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Oposición presionada para inscribirse ya

“Hora cero” de elecciones en marzo

* CSE adelanta inscripción de partidos, alianzas y candidaturas

* Artículo 147 de la Constitución prohibe la candidatura de Ortega

* CSE deberá pronunciarse sobre legalidad de reelección el 4 de abril

Carlos Salinas Maldonado | 13/1/2011
@CSMaldonado

Los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) pusieron a andar el reloj electoral con el tiempo ajustado para los partidos políticos interesados en participar en las elecciones presidenciales de este año, previstas para el seis de noviembre, pero con el acorde adecuado a los intereses de un oficialismo interesado en apurar la candidatura del actual presidente Daniel Ortega. Marzo es el mes clave para desatar el nudo político que significa la posibilidad de reelección de Ortega, cuya candidatura se ve imposibilitada por doble candado constitucional, o desencadenar una nueva crisis, que hunda más la credibilidad del órgano electoral.

El CSE publicó en  La Gaceta el calendario electoral para el proceso de 2011. Ese calendario, aprobado por los magistrados de facto, establece marzo como mes clave para registrar alianzas políticas, presentar e inscribir candidatos presidenciales y a diputados, así como impugnar esas candidaturas. Ese proceso, en el calendario electoral de las elecciones generales de 2006, se llevó a cabo en el mes de junio, por lo que esta vez el CSE adelantó tres meses, lo que supone una presión extra a partidos políticos que aún no se ponen de acuerdo en cuanto a candidatos y formación de alianzas.

Para expertos en temas electorales, las fechas presentadas por el CSE en el calendario electoral para la inscripción de candidatos, se deben al uso discrecional que los magistrados hacen de la Ley Electoral, que no específica fechas ni periodos para esta actividad. De hecho, el artículo 83 de dicha Ley ordena al CSE fijar en el calendario electoral, a su discreción, el período hábil para la inscripción de candidatos, y los partidos políticos sólo “podrán sustituir sus candidatos en una, varias o todas las circunscripciones en el período señalado o en la prórroga que les conceda el Consejo Supremo Electoral”.

Para Harry Chávez, experto en asuntos electorales del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el adelanto en el proceso de inscripción de candidaturas hasta ocho meses antes de las elecciones, es una forma de presión por parte del órgano electoral, para que los partidos políticos “definan ya sus candidaturas y alianzas”, poniendo en aprietos a sectores de la oposición inmersos en negociaciones para formar un gran movimiento electoral que debería aglutinar a la mayor cantidad de agrupaciones políticas para enfrentarse al candidato del FSLN. Hasta ahora, esas aspiraciones parecen encaminadas al fracaso.

De hecho, políticos opositores ven el apuro del CSE como una forma de presión que permita aclararle el panorama político al FSLN. “Habiendo participado en las elecciones de 2006, habiendo sido jefe de campaña en las elecciones de 2001, veo que este calendario electoral es totalmente absurdo, es empujado para chantajear, para debilitar a unos y fortalecer a otros. No vemos por qué se tiene que escoger en marzo a candidatos y los diputados hasta en junio”, dijo el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, principal impulsor de la candidatura del empresario radial Fabio Gadea Mantilla, por quien renunció a sus aspiraciones presidenciales.

Gadea hasta ahora no se ha podido convertir en el candidato de la unidad que aspiraba hacer, encabezando un gran bloque opositor, mientras que las encuestas hasta ahora le dan una baja intención de votos. Un sondeo de M&R Consultores publicado en diciembre, mostraba que el 21% de los encuestados estaban dispuestos a votar por Gadea, frente al 43% que marcó el presidente Ortega.

El candado constitucional

Sin embargo, Ortega tendrá aún que romper el doble candado que le impone la Constitución a su virtual candidatura. La Constitución es clara y no se presta a interpretaciones en su artículo 147, el que el Presidente en su momento aspiró a reformar sin conseguir el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional, a pesar de su gran  influencia en la Junta Directiva de ese poder del Estado.

Ese artículo constitucional establece que no podrá ser candidato a Presidente o Vicepresidente de la República “el  que ejerce o hubiera ejercido en propiedad la Presidencia en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Ortega ya fue presidente en 1984, por lo que está en su segundo periodo presidencial, lo que lo inhibe como candidato.

Tras ver fracasadas sus aspiraciones de reformar la Constitución y agobiado por la necesidad de legitimar su candidatura, el Presidente acudió a la Corte Suprema de Justicia, controlada por su partido FSLN, para que le confeccionara, cual sastre inglés, una resolución a la medida de sus aspiraciones.

Una Sala Constitucional irregularmente constituida trabajó horas extras para confeccionar el fallo, que contó con el visto bueno de una Corte Plena compuesta también de forma irregular: cinco magistrados y ex magistrados de tendencia sandinista se autoconvocaron, junto con jueces sustitutos, y ratificaron la sentencia que declara inaplicable para Ortega el artículo constitucional 147, reformando de hecho  la Constitución.

Sin embargo, esa reforma parece no convencer al Presidente, seguro que con ella no logra la legitimidad ansiada. El problema es que hasta el momento Ortega no cuenta con otra salida más que aferrarse a ese fallo y al control que ejerce en el Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano que deberá resolver si su candidatura, la sexta en la larga historia política del caudillo, es legal o no. Esa decisión definirá, además, si el tan criticado órgano electoral, cuyos magistrados son señalados de organizar un mega fraude en las elecciones de 2008, cuenta aún con un resquicio de independencia. O bien, sumirá al país es una nueva y profunda crisis política.

El 4 de abril

Según el calendario electoral publicado en La Gaceta por el CSE, a finales de marzo los partidos políticos podrán impugnar las candidaturas que consideren no cumplen con requisitos de ley, acción establecida en el artículo 85 de la Ley Electoral. El 4 de abril, el CSE deberá resolver sobre estas impugnaciones, incluyendo si en ellas se incluye la candidatura de Ortega. Eso, a pesar de que el presidente del CSE, el ex magistrado electoral Roberto Rivas, afirmó el año pasado que la candidatura de Ortega está escrita en piedra tras el cuestionado fallo del Supremo.

“El presidente no puede ser candidato por ningún partido, a menos que se en violación a la Constitución. El CSE, de oficio, no puede aceptar la candidatura, porque va contra la Constitución”, afirmó la doctora Rosa Marina Zeleya, ex presidenta del CSE. Según Zelaya, un CSE que “se respete a sí mismo, a su reglamento y a la Constitución”, tiene que pronunciarse sobre aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos de ley.

La candidatura de Ortega no es lo único que carece de legitimidad en este proceso electoral.  A la ex presidenta del CSE le preocupa, además, que el proceso arranque bajo la organización de un poder compuesto por magistrados de facto que se mantienen en  sus cargos amparados por el cuestionado decreto 3-2010 que hace un año emitió Ortega, el llamado “decretazo”, lo que a juicio de Zelaya podría poner en crisis el proceso democrático.

La Asamblea Nacional iniciará sus sesiones este 10 de enero, en  una nueva legislatura que deberá resolver el embrollo generado por el decretazo de Ortega. Hasta ahora no hay un acuerdo sobre la elección de los magistrados y ni siquiera hay negociaciones, como confirmó el diputado Eduardo Montealegre.

“Es un hecho inédito. Creo que en ninguna otra parte se da el hecho de que autoridades que no son administren un proceso electoral. El resultado de las elecciones sería perfectamente impugnable si son organizadas por autoridades que no son”, explicó la doctora Zelaya.

Comentarios

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luis rodriguez

Si yo me le robo la casa a alguien y este despues me la regala deja de ser robo???

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Samuel

No soy abogado ni mucho menos constituciolista,de esto que Dios me libre ,pues en buena medida estos son los autores del chancho en miel que hay en Nicaragua en materia electoral.Tampoco,los periodistas que abordan esta materia,que no se hagan ilusiones de creer que le dan a los lectores atol con el dedo.Ni el gobierno ni la oposicion,nunca tomaros iniciativa para elegir a los que tan alegremente llaman de facto. La oposicion en toda su extencion, y aqui hay que recordar que Wilfredo,Maximino,Quinonez,Eduardo,etc, hicieron todo los esfuersos para impedir elecciones ,recurriendo a legalismos ,de tal suerte que el Parlamento casi paso todo el ano en paro laboral. No hay duda que el proposito era paralizar al gobierno e impedir su funcionamiento.Algo asi como dejar al paciente en el quirofano medio operado,porque los medicos van a una protesta salarial..Entonces hay que preguntar si fue legal el decretazo para impedir la paralices o no ? Es legal o no la resolucion de la CSJ de declarar nulo el articulo 147 ,cuando los magistrado decidentes regresan a su trabajo y con ello apruevan lo actuado por ordenes de Aleman.? Si Ortega irrespeto la Constitucion,tambie los muchachos de Aleman hicieron lo suyo. Seamos inteligente al criticar,pues la ultima filigrana de la "oposicion" fue en la eleccion del directorio del Parlamento. Ya todos hicieron calculo sobre lo que significan 5000 dolares mensuales mas otras extras por cinco anos

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REVUELCASINATRIO

Solo los tontos estan discutiendo formalidades, estan dormidos o que? Al igual que Somoza o Papa Doc de Haiti, Ortega es un presidente vitalicio en Nicaragua, lo unico que este es un dictador "revoluta-ario".

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karelvi

la hora cero es chismosa

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