En el pequeño municipio de El Jícaro, en el norteño departamento de Nueva Segovia, activistas políticos denunciaron que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha entregado 1,600 cédulas a ciudadanos que las solicitaron desde 2007. Los activistas temen que esa retención se mantenga durante este año electoral y se repitan las mismas irregularidades denunciadas en las elecciones municipales de 2008, cuando la oposición acusó al CSE de montar un gigantesco fraude electoral que benefició al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Graciela Zambrano, activista del Movimiento por Nicaragua en Nueva Segovia, aseguró que hasta ahora las autoridades locales del CSE no han dado respuesta a los ciudadanos que llegan hasta sus oficinas exigiendo la entrega de los documentos de identidad. Las excusas, cuenta Zambrano, van desde el hecho de afirmar que no hay material para la fabricación de cédulas hasta culpar a las autoridades del CSE en Managua.

“Creo que las cédulas están hechas, pero no piensan entregarlas”, afirma esta activista, que ha organizado junto a otros compañeros y ciudadanos plantones frente a las oficinas locales del CSE para exigir la entrega de los documentos. El último fue el 27 de enero, cuando los activistas llegaron a las instalaciones del CSE para exigir que entregaran las cédulas de unos 97 jóvenes que las solicitaron desde 2006 y que, a pesar de contar con las colillas de retiro, las autoridades aún no les entregan los documentos de identidad.

“Los principales afectados son los jóvenes, no están entregando las cédulas a los jóvenes. El delegado departamental del CSE no da respuesta. Pero las alcaldías sí están entregando cédulas a los simpatizantes del FSLN”, dijo Zambrano.

La activista explicó que miembros de los controvertidos Consejos del Poder Ciudadano recorren los barrios de la cabecera departamental de Nueva Segovia repartiendo cédulas a quienes consideran partidarios del Frente Sandinista, mientras que en el municipio de Jalapa algunos ciudadanos han denunciado que activistas del FSLN les han ofrecido carnés del partido oficialista a cambio de ayudarlos para sacar su cédula. En otras partes, continúo Zambrano, hasta cobran 20 córdobas por los trámites.

La activista informó que en los 12 municipios de este departamento norteño han registrado irregularidades en el proceso de cedulación de la población. En el municipio de San Fernando, por ejemplo, registraron siete casos de jóvenes de jóvenes a quienes les han cambiado el apellido al emitir sus partidas de nacimiento, lo que les genera problemas a la hora de solicitar sus cédulas porque su información personal no coincide con los registros del CSE.

“Estas irregularidades, la retención de las cédulas, son la mejor manera de garantizar el fraude”, dijo Zambrano. La preocupación está puesta en las elecciones de noviembre y cuando aún hay centenares de miles de nicaragüenses que no cuentan con documentos de identidad para votar, ya sea porque no los han solicitado o porque el CSE no les ha hecho entrega. “Ejercemos presión, pero esto va a seguir igual”, dijo Zambrano. “Desde 2008 no dan respuesta, sobre todo a los jóvenes, que se quedan sin cédulas y no podrán votar”, agregó.

Un país sin cédula

La cedulación ha sido el principal problema del Consejo Electoral desde 1993, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Identificación Ciudadana que ordena al CSE emitir cédulas a todos los ciudadanos en edad de ejercer su derecho al voto. Desde siempre ha sido un proceso lento y complejo, cargado de anomalías y más recientemente usado como instrumento de beneficio político-electoral para los partidos que ejercer control sobre el Consejo, organización altamente politizada y cuya imparcialidad y capacidad técnica ha quedado en entredicho desde los comicios de 2008, empañados por las denuncias de fraude gigantesco.

En las elecciones de 1990 la población votó con una libreta cívica-electoral que tres años más tarde dio paso a la cédula. Hasta entonces, Nicaragua y Haití eran los únicos países del continente que carecían de un documento de identidad. La nueva reglamentación nicaragüense creaba una Comisión Nacional de Cedulación, compuesta por cinco representantes de partidos con personería jurídica, que debería garantizar el proceso de cedulación permanente de la población. En la práctica, esta función nunca se cumplió.

Dionisio Palacios fue durante cinco años director de cedulación del CSE, por lo que conoce a dedo los obstáculos técnicos y políticos que han impedido el cumplimiento del proceso de cedulación ciudadana. Palacios dijo que la Comisión Nacional de Cedulación sólo funcionó a cabalidad durante seis meses o un año aprobando las solicitudes de cédulas, ya que una orden del Ministerio de Hacienda prohibió el pago de 10 mil córdobas en viáticos más combustibles que se les pagaban a los miembros de la comisión, dado que para Hacienda no eran considerados empleados públicos, sino representantes de organizaciones políticas.

“Por falta de respaldo legal se quitó el viático, lo que hice que los representantes de algunos partidos dejaran de acudir a las reuniones de la comisión”, dijo Palacios. “Sólo quedaron los representantes del FSLN y el PLC, que son los únicos partidos que a la fecha tienen representación en esta comisión. La representación multipartidaria le daba equilibrio, supervisión  y evaluación al proceso de cedulación, lo que se perdió una vez que desaparecieron los representantes de partidos políticos”, agregó Palacios.

Hasta el año 2000, el CSE había abierto en todo el país 152 oficinas de cedulación, lo que facilitaba a los habitantes de zonas rurales hacer los trámites en las cabeceras departamentales y permitía mantener actualizado el proceso de cedulación. Sin embargo, Palacios explicó que para 2005, debido a problemas económicos registrados en el CSE, se ordenó el cierre de la mayoría de oficinas, reduciéndose el proceso de cedulación a algunas cabeceras departamentales y en la sede central de Managua.

“Esto marca una decadencia”, explicó Palacios. “Todo lo que se había logrado en cedulación prácticamente se retrocedió”, dijo. A ese estancamiento se sumó una reforma electoral votada en 2005, en la que se estableció que a los Consejos Electorales Departamentales, que en la ley de 1993 cesaban su trabajo tan pronto tomaban posesión las nuevas autoridades, porque son organizaciones de carácter político y no técnico; se le otorgaban facultades de cedulación. “Esas funciones se las asignaron para garantizar la permanencia de esas estructuras políticas. Ahí empieza el descalabro, la decadencia de la cedulación. La cedulación dejó de ser una función técnica, cívica, para convertirse en un proceso político selectivo”, dijo Palacios.

“De repente eso comenzó a ser manejado por un partido político, el partido de Gobierno, y se empezó a otorgar cédulas en una forma sutil de agilizar el proceso de cedulación a los que son de un determinado partido y a los demás no sólo se les retrasaba el expediente, sino que se le perdía. Es ahí que el proceso de cedulación no se hizo ya como una obligación del Estado de entregar un documento de identidad nacional, sino como una función política del partido de Gobierno para identificar a sus simpatizantes y prepararlos para las votaciones”, agregó el ex director de cedulación.

Jóvenes los más afectados

*“Desde 2005 y hasta la fecha, con todas las oficinas de cedulación cerradas, no sabemos cuántos de los ciudadanos que han cumplido los 16 años, y que no pertenecen al partido de Gobierno, han logrado obtener su cédula”,

El estancamiento en el proceso de cedulación afecta en Nicaragua principalmente a los jóvenes. Se estima que en el país cada año 200 mil personas cumplen 16 años, es decir, la edad necesaria para obtener su documento de identidad. En general, muchos jóvenes desconocen el proceso para la solicitud de la cédula, y en algunos casos dejan pasar el tiempo ya sea por falta de interés o ignorancia. Parte de la culpa la tienen las autoridades del CSE, que no mantienen una campaña continua de información a la población, principalmente a los más jóvenes. Hasta ahora han sido los partidos políticos más beligerantes (como el FSLN o el PLC) los que han acompañado a sus simpatizantes en el proceso de cedulación.

José Manuel tiene 15 años y en octubre cumple 16. En teoría podría votar en las elecciones del 6 de noviembre, pero no tiene cédula. El viernes pasado fue a las oficinas del CSE en el barrio Villa Libertad de Managua, una minúscula y asfixiante oficina ubicada a un lado de la delegación de la Alcaldía municipal de la zona, atendida por dos jóvenes aburridos por la falta de trabajo. El viernes, no había filas de ciudadanos haciendo gestiones, por lo que los funcionarios mataban las horas conversando. “Así está siempre”, dijo uno, “la gente casi no viene”.

José Manuel no sabía qué documentos iba a necesitar. No llevaba nada más queuna copia de su partida de nacimiento y pensaba que necesitaba de la presencia de dos adultos para hacer la gestión. El funcionario que lo atendió le dijo con más cansancio que interés que la solicitud de cédulas se hace tres meses antes de cumplir los 16 años, y que una vez iniciado el proceso, el CSE se tardaría siete meses en entregar el documento de identidad. “¡Siete meses!”, respondió José Manuel con un silbido. “Sí”, fue la única respuesta del funcionario.

-¿Entonces no podré votar?- preguntó el muchacho asombrado.

-No, no vas a poder- le respondió el funcionario.

Éste le dijo que regresa en la fecha que le había señalado con anterioridad, y que llevara con él dos fotos tamaño carné, la partida de nacimiento original, el diploma de sexto grado de primaria y dos fotocopias de las cédulas de su padres. Y si José Manuel tiene suerte, en febrero de 2012 podría tener cédula. O, en el peor de los casos, correr la misma suerte de las decenas de jóvenes que, a pesar de haber solicitado su documento de identidad, aún no cuentan con él, como los casos denunciados en Nueva Segovia.

Dionisio Palacios recordó que hasta 2005 en el país se habían entregado aproximadamente 2 millones 870 mil cédulas, pero desde entonces se desconoce a ciencia cierta cuánto ha crecido ese número. El ex funcionario acusa al CSE de manejar el proceso de forma ineficiente y bajo estricto secretismo. “Desde 2005 y hasta la fecha, con todas las oficinas de cedulación cerradas, no sabemos cuántos de los ciudadanos que han cumplido los 16 años, y que no pertenecen al partido de Gobierno, han logrado obtener su cédula”, dijo Palacios.

Calendario imposible para cedulación

*Solo quedan 48 días a nivel nacional para cedular a todo la población que tienen cédulas sin solicitar

A la ineficiencia en el proceso de cedulación, este experto suma la deficiencia que muestra el Calendario Electoral presentado en octubre pasado por las autoridades del CSE, que marca las fechas para la cedulación y verificación del padrón electoral. Palacios aseguró que es imposible, con las fechas impuestas por el CSE, que se cumpla con el proceso de cedulación de cara a los comicios del 6 de noviembre.

“El CSE tiene que cerrar la cedulación 90 días antes de la elección, es decir, el 8 de agosto. Las oficinas municipales van a funcionar hasta el 20 de junio, que es cuando toman posesión los consejos electorales regionales. Es decir que en la práctica quedan 48 días a nivel nacional para cedular a todo la población que tienen cédulas sin solicitar, cuando ese proceso debería ser permanente.  Eso pasa porque han sometido el proceso de cedulación a las estructuras políticas. El CSE debería haber abierto oficinas en cada municipio para cedular a la población desde antes de convocar a elecciones. En 48 días no van poder entregar las cédulas a todos los ciudadanos que no la tienen”, explicó Palacios, que calcula en 800 mil las personas que necesitan su documento de identidad.

Palacios dijo que un elemento fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral es la depuración del Padrón Electoral, lo que según él no se hace desde 1993. Es decir, que hay que sacar del padrón a todos los fallecidos, a quienes no residen en el país, a quienes han recibido condenas judiciales y perdieron sus derechos políticos. “Con este calendario parece que se entiende la verificación electoral como depuración del padrón electoral, y no es así. La verificación electoral lo único que le permite al ciudadano es rectificar su dirección”, dijo Palacios.

Este experto asegura que el Padrón Electoral actual está “sobrecargado”. “Ahora debe andar por un  poco más de los cuatro millones de ciudadanos, pero efectivamente no llega a los tres millones. Un padrón depurado podría andar aproximadamente en los 2 millones 900 mil ciudadanos. Es un Padrón Electoral bien sucio”, explicó.

Otra preocupación de Palacios es la acreditación de fiscales, que no se contempla en el actual calendario electoral. “Este calendario ni siquiera menciona al fiscal. Habrá que poner ojo sobre qué va a pasar con los fiscales. La ley dice que desde que el CSE convoca a la elección, que fue desde el año pasado, los partidos políticos están autorizados para presentar sus fiscales. Es bien peligroso que se quede en silencio la acreditación de los fiscales”, explicó el experto.

Hasta ahora el CSE no ha facilitado másinformación sobre el proceso electoral, nada más que el Calendario Electoral publicado en La Gaceta. Para Palacios, las deficiencias encontradas en ese calendario son un mal augurio para las elecciones de noviembre. Palacios, como la activista de Nueva Segovia, Graciela Zambrano, teme un nuevo fraude electoral en las elecciones presidenciales.

“Creo que si usted suma todas estas cosas puede sacar las conclusiones de la próxima elección. Todos estos vacíos pueden dar pie a otro fraude”, aseguró el ex funcionario del Consejo Electoral.