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Alcaldes de la RAAS denuncian pisoteo a Ley Electoral y de Identidad Ciudadana

Estructuras del FSLN violan la Ley al asumir cedulación

* Las oficinas del FSLN están entregando cédulas a sus simpatizantes y militantes, mientras las oficinas de cedulación en las Alcaldías están cerradas por "falta de presupuesto".

Alvaro Navarro | 18/2/2011
@NavarroNewsNic

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Las estructuras municipales del Frente Sandinista en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), están violando abiertamente las leyes del país, al asumir la entrega de cédulas de identidad sólo a sus partidarios, una atribución del Consejo Supremo Electoral (CSE), denunciaron los alcaldes de siete municipios de la RAAS.

El alcalde de Nueva Guinea, Dennis Obando, denunció en el programa televisivo Esta Noche, que se transmite por Canal 12, que las ventanillas de cedulación permanecen cerradas en los municipios de la RAAS, sin embargo, las oficinas del Frente Sandinista en su municipio, están entregando cédulas a sus partidarios.

“En la Secretaría del Frente Sandinista, un edificio que está justamente frente a la municipalidad, es donde ahora se observa que están entregando cédulas, de forma abierta, porque ya ni siquiera se está trabajando de manera sigilosa… los requisitos son cartas del CPC y del Comité de Liderazgo Sandinista”, declaró Obando, refiriéndose a los requisitos partidarios que se solicitan para optar a la cédula.

La Ley Electoral, en su Artículo 10, define las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, entre las cuales está “Organizar y mantener bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación ciudadana y el Padrón Electoral”.

Obando compareció junto a sus colegas Gilberto Pérez y Ramón Gutiérrez, alcaldes de Muelle de los Bueyes y El Ayote respectivamente, en el programa televisivo “Esta Noche” y ante los jefes de las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional, donde expusieron las irregularidades que se están presentando en sus municipios en abierta violación a las leyes nacionales. Además, demandaron que se ponga fin a esta práctica ilícita y partidista.

Lo más preocupante para los ediles es que la situación “está desesperante” para los ciudadanos que buscan su cédula y se las niegan, afectándolos en todos sus derechos ciudadanos, ya que sin ese documento de identidad se ven imposibilitados de realizar gestiones personales, aplicar a un empleo, recibir remesas, y hasta los obliga a migrar de forma ilegal, porque sin su cédula tampoco pueden tramitar su pasaporte.

 

Roberto Rivas: “no hay presupuesto”

El edil de Muelle de los Bueyes declaró que el 21 de octubre del año pasado –cuando tomó el cargo por sustitución de su alcalde, quien falleciera en un accidente–, conversó con el Magistrado de facto, Roberto Rivas y le solicitó una oficina de cedulación en la Alcaldía. Para ello ofreció las instalaciones y el pago del funcionario, pero “él me respondió que ni siquiera en la cabecera departamental que es Bluefields estaba funcionando, solamente la departamental o la regional, que ninguna de las municipales estaba operando”.

El argumento de Rivas, según el edil fue que “no hay presupuesto”, sin embargo la aparente dificultad se cae con el ofrecimiento de cubrir los gastos y deja en evidencia que “no hay voluntad política”, refutó el funcionario municipal.

Los funcionarios municipales en reiteradas ocasiones citaron la Ley de Identidad Ciudadana, para sustentar las ilegalidades que cometen las autoridades del Poder Electoral y las estructuras sandinistas en estas localidades.

De acuerdo a dicha Ley, la cédula es indispensable para ejercer el voto, celebrar contratos laborales, para matricular a sus hijos en la escuela, para hacer gestiones ante las Alcaldías, para inscribir a sus hijos, etc.

Esta labor de cedulación, según la Ley de Identidad Ciudadana, recaerá en la Comisión Nacional de Cedulación y la Dirección General de Cedulación, como dependencias del Consejo Supremo Electoral.

Los alcaldes de los municipios de la RAAS anunciaron que realizarán un censo poblacional para determinar cuántas personas se han visto impedidas de adquirir su cédula de identidad, entre el universo poblacional de más de 300 mil ciudadanos, ubicados en los siete municipios del Atlántico Sur.

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