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Anteproyecto contempla incluso declararlas de “utilidad pública”

“Ley Talavera”: nueva amenaza a las ONG en Nicaragua

• Propone la creación de un Instituto Regulador cuyo director sería designado por el Presidente de la República.
• Decano Alejandro Aguilar Altamirano opina que “tiene incongruencias con el principio constitucional de libertad de asociación”.
• Diputado Talavera se defiende diciendo que su propósito es crear una “ley moderna”.

Carlos Salinas Maldonado | 25/1/2011
@CSMaldonado

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El diputado Salvador Talavera quiere cambiar la legislación que regula a las ONG y los representantes de organizaciones civiles lo ven con recelo. Talavera preparó un nuevo reglamento, conocido ya como “Ley Talavera”, que entre otras cosas ordena la creación de un instituto regulador de ONG cuyo director deberá ser nombrado por el Presidente de la República, lo que genera suspicacias en un país donde el Ejecutivo siempre ha pretendido controlar a las organizaciones civiles.

La “Ley Talavera” (su nombre es Ley de Personas Jurídicas sin fines de lucro), ya fue sometida a discusión en la Comisión de Paz, Defensa y Gobernabilidad de la Asamblea Nacional, aunque organizaciones civiles han exigido a su impulsor ampliar el proceso de consultas de este reglamento para evitar que se convierta en un arma política en su contra.

Talavera, quien vota en plenario como diputado independiente, se ha mostrado anuente a estas discusiones, mientras asegura que la ley no ha sido creada para desatar una cacería de brujas contra las organizaciones. “Nunca fue mi intención perseguir a las ONG. Entiendo que exista nerviosismo”, dijo el diputado en entrevista con Confidencial.

“La idea surgió a raíz de que he percibido que los gobiernos utilizan la enorme discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo en el tema del otorgamiento, sanciones, penalidades a las ONG. Los gobiernos lo hacen para premiar o castigar a las ONG en dependencia de sus posiciones críticas o la percepción de amenaza que tenga el partido de gobierno”, explicó Talavera.

“Mi sentir fue presentar una ley que fuese moderna, que le quitara al Poder Ejecutivo las discrecionalidades que tenía y que hasta se ha creado una especie de mafia organizada. Los abusos que se comenten poniendo multas a cada rato a las ONG me parece que están provocando un negocio redondo con el que se generan enormes cantidades de ingresos al Ministerio de Gobernación”, agregó el diputado.

Sin embargo, el texto de la iniciativa de ley sigue despertando inquietudes en la sociedad civil. El artículo 18 de la iniciativa establece la creación del llamado Instituto de Registro y Control de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). La iniciativa de ley establece que esta entidad autónoma “llevará el registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro, donde deberán inscribirse todas las entidades jurídicas establecidas en el país”. Las ONG, una vez registradas en el Instituto, recibirán un “número identificativo perpetuo” que deberá ser usado en todas sus documentaciones.

Esta entidad autónoma estará regida por un director designado por el Presidente de la República y asesorado por un consejo integrado por representantes de ONG. Es este punto el que inquieta a las organizaciones civiles, que temen un sistema de premio y castigo manejado desde el Ejecutivo.

“Es muy positivo que exista una autoridad que tenga carácter autónomo”, dijo Alejandro Aguilar Altamirano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAM, pero “no valoramos positivo que el director de ese instituto sea nombrado por el Presidente por el tema de los equilibrios democráticos necesarios en un régimen de libertades”.

Aguilar Altamirano dijo que la iniciativa debería establecer otro tipo de mecanismos para elegir al director del nuevo ente regulador, y así evitar un mayor control del Ejecutivo sobre una organización que aparentemente sería autónoma. “Tampoco debería haber discrecionalidad en el nombramiento de consejeros y debería haber un inventario completo de competencias y facultades que tendrá ese organismo”, dijo el catedrático.

Talavera explicó si bien la iniciativa de ley pretende quitar suspicacias al Ejecutivo sobre la regulación de ONG, con la nueva ley tampoco se pretende aislar a ese Poder del Estado. “No se puede aislar del todo al sector gobierno, porque un sinnúmero de ONG también trabajan con recursos estatales y muchas de las donaciones vienen amarradas con fondos que pasan por el Presupuesto General República. La idea no es excluir al Gobierno, si no limitar sus funciones y que la ley sea lo más clara posible”, dijo Talavera.

ONG de utilidad pública

Las organizaciones civiles también han expresado su desacuerdo con los artículos 11 y 12 de la iniciativa de ley, que establecen la posibilidad de declarar de utilidad pública a ONG cuyos “objetivos de interés social incidan de manera notable en determinados sectores humanos”.

Según el artículo 11 de la iniciativa, las organizaciones que adquieran esa categoría “podrán recibir fondos públicos y deberán de ser consultadas por los gobiernos locales a fin de compatibilizar las áreas de desarrollo de su interés con las de las municipalidades”. En este punto, representantes de ONG afirmaron ver la posibilidad de intromisión de las autoridades locales en el trabajo de las organizaciones civiles.

El artículo 12 de la “Ley Talavera” es igual de controvertido. Éste establece que “cuando los Proyectos de Desarrollo de una Asociación u Organismo no Gubernamental de Desarrollo, alcancen un monto de Cien Mil dólares o más, su carácter de utilidad pública será declarado de oficio”. Al ser tan ambigua la redacción de la iniciativa, las ONG temen que esta reglamentación puede ser usada de forma discrecional.

“Yo quiero creer que eso es ingenuidad de parte de la persona que lo escribió. Intentar cualquier tipo de declaratoria de utilidad pública de una organización es violatorio al derecho fundamental de protección al derecho de propiedad, porque los bienes de una asociación sin fines de lucro no pueden ser ocupados de ninguna manera ni declarados de utilidad pública de forma injustificada por el Estado”, explicó el doctor Aguilar Altamirano, quien ha estudiado a profundidad la iniciativa del diputado Talavera. Entre las recomendaciones que sobre la iniciativa ha hecho Aguilar Altamirano, está la de no aplicar el concepto de “declaratoria de utilidad pública”.

Talavera defendió este punto de su iniciativa afirmando que la tomó del Derecho comparado, de otras iniciativas similares de países como España o Guatemala. Según el diputado, el trasfondo de los artículos 11 y 12 es que cuando una organización no plantea en sus estatutos lo que ocurrirá con los bienes o fondos una vez que la ONG se disuelva, éstos podrán ser declarados de utilidad pública para evitar malos manejos de esos bienes. Sin embargo, esta incomprensible explicación del diputado tampoco está establecida en el texto presentado a las ONG.

“Es una propuesta de discusión. He sido muy claro, les dije que es una propuesta. Hasta se detuvo la consulta (de la iniciativa) para dar tiempo que las ONG se pongan de acuerdo y hagan una sola propuesta”, dijo Talavera.

Una cuestión de libertad

El decano Aguilar Altamirano cree que la iniciativa que impulsa el diputado Talavera debería ser reconsiderada. El catedrático dijo que algunas ONG piensan que este no es el mejor momento para someter a aprobación un reglamento de este tipo, dado las “fricciones y tirantez” entre el Ejecutivo de Daniel Ortega y algunas organizaciones civiles.

“La propuesta la presentaba con la intención de mejorar sustancialmente la regulación en materia de asociaciones. Lo que sucede es que la propuesta técnicamente tiene una gran cantidad de asuntos que deberían ser reconsiderados”, dijo. “El eje fundamental de análisis es que las autoridades de nuestro país tienen que comprender que en Nicaragua existe desde 1987 un principio fundamental reconocido en la Constitución y que está íntimamente asociado a un principio fundamental de la nación nicaragüense, que es la libertad”, explicó.

Para Aguilar Altamirano, la propuesta del diputado Talavera “tiene incongruencias con el principio constitucional de libertad de asociación”. Según el catedrático, “el derecho de asociación en Nicaragua no tiene restricciones constitucionales en Nicaragua, las únicas restricciones que existen son de orden penal. Es decir, que no importa con qué fin se organizan los ciudadanos, si es un fin lícito, aunque me parezca que va en contra de mi ideología; eso es irrelevante para el ejercicio del derecho”.

El doctor Aguilar Altamirano dijo que las ONG con las que se ha reunido no se oponen a una regulación, pero advirtió que el Estado  “debe hacerlo con mucho cuidado” y “sin restringir de ninguna manera la libertad de asociación del ciudadano”. La realidad, sin embargo, hace que los representantes de organizaciones civiles levanten las cejas cuando un diputado nacional anuncia una ley para regular a las ONG.

Comentarios

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jeannette figueroa

quiero saber todo sobre esta ley 147 de las personas sin fines de lucro

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Sociologos Socialistas Solidarios (SSS)

La estupidez del poder es el reflejo de la personalidad. Un funcionario con pobre imagen no es de pensamiento propio alguno...lo mas increíble es que es graduado sociólogo de la UCA, de la buena camada de sociologos, este tipo....esta creando esta gran aberración humana que solo la iglesia cuando quemaba a los bruj@s...
Es la mente que no maquina buenas cosas solo maldad al prójimo, esa es una muestra de? Solidaridad, Cristianismo, creo que es la parte socialista no la solidaria-cristiana...es que son tan diversas las consignas que se combinan dinámicamente dependiendo de la aberración que se pretende cubrir o justificar...

6
Cantante

Este borrador lo escribio el ya famosisimo y celebre Valdrack Jaenchtke, Viceministro de Cooperación.

A el y Talavera los une una larga amistad desde que Valdrack fue el director de un centro en el que Talavera era el miembro del consejo directivo. Ambos saben (y la AID tambien) como hicieron varios "negocios" ahi. Luego han venido haciendo otros negocios. Asi que desde ese entonces la relacion ha tenido sus altos y bajos, pero siempre de beneficio.

El documento fue redactado en las oficina de Valdrack en Cancilleria y patrocinado luego por Talavera, que independiente no es. Talavera tambien se ha beneficiado de los fondos Ortega. Esta es una manera sencilla de pagar los favores.

5
Ramón Flores

Pareciera que el diputado Talavera está descubriendo el agua tibia, desde hace varios años existen diversos proyectos de reforma a la Ley 147, pero cada intento de reforma a chocado con la voluntad del ejecutivo, tanto del actual como del que encabezó Arnlodo Alemán, que en ambos casos tienen su propio interés en el control político-partidario de los fondos que canalizan la ONG's, de tal manera que por el momento no existe el mejor clima para intentar reformar la Ley 147. Lo que debemos estar claros todos es que lo mas importante no es la reforma a dicha ley, sino que la misma se cumpla con profesionalismo por parte del órgano regulador, esto significa que el director de turno evite los abusos y que tampoco abuse, o sea, que sea lo que la ley manda: un facilitador de este derecho costitucional, en país donde el Estado tiene una limitada presencia y cobertura de servicios en muchas comunidades del territorio nacional.

4
El Pirata del Caribe sin inscriir su estatus civil en El Nuevo Diario.

Mientras el pueblo camina en la inmundicia de la ignorancia sera como la edad media. Puede pasar frente a sus ojos la injusticia y crueldad y no lo podrán entender... lo que los intelectuales tienen que hacer es ponerle anteojos al pueblo para que pueda leer, mientras tanto con bolsas de comida y botellas de aceite
vuelven como la chicha y el nacatamal
se olvidan del mañana,
del orden,
la ley
y la integridad humana.
La pobreza es un problema no solo económico, es filosófico, político, espiritual y estudiarla y preocuparse por ella es como vivir al borde de la locura o el abismo. Porque entre mas te acercar te das cuenta que no es de dar dinero. Es de trabajo que dignifique al ser humano as su familia.

3
Nòmada

¿No existe acaso ya una Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro (ley 147)?
¿Por qué no, en primera instancia, reformar ésta?

Lo único que generará una ley así, además de la persecución gubernamental a la sociedad civil, es crear conflictos interjurídicos entre ambas leyes...

2
antonio

no veo conveniente, creo que si debe de existir auditoria.. por que lo veo necesario... pero el gobierno en estos momentos no creo que tenga la capacidad para institucionaliizar por decirlo asi.. las ONGs.. seria una alternativa ilogica... con esto podria provocar, algunos situaciones que desncadenarian efecntos secundarios no gratos...

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Ligia

La Contraloría General de la Republica seria el organismo ideal para controlar a los ONG. Si controlar, por que cuando se maneja dinero del pueblo o solicitado a nombre del mismo, de existir control. En USA controlan a las ONG a través del FBI y el Tribunal de ingresos; en ese país la principal función de los "no lucrativos" es evadir impuestos, en el mejor de los casos. Todas las corporaciones tienen su ONG’ la Kellogg; la Ford; la Rockefeller y un larguísimo etc., todas de ayuda al desarrollo. Se puede escribir un libro con las funciones y participaciones de esta cobertura de penetración. Muchas ONG nacionales también cumplen su papel de atracadores que viven muy bien a costillas del pueblo y que son “embudos” para canalizar fondos con propósitos políticos.

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