sostuvo con el alto funcionario del CSE, quien supuestamente admitió que el sistema electoral fue amañado para que los resultados de las elecciones municipales de 2008 beneficiaran al gobernante FSLN.

La información se origina en un despacho enviado al Departamento de Estado por su embajada en Managua, filtrado por la organización Wikileaks, y publicado por el diario El Pais de Espana..

Barreto negó el viernes haber admitido ante diplomáticos norteamericanos que hubo fraude en las elecciones de 2008, lo que calificó como “chismografía de Wikileaks”. “Pone en boca mía aseveraciones que en ningún momento, en ninguna circunstancia, le he manifestado yo a ningún miembro de la embajada de los Estados Unidos acreditados en Nicaragua”, dijo el Jefe de Gabinete del CSE.

El destape del cable de la embajada EEUU se da en una semana de explosivas revelaciones para el CSE, cuando investigaciones de El Nuevo Diario revelaron graves casos de corrupción en el uso del presupuesto de esa institución del Estado, que cuatro de los cinco contralores de facto de la Contraloría General de la República se negaron a investigar pese a las pruebas de facturas falsas presentadas por el rotativo.

Para la ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, la Asamblea Nacional debería iniciar una investigación sobre las declaraciones de Barreto, publicadas en el despacho de la embajada estadounidense. La admisión de fraude “es un hecho impensable en un país de corte democrático. Se da en países sin sentido de respeto al Estado de Derecho y la voluntad popular”, dijo Zelaya en entrevista con Confidencial.

La ex magistrada agregó que la Asamblea también debe investigar las denuncias de corrupción en el seno del CSE hechas públicas la semana pasada por El Nuevo Diario, y que ex contralores del PLC y el FSLN se niegan a investigar. “Deberían ser los mismos funcionarios del CSE quienes deberían solicitar la investigación si se creen inocentes”, dijo Zelaya, quien abogó por un cambio en la dirección del CSE.

Por su parte, el doctor Roberto Argüello Hurtado, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que la Asamblea Nacional debe de iniciar una investigación sobre las denuncias de corrupción que involucran a funcionarios del CSE.

“Hay una malversación generalizada. Eso le corresponde investigarlo a los que nombraron a los magistrados del CSE, porque ahí hay un delito grave. Si los contralores no investigan, corresponde a cualquier diputado poner una acusación penal contra los responsables, porque se abstienen de investigar un hecho delictivo y eso es grave. La Asamblea Nacional debe tomar la iniciativa para investigarlos”, dijo el jurista.

Para este jurista con 55 años de experiencia en el derecho, si los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral avalan la candidatura de Ortega, violan la Constitución y son responsables de los delitos de falsedad y usurpación de funciones, “por declarar válida una candidatura sin ser magistrados”.

“Han invadido el poder político de la Asamblea Nacional”, dijo el doctor Argüello sobre los ex magistrados, “cualquier diputado puede interponer acusación penal en su contra. Ellos pueden ser acusados y recurridos cuando acepten esa candidatura”, agregó.

Para la doctora Zelaya es “grave” que las elecciones presidenciales de noviembre sean administradas por las mismas personas que manejaron los comicios de 2008. “Las repercusiones son imprevisibles”, dijo Zelaya. “Nos ponen en una situación difícil porque si siguen las cosas así, este es un proceso plagado de fuertes irregularidades, que violenta la Constitución. Las elecciones tienen que hacerse con actores que dirijan el proceso de forma creíble”, agregó.

Para Zelaya, la principal responsabilidad recae sobre los diputados de la Asamblea Nacional, quienes deben elegir “cuanto antes” a los magistrados del CSE que deben someter a revisión el calendario electoral impuesto por los actuales magistrados de facto; y aprobar un proyecto de ley de observación electoral presentado por organizaciones de la sociedad civil.

El cable de EEUU filtrado por Wikileaks

Resultados electorales sorprendieron al FSLN

*Fraude masivo en el 2008 fue ampliamente conocido por magistrados CSE

El despacho del embajador Callahan afirma que “Barreto sugirió que el FSLN, a través del CSE, había preparado el sistema electoral a lo largo del año de cara a la contienda local. Pero los resultados (de las elecciones) no fueron los esperados, lo que llevó a una gran alteración de las actas de conteo para dar al FSLN la gran victoria anunciada por el CSE”. Según los resultados presentados por la institución electoral, el FSLN obtuvo 105 alcaldías de las 153 en disputa, 40 de ellas obtenidas de forma fraudulenta, según las denuncias de la oposición.

A pesar del gran escándalo internacional que generaron las denuncias de fraude en las elecciones municipales, el Gobierno del presidente Daniel Ortega defendió los resultados presentados por un CSE bajo su control. El FSLN saldó la crisis generada por las denuncias de fraude con la violencia, enviado a sus huestes a reventar las marchas opositoras que exigían un recuento transparente de los resultados electorales. Bajo ese apoyo gubernamental, los entonces magistrados del CSE se negaron hacer un recuento de votos.

“A pesar del fraude masivo, Barreto dijo que los magistrados del CSE no harían ninguna corrección a los resultados y cree que es poco probable que otra institución del Gobierno se ocupe de los resultados fraudulentos. Además, cree poco probable que cualquier magistrado del CSE sea removido de su cargo antes de que termine su mandato”, explicó Callahan en el cable filtrado por Wikileaks.

De hecho, los funcionarios del CSE se mantienen en sus cargos arropados por el controvertido decreto 3-2010 emitido en enero del año pasado por Ortega. Serán esos ex magistrados quienes se encargarán de administrar las elecciones presidenciales previstas para el 6 de enero, y en las que Ortega pretende participar como candidato del FSLN a pesar de estar prohibido por la Constitución.

Rivas, puente entre FSLN y PLC

Rodrigo Barreto es uno de los hombres de confianza de Roberto Rivas, el ex magistrado presidente del CSE que ha mostrado beligerancia hacia el Gobierno del presidente Ortega. Rivas incluso dijo, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inaplicable para Ortega el artículo 147 de la Constitución, que la candidatura del presidente estaba “escrita en piedra”.

En el cable hecho público el jueves por el diario español El País, el embajador Callahan cuenta que dentro del CSE a Rivas se le ve como el “puente” que cumple con las exigencias tanto del FSLN como del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que lidera el ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por fraude al estado y liberado por un cuestionado fallos de la CSJ.

Alemán y Ortega pactaron un arreglo político en 1999 con el que ambos caudillos se repartieron el control de los poderes del Estado, pero desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, la balanza se ha inclinado a favor del caudillo del FSLN, dejando a Alemán en un segundo lugar, pero necesario para mantener el statu quo del pacto de 1999.

“Barreto cree que Roberto Rivas podrá mantener su puesto como máxima autoridad del CSE después de que expire su periodo, porque Rivas sirvió como puente entre el FSLN y el PLC, y fue capaz de satisfacer las necesidades de ambos partidos”, se lee en el cable de Wikileaks.

La intransigencia de Ortega

En sus comentarios personales sobre la situación política de Nicaragua tras la crisis desatada por las denuncias de fraude, el embajador Callahan deja clara la intransigencia del presidente Ortega en aceptar un recuento de los votos, pese a la presión internacional y de los donantes europeos, que decidieron congelar o suspender parte de la cooperación que entregan a Nicaragua.

“El gobernante Frente Sandinista admite el fraude electoral y espera que la oposición y la comunidad internacional lo acepten y sigan adelante. Consciente de que la comunidad donante ha suspendido la ayuda como consecuencia del fraude electoral, Ortega y su gobierno decidieron pagar el precio en lugar de admitir que hubo fraude y devolver cualquier poder local a la oposición”, dijo Callahan.

El embajador también saca sus conclusiones sobre la astucia en el manejo de la crisis por parte de Ortega, quien estratégicamente propuso un “diálogo nacional” para apartar la atención internacional de las denuncias de irregularidades en los comicios, pero que también le serviría para proponer reformas electorales e incluir la posibilidad de reformar la Constitución de cara a legitimar su reelección.

“Como en la mayoría de las crisis, Ortega y el FSLN creen que pueden sobrellevar este problema y al final mantenerse en la cima. Sin embargo, de continuar la presión continúa, Ortega ha propuesto un “diálogo nacional” para enfrentar la crisis política y financiera que afecta a Nicaragua. Dirigentes del FSLN han evitado dar detalles concretos sobre los términos de ese “diálogo”, y si bien es posible que sea usado para ofrecer algunas concesiones en el sistema electoral, los cambios serían parte de un paquete más grande que incluirían los objetivos políticos a largo plazo de Ortega, incluidos una reforma constitucional y la reelección”, explicó en su despacho el embajador Callahan.