Confidencial.com.ni

“En Nicaragua hay unas 6,500 leyes, y muy pocas de ellas se cumplen”, asegura en forma de lamento el diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, cuando se le pregunta por una ley de cuya paternidad puede ufanarse: la Ley 662, o Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense”, promulgada en septiembre del 2008.

Pero es una paternidad triste para aquel que la impulsó: “Queríamos asegurar que hubiera transparencia en el uso y origen de los fondos para entidades estatales o mixtas, con Petronic en mente, porque es socia de PetroCaribe, que es la madre de Albanisa… sin mencionarla”, confiesa Aguirre sin ambages.

La ley navegó a contracorriente por muchos meses, debido al tamaño de lo que se trataba de controlar: ni más ni menos que los montos que maneja el Frente Sandinista y el presidente Daniel Ortega a través de Albanisa y Caruna, con la comodidad y la libertad que concede a cualquiera que trabaja fuera del Presupuesto

“Queríamos ver qué pasaba con los petrodólares, y de paso, que toda la información estuviera disponible para todos los ciudadanos”, reitera el también ex canciller de la República.

Y los petrodólares sumaban, en realidad, cantidades nada desdeñables, buena parte de los cuales fueron empleados en la campaña municipal del 2008, en la que el FSLN mostró “su” generosidad con dinero ajeno, regalando cocinas, láminas de zinc, y casas para unos cuantos afortunados.

Fue el año en que el petróleo llegó a U$140 por barril, lo que hacía suponer que los jerarcas del partido de gobierno podrían terminar haciéndose con una fortuna cercana a los U$500 millones. Al final, se supone que ALBANISA terminó manejando unos U$293 millones, lo que es más que suficiente para justificar la promulgación de la 662.

Solo cumplen el BCN y EAAI

Según la Ley, “todas las entidades del sector público, incluyendo las empresas del Estado y sociedades mixtas”, están en la obligación de presentar tres tipos de informes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, además de transferir “los excedentes que correspondan, a solicitud del Ministerio de Hacienda”, y manejar un sitio web con información amplia y específica.

Casi nadie ha cumplido con esas obligaciones, en especial, con el Informe Trimestral de Convenios o Contratos que manda el artículo 5; el Informe Trimestral sobre Donaciones no contempladas en el Presupuesto, que señala el artículo 6, y la Auditoría Externa de la que habla el artículo 9.

Donde hay mejor observancia de la Ley es en el artículo 8, que ordena “crear y actualizar su respectiva página web con información oficial de la institución, la que deberá contener entre otra información… términos y condiciones de los convenios internacionales que suscriba, contratos mercantiles y civiles celebrados, al igual que un reporte sobre la ejecución de su presupuesto; el uso y ejecución de las operaciones que realiza”.

Aunque ninguna cumple a cabalidad lo que manda el artículo informático, hay una de ellas que logra altas calificaciones, (el Banco Central de Nicaragua), y dos o tres más que tienen un nivel aceptable de cumplimiento, entre las que destaca la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).

Aún así, quienes conocen la ley y la han monitoreado de alguna manera, sospechan que las entidades que sí han cumplido el artículo 8, lo han hecho más por presión externa, que por una vocación de transparencia.

“El Banco Central y la EAAI están en el extremo positivo de la lista, con alto grado de cumplimiento -aunque no al 100%- y hasta ofrecen una visión de sus finanzas, aunque en el caso del BCN me parece que es más por las exigencias del Fondo Monetario Internacional que por voluntad propia”, dijo el legislador.

“Es que sería el acabose que el Banco Central no tuviera toda esa información en línea”, opina César Martínez, Coordinador de Proyectos del Area de Transparencia del organismo cívico Etica y Transparencia, el que tampoco descarta que la razón para tanta apertura por parte del Banco sea “para cumplir con el FMI, y para estar bien con el sector privado”.

Aunque la EAAI no tiene ese tipo de presiones directas por parte del Fondo, sí se sabe que al haber colocado deuda en el mercado de valores, se vio obligada a transparentar su gestión, publicando incluso sus estados financieros auditados.

“ENACAL cumple en término medio al publicar sus memorias anuales; tienen ahí un informe de una donación venezolana, y algunas licitaciones, pero no los contratos firmados, ni se abren a la consulta ciudadana”, añadió Aguirre.

El legislador no descarta que el comportamiento web de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, responda en realidad a los compromisos asumidos con sus donantes internacionales, más que a un deseo de rendir cuentas a los habitantes.

Martínez, de E & T, señaló que, en términos generales, aunque tengan páginas en línea, y suban alguna información, las empresas del Estado “publican sus anuncios de licitación, y a veces colocan los resultados, pero no revelan las actas de los comités que decidieron a quien elegir, y eso no lo han hecho nunca. Ni antes ni ahora”, aseguró.

Añadió que esas entidades “no revelan sus proyectos, el uso que le dan al dinero, sus planes operativos anuales, los objetivos de sus acciones, sus planes estratégicos, sus planes indicativos, etc.”,

Sanciones, en el papel

Si el incremento desmesurado de la factura petrolera hizo que fuera clave aprobar esta ley en el 2008, el actual año electoral pone sobre el tapete la importancia de controlar qué hacen algunas entidades del Estado con las enormes ganancias que están logrando.

En la medida en que la nube se vuelve más oscura, no sólo porque la Ley 662 no fue capaz de arrojar toda la luz que se requería para aclarar las cosas, sino porque tal vez, nunca tuvo la posibilidad real de lograrlo.

Martínez, de E & T, admite que ese organismo no le ha dado tanto seguimiento al cumplimiento de esta ley, porque “desde que se promulgó vimos que tenía limitantes. Recordá que para ese momento el FSLN comienza a controlar la Asamblea Nacional, por lo que tuvo la posibilidad de disminuir sus alcances”.

Es notorio que la Ley se aprobara “por amplia mayoría”, según lo señala Aguirre Sacasa, lo que sugiere que, de entrada, no existía intención alguna de cumplirla, como lo sugiere ahora la evidencia.

La otra razón es que “la Ley 662 no cuenta con un sistema de sanciones muy claro, sino que se remite a la Ley de Servicio Civil, que es administrada por el Poder Ejecutivo”, señaló Martínez.

El artículo 11 de la Ley de Transparencia de las Empresas Públicas señala que “el infractor quedará sujeto a las sanciones disciplinarias, administrativas o penales que corresponda”, remitiéndose a tres leyes adicionales: las de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, la de Acceso a la Información Pública, y la de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

¿Denunciar? ¿Para qué?

El tímido contenido del artículo 11 no garantiza nada, si no hay voluntad de cumplir, pues como señala Martínez, “leyes hay un montón, que después no derivan en nada”.

La clave, por consiguiente, es que existiera la voluntad política de cumplir la Ley, -frase que, en principio, sería una aberración en un verdadero Estado de Derecho- pero es evidente que esto no ocurre en Nicaragua. No al menos con esta ley.

El mismo diputado Aguirre señala que “ningún gobierno hace cumplir las leyes, excepto si le conviene”. En línea con esa convicción, Martínez señala que “esta administración no revela lo que es susceptible de críticas, y por eso no la cumplen (la 662), más si ellos están en la capacidad de reinterpretar las leyes”.

Y claro que es “susceptible de críticas”, el uso que se le ha de dar a la cooperación venezolana, máxime en este año electoral, y más aún cuando se sabe que significó U$333 millones sólo en el primer semestre del 2010, y arriba de U$500 millones en todo el año.

“Aquí todo se trata de que haya voluntad, y cuando un gobierno tiene cooptadas las instituciones, no podés hacer mucho: sólo queda la denuncia nacional e internacional”, dice Martínez.

A pesar del peso de esas palabras, ni siquiera él mismo cree que presentar las consabidas denuncias sirva para algo, porque “la Contraloría y la Procuraduría están controladas por el FSLN, de modo que no prosperaría poner una denuncia con ellos”.

Del mismo modo, ocurre que la gente no se atreve a denunciar por su cuenta, en primer lugar, porque la mayoría está más preocupada por resolver su día a día económico, que por el cumplimiento o no de una ley como esta, y aquellos que sí tienen empleo, la pensarán dos veces ante la posibilidad de que una represalia los deje sin él.

“La gente tampoco va a perder su tiempo poniendo una denuncia que saben que no prosperará”, lo que es un efecto lógico de un sistema diseñado para mantener a la ciudadanía en la apatía.

¿Por qué transparencia?

El reclamo por la transparencia tiene también razones económicas que complementan la lucha por lograr la instauración de un Estado de Derecho.

César Martínez, de Etica y Transparencia, recuerda que “la transparencia permite el acceso y la participación ciudadana en la gestión pública, con lo que se logran mejores resultados, porque genera confianza –aún entre los contribuyentes- así como eficiencia y ahorro, lo que puede traducirse en financiamiento para nuevas obras públicas”.

Al reducir a instituciones como la Asamblea Nacional, llamada “el Primer Poder del Estado”, al papel de simple creador de leyes que serán cumplidas o no, según los intereses de quienes detentan el poder, el país mismo practica un juego peligroso, al desperdiciar la posibilidad de crecer más, con sólo respetar la institucionalidad.

El economista y premio Nobel, Douglass North, definió a las instituciones como un conjunto de reglas escritas y no escritas que llegan a definir el modo en que se comportan los agentes económicos.

La razón por la que las instituciones pueden influir en el desarrollo económico de un país, es porque son las que crean incentivos para que la economía funcione de forma apropiada, reduciendo los costos de transacción y la incertidumbre, lo que se basa en dos principios: el derecho de propiedad y el respeto a las reglas del juego.

Dicho de otro modo, respetando el imperio de la ley.

Propone publicar “versiones ciudadanas”

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, (IEEPP), también vigila el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Empresas Públicas, aunque de forma similar a Etica y Transparencia, no es mucho el tiempo que le dedican a un texto de escaso cumplimiento.

“Hemos hecho sondeos sobre algunos aspectos de la Ley 662, buscando la información que está en la web de las principales empresas públicas, y lo que hemos visto es que no tienen o está desactualizada”, detalló Dayra Valle, Investigadora del Área de Transparencia y Presupuesto Público del IEEPP.

Además del cuánto, la investigadora también ha tratado de definir el grado de accesabilidad a la información, encontrando que “a veces sólo la ofrecen por medios electrónicos, y no todos los ciudadanos tienen acceso a los medios electrónicos, o parte de la información disponible no la entienden todos, sino sólo quienes saben leer estados financieros. ¿Cómo vas a rendir cuentas a los ciudadanos si no te entienden?”, reclamó.

Una opción sería “crear versiones ciudadanas de documentos técnicos, que expliquen la información que se está generando”.

Otro problema que encuentra es que la información se ha distribuido a través de diversos mecanismos, como las publicaciones impresas e Internet, por lo que “se dificulta darle seguimiento a esa información”, aseguró.

Aunque es más lo que está pendiente de hacerse que lo que ya se ha hecho, Valle encuentra que, “tal como está escrita la ley, bastaría con tener voluntad de cumplirla, porque ella misma establece los parámetros de cumplimiento, y las empresas tienen los mecanismos para hacerlo”.

“La Ley señala la obligatoriedad de su cumplimiento, y depende de cada entidad cómo transparentar su gestión”, añadió.

Un mecanismo para lograr que se cumpla, pasa porque hubiera un nivel de exigencia de parte de un órgano fiscalizador, que pudiera ser la Oficina de Ética Pública, la Contraloría, la Comisión Económica o la misma Asamblea Nacional “que tiene funciones de órgano contralor, o los ciudadanos exigiendo el respeto de las leyes”, enfatizó.