Desde el punto de vista de la gestión del gobierno, la principal bandera que puede enarbolar el oficialismo es haberse mantenido dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y más aún, haber logrado la ampliación por un año más.
El economista Alejandro Aráuz señaló que al recibirse la aprobación del FMI a las últimas revisiones del acuerdo, permitió que “en este gobierno se lograra cumplir por primera vez con un programa financiero con el FMI de manera exitosa”.
El buen comportamiento del país, permitió a la administración Ortega recibir millonarios ‘premios’, no sólo por parte del Fondo mismo, sino también de los organismos multilaterales que esperan la emisión de ese ‘visto bueno’, para proceder a efectuar sus desembolsos.
“La extensión y la aprobación de las últimas dos revisiones al cumplimiento del programa trianual permite el desembolso de un crédito de U$20 millones y de otros U$18 millones el 2011.También permitirá el acceder a créditos de otros organismos multilaterales, entre ellos uno por U$42.5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
Igualmente importante, señala el economista Néstor Avendaño, es que extender el acuerdo hasta diciembre del 2011, “implica el interés de mantener la estabilidad macroeconómica”, y envía ese mensaje a la comunidad internacional, los sectores productivos, y hasta a la oposición política, lo que es clave en un año electoral.
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, la Administración Ortega tuvo que transigir ante el FMI, y encargarse de que la Ley de Moratoria hiciera el menor daño posible, reconociendo de forma tácita que el mandatario se había equivocado cuando arengó a multitud de morosos, a protestar en contra de las empresas de microfinanzas.
El gobierno también se obligó a lograr que en la Asamblea Nacional se aprobaran varias leyes que formaban parte de las negociaciones con el organismo internacional, entre ellas la nueva Ley Orgánica del Banco Central.
“La nueva ley garantiza la autonomía y la capitalización del Banco, pero no hicieron nada para que la autoridad monetaria contribuyera al pleno empleo. Si lo hubiesen hecho, esta liquidez no existiría. Si hubiera una política financiera bien coordinada entre los grupos financieros y el BCN, que podría aportar recursos crediticios de largo plazo para apoyar la inversión, empujaría más el crecimiento económico”, señaló Avendaño.
La Administración se vio obligada a publicar (parcialmente) el Estudio Actuarial del INSS, en el que se evidencia que el sistema de pensiones comenzará a hacer aguas en el 2017 si no se hace nada al respecto, por lo que se barajan opciones para mantenerlo a flote hasta el 2068.