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Más que un ente facilitador, el Estado de Nicaragua es, desde hace muchos años, una fuente de obstáculos y barreras administrativas que atrasan a los ciudadanos y elevan los costos de operación de las empresas, dejando abierta la puerta a la corrupción, sea que se trate de conseguir un permiso, obtener una licencia o registrar una empresa.

Aunque tal carencia no es exclusiva de esta administración, el problema se agrava cuando la política entra en la ecuación, como ocurre a los ciudadanos que no pueden obtener una cédula si no son simpatizantes del partido, o incluso como le sucede a El Nuevo Diario, que enfrenta trabas burocráticas por parte de la DGA, en represalia por los artículos en los que se reflejan las quejas contra el Director de Ingresos, Walter Porras.

Con política o sin política, los emprendedores nicaragüenses se ven empantanados por un sistema que parece diseñado para no dejarles avanzar, o hacerlo de la forma más lenta, cara y penosa posible, como puede decirlo Ángela Hernández, que produce y vende queso en León, o Diana Castro, que para mantener a flote su negocio de ropa deportiva, ha tenido que batallar contra funcionarios que interpretan la ley a su antojo.

Un experto en el tema consultado por Confidencial, que ha disenado proyectos para tratar de reducir la burocracia gubernamental, opinó que “los estados de izquierda son normalmente humanistas y tienen ideales que los llevan a garantizar salud y educación a sus ciudadanos, hasta que su socialismo se vuelve populismo”.

Entonces “se pierde el sentido que tenían, y comienza a ocurrir como en Nicaragua, que el gobierno envía temprano a los trabajadores a sus casas, porque da igual, no importa qué hagan, porque igual no hacen nada”.

“Cuando Lula llegó al poder en Brasil, una de las primeras cosas que hizo fue enfrentar la burocracia y poner a trabajar a los empleados públicos, pero aquí el Estado es cada vez más grande, porque el FSLN ha reemplazado a la gente capacitada y ampliado la nómina con personal que es leal al partido”, lo que disminuye la eficiencia estatal.

Varios intentos con poco éxito

La fuente recordó que “durante los gobiernos anteriores hubo intentos de modernizar la función pública, pero los estados populistas –como el nicaragüense- son talibanes, retrógrados, partidarios del no movimiento. Tienen misión pero no visión”.

El ahora consultor independiente, Julio César Bendaña, conoce varios de esos intentos modernizadores, porque él estuvo inmerso en varios de ellos de distinta forma.

“La tramitología o simplificación administrativa es un esfuerzo que se ha vivido muchas veces en Nicaragua. Por lo menos desde el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, 1990 - 1997 se ha estado trabajando en esto”, recalcó, explicando que hay “avances, flujo y reflujo, porque algunos gobiernos –como el de Enrique Bolaños- se lo tomaron más en serio que otros”.

Sus recuerdos van hasta 1990, cuando se creó una ‘unidad especial de desregulación’ en el Ministerio de Economía, con personal nicaragüense y asistencia técnica de la GTZ para lograr la simplificación de trámites en el ámbito de la gestión empresarial en toda la administración pública: gobierno central, más los gobiernos municipales, la Corte Suprema de Justicia, las empresas estatales, etc.

“Siempre se pensó que había que cambiar el énfasis que tiene la cultura de nuestra administración pública, que está basada en la desconfianza del administrador sobre el administrado, por lo que piensa de entrada que le está mintiendo, y le obliga a demostrar con papeles que lo que dice es verdad”, valoró Bendaña.

Explicó que “en los países desarrollados opera al revés: la administración pública funciona sobre el principio de plena confianza sobre el administrado. Espera que éste le diga toda la verdad, y por eso no le pide tantas copias y comprobantes, y si miente, se le aplican sanciones durísimas, porque tiene sus mecanismos de fiscalización para corroborar la información recibida”.

En Nicaragua por el contrario, “te piden a la vez tu cédula y tu partida de nacimiento”, dijo a modo de ejemplo.

En un caso similar, cuando un ciudadano llega a las oficinas de Migración a sacar otro pasaporte, tiene que volver a llevar todos los papeles que entregó cuando sacó su documento de viaje anterior, a pesar que se supone que éstos deberían estar archivados en alguna parte de esa entidad.

Situaciones como las referidas anteriormente “propician la corrupción y crean la oportunidad para que los funcionarios de menor jerarquía puedan pedir coimas, pero el mayor perjuicio lo sufren las pequeñas empresas, que se ven obligadas a hacer un gasto adicional que a veces no pueden financiar”, añadió.

Estudio tras estudio, para no cambiar nada

A pesar de las situaciones descritas, Bendaña opina que se han hecho avances.

“La Ventanilla Unica de Inversiones (VUI), y otros esfuerzos similares, han servido para mejorar, principalmente en las entidades que están más relacionadas con la atención a las empresas, pero en menor grado en las instituciones y organismos que están relacionados con las personas, como Migración, y el Registro”, aseguró.

Otras fuentes consideran que “la VUI fue un supermercado de lo mismo, que no redujo, sino que sólo concentró la burocracia”.

En ese mismo orden, recordó que la iniciativa de crear lo que se conoce como ServiGo preveía la creación de varias entidades similares en la capital, pero también en varios puntos de la geografía nacional, para facilitar la realización de trámites de la ciudadanía, pero al final se quedó en uno solo, sin que se hiciera nada para simplificar los requisitos que se le exigen a los usuarios.

“Se hizo un análisis para evaluar los trámites que iban a atender, y los procedimientos a cumplir para ofrecer cada uno de ellos. Incluso, se estudió cuáles se podían atender in situ, cuáles a distancia, (por correo ordinario o por Internet), cuáles de forma mixta, sea que se tratara de pasaportes, licencias, cédulas o permisos, pero al final no se hizo nada de eso”, y todo sigue igual o peor que antes, lamentó.

En vez de avanzar hacia la facilitación de los trámites, lo que este experto observa es que “hay una competencia entre entidades, y a lo interno de ellas mismas por complicar todo, lo que alimenta la burocracia”, citando como ejemplo el hecho que una empresa debe obtener un número RUC, que es distinto del que le otorga el INSS como empleador, o el que obtiene en el Registro Mercantil o en su respectiva alcaldía.

COSEP: DGA genera más problemas

Junto a los esfuerzos oficiales por reducir la burocracia y ‘agilizar’ la función normativa del Estado, la empresa privada también ha hecho aportes en esa dirección, siendo que cualquier avance que ocurra, la tendría como uno de los principales beneficiados.

Aprovechando la luna de miel que vive el sector privado aglutinado en el COSEP con el gobierno, la cúpula empresarial utilizó la última reunión con el mandatario para pedirle “que este sea un año de facilitación, o sea, que nos den respuesta en todos estos temas”, explicó José Adán Aguerri, presidente del Consejo.

Para ello prepararon un estudio extenso en donde revisaron “institución por institución: MAGFOR, MINSA, Aduana, la DGI, INAFOR, MARENA, INPESCA. Es un trabajo profundo”, que el sector privado espera seguir discutiendo en la siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento, integrada por tres representantes de ambos sectores, prevista inicialmente para esta semana.

Aguerri dijo que en la reunión con el gobierno, se planteó que “la facilitación estuviera en la agenda de este año como una forma de empujar la efectividad, productividad y competitividad del país. Mencionábamos que si somos capaces de responder de manera efectiva a los problemas del sector privado en cuanto a trámites, podemos tener un mayor crecimiento del que está proyectado. De ahí se deriva esta solicitud”, razonó.

Estado haragán

Lograr alguna mejoría palpable que ayude a elevar “la efectividad, productividad y competitividad del país”, será toda una proeza, a tenor con algunos de los problemas enunciados por Aguerri, comenzando por el de la “capacidad de atención al sector privado por parte del gobierno, cuyas oficinas y dependencias cierran a la 1:00 pm”.

El recorte de la jornada laboral dificulta aún más los de por si ya engorrosos trámites para obtener licencias, avales, permisos o registros en todas las instituciones del Estado, información que está contenida en el documento expuesto a la Comisión de Seguimiento, que refleja “todos los problemas en materia de facilitación de las exportaciones e importaciones, y fue elaborado con apoyo de CARANA”.

Al entrar en más detalles, Aguerri señaló categórico que “la entidad que nos causa más problemas es la DGA, pero también el MAGFOR, y en general todas las instancias de gobierno, aunque unas con mayor intensidad que otras”.

Las razones van desde la interpretación antojadiza que hacen algunos funcionarios, de lo que está escrito en la ley, “mientras que en otros casos es por el proceso de verticalización del gobierno, lo que afecta el desempeño del sector privado”, detalló.

“En la DGA tenemos obstaculización respecto al despacho previo y al despacho posterior en toda la cadena, y eso significa más costo, más tiempo, e incumplir los compromisos establecidos, lo que afecta la productividad del país”, recalcó.

“En el caso del MAGFOR, los permisos de importación que deberían tomar uno o dos días, toman cuatro y hasta más, pero además, tenemos que vencer cadenas de procesos: hay que ir primero a una instancia a sacar un premiso, que es requisito para obtener un segundo permiso, que se necesita para conseguir un tercer documento, con lo que el trámite se lleva al menos tres semanas”, narró.

Además de los ejemplos citados antes, también mencionó al MINSA, “donde hay excesiva discrecionalidad en cuanto a la forma en que se otorgan los registros sanitarios”.

Construcción:  5 normas, 25 leyes, 26 estudios y permisos

El sector de la construcción, y en particular el de los urbanizadores, tiene muchas razones para estar inconforme con el sistema de permisos y autorizaciones establecido para regular sus actividades, entre las que hay cinco tipos de normas: ambientales, técnicas y arquitectónicas, reguladoras, de fomento de la vivienda, y reguladoras  de los servicios básicos.

Entre las normas ambientales, el sector debe cumplir con lo establecido en la Ley General del Medio Ambiente, la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Ley General de Aguas Nacionales, el Sistema de Evaluación Ambiental, el reglamento de permisos, y la evaluación de impacto ambiental, más los respectivos reglamentos de cada una de esas leyes.

El siguiente grupo de ordenanzas establece las normativas a observar en el diseño, dimensionamiento y construcción de viviendas, uso del suelo e infraestructura de acceso, basado en las normas mínimas para el dimensionamiento de desarrollos habitacionales, el reglamento de zonificación y uso del suelo, el de desarrollo urbano, los permisos de construcción, y demás requisitos a presentar en la ventanilla única para la industria de la construcción.

El tercer grupo estipula normas relativas al fomento de la vivienda, con base en la Ley Orgánica del INVUR, el procedimiento para la exoneración del IVA, (cuando se trata de viviendas de interés social), la Ley de Funcionamiento del Fondo Social de Vivienda, y el decreto creador del Consejo Nacional de la Vivienda.

También se regula la prestación y acceso a los servicios básicos, la Ley de Industria Eléctrica, la de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y su reforma, así como la normativa que la regula, más el Reglamento de Servicios al Usuario, el Contrato de Servicios, y los Procedimientos Técnicos para obtener permiso para perforar un pozo

Todo el proceso de autorizaciones para construir una vivienda requiere de hasta dieciocho meses. A modo de ejemplo, se señala que sólo en el proceso de preinversión hay que invertir en la realización de estudios topográficos, geológicos, de suelos, de impacto ambiental, económico y de mercado, además del levantamiento de planos, la investigación hídrica, y las factibilidades.

También hay que diseñar un Plan de Urbanización, un Plan Maestro, las viviendas, los accesos y las obras inducidas (pozos, planta de tratamiento, pozas de infiltración, etc.), así como parques, forestación y jardinería.

En todo el proceso hay que conseguir una serie de permisos institucionales, entre los que destacan los municipales (aprobación del plano de la urbanización, permiso de construcción y ambiental, etc.), los de SINACOI, energía eléctrica, ENACAL, MARENA, ENITEL, aprobación por parte del Catastro, del plano de la urbanización, desmembración y establecimiento de lotes catastrados, etc.

El reto de importar o exportar

A pesar del auge exportador que vive Nicaragua por al menos 13 meses, tratar de colocar un producto en el extranjero sigue siendo un acto heroico, y lo mismo puede decirse de importar cualquier cosa, sea para el consumo interno, o para transformarlo y reexportarlo.

A modo de ejemplo, entre los requisitos para exportar caoba, cedro real, pochote y ceibo en su segunda transformación, hace falta estar registrado como exportador ante la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente de MARENA, y presentar una solicitud por escrito ante la Dirección General de Comercio y Medio Ambiente del MARENA.

Esa solicitud deberá contener el volumen a exportar, la Constancia de Inspección Técnica para la Exportación de Madera del Instituto Nacional Forestal, (INAFOR), que indique claramente la procedencia legal de la madera, señalando que no fue adquirida en contravención con la legislación nacional forestal vigente, y que está soportada en un plan de manejo, debiendo anexar la lista de empaque pertinente y las guías forestales.

Además, hay que presentar en original y copia para su debido cotejo, la factura de venta para exportación debidamente numerada, la orden de trabajo con pie de imprenta fiscal, además de consignar el país de destino, el puerto de salida de Nicaragua, así como el puerto de entrada del país de destino.

Si su giro es la importación, por ejemplo de productos o subproductos de origen vegetal y organismos vivos de uso agrícola, lo que incluye, entre otros, plantas vivas, hortalizas, tubérculos comestibles, o frutas como melones o sandías, incluso café, té o mate, hay toda una serie de satisfacciones que dar al Estado antes de poder recibir nada en la Aduana, (y eso si todo sale bien).

Aquí se aplica La Ley 291, Ley de Salud Animal y Vegetal, que define las entidades que regulan los requisitos para registrar personas y productos; otorgar los permisos requeridos; y controlar el cumplimiento de las regulaciones.

A la par, hay que cumplir la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 11 005-02 que rige la importación de productos y subproductos de origen vegetal y organismos vivos de uso agrícola, y se aplica de manera general a este tipo de productos. La Ley 280, Ley de Producción y Comercio de Semillas, también aplica de manera específica a este tipo de productos.

Finalmente, hay que comprobar si aplica la Resolución No. 175-2006 COMIECO XXXVIII de Marzo 1 del 2007, que exime a muchos productos y subproductos de origen vegetal listados en el Anexo 1, del permiso fitosanitario y certificado fitosanitario de exportación.