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Antes de pedir a los cotizantes que hagan un sacrificio mayor (pagando más tiempo, cotizando un porcentaje mayor de sus salarios, y jubilándose más tarde), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), debería buscar su salvación cobrando a su principal deudor: el Estado.

De paso, también ayudaría que “mejoraran su administración, destinando para tal fin, entre el 5% y el 6% de sus ingresos, y no como ahora, que gastan entre el 7% y el 8%”, dijo Manuel Ruiz, con más de 35 años de experiencia en temas de seguridad social, tras conocer el documento de opciones de reforma a la seguridad social que divulgó el gobierno como parte de sus compromisos con el FMI.

De esa forma, Ruiz coincide con Jorge Toledo -otro experto que también aboga por cobrar la deuda al Estado- aunque ambos difieren de forma sustancial en cuanto al tamaño de la misma, pues mientras el primero la calcula en alrededor de U$500 millones sin incluir intereses, el segundo la eleva hasta casi los U$3,000 millones.

La razón para tanta diferencia (6 a 1) es que al calcular el tamaño de la deuda hay que decidir si se cobran al Estado las multas que se aplicaría normalmente a cualquier otro empleador, y si a la deuda también se le integrarán los intereses y el mantenimiento de valor acumulado a lo largo de varias décadas.

El cobro se justifica en tres decisiones tomadas o perpetuadas por distintos gobiernos a lo largo del tiempo, comenzando por la primigenia, aquella que podría denominarse ‘el mal original’, como es el hecho que el Estado cobró por décadas los aportes de los trabajadores sin enterarlos al Instituto, que sí estaba obligado a satisfacer las necesidades de sus asegurados.

A ello le siguió la decisión autorreplicada de ver al Instituto como una ‘caja grande’ de cada uno de los gobiernos con los que la entidad ha tenido que convivir, lo que crea unos pasivos inmensos que habría que rastrear con detalle para poder cuantificar con algún grado de certeza.

Finalmente, habría que decidir cual era el valor real de la infraestructura que el INSS debió ceder al Estado (fundamentalmente, a través del Ministerio de Salud), entre las cuales se mencionan dos hospitales y 8 clínicas, aunque Ruiz asegura que era sólo un hospital (el HEODRA, de León), y 7 clínicas, a las que definió como “unas casitas de madera en Corinto, Tipitapa, Rosita, Siuna, Bonanza, y dos en Managua”.

Toledo concede mayor valor monetario a esas estructuras, y otros “activos fijos cedidos en los años 80 al MINSA y otras instituciones que no existen, cuyos pasivos fueron asumidos por el Estado, y suman más de C$15,000 millones (unos U$690 millones) sin mantenimiento de valor, ni intereses, ni multas” por la falta de pago.

Dado que ningún titular del INSS se atreve a cobrar al gobierno la deuda con el Instituto (a pesar que la Ley mandó incluir C$377 millones en el Presupuesto 2006 para comenzar a abonar a esa deuda); y a que ninguno se atrevería a rechazar una petición de fondos hecha por el presidente de la República, que es el que lo nombra, Ruiz propone que sea la Asamblea Nacional la que lo elija, para darle mayor independencia.

Propuestas irrealizables

Además de pasar a exigir el pago de lo que le corresponde, Ruiz señala que “si la reforma no es integral, esa reforma no sirve”, porque se centra en sólo cinco aspectos, cuando hay 24 problemas estructurales que enfrentar.

Esos aspectos son la tasa de cotización, el incremento de un 25% en la cobertura, el techo salarial máximo al que se puede aplicar cotizaciones, la edad de jubilación, y el número de cotizaciones a enterar.

En cuanto al primer elemento, el experto opina que no se trata de “subir por subir” la tasa de cotización, sino que hay que hacerlo tomando en cuenta, por ejemplo, cual es el rendimiento de las inversiones del INSS, además que no se trata de mover las tasas en los mismos porcentajes para los distintos seguros que paga el Instituto.

Incluso, recomendó comparar nuestro sistema de pensiones con el de Centro América, República Dominicana y Panamá, algunos de los cuales han hecho reformas “sin tener que elevar las tasas”.

El segundo elemento tiene que ver con la intención declarada de incrementar en un 25% el número de trabajadores jóvenes que coticen al sistema, lo que permitiría contar con recursos frescos, que no requerirán del pago de una pensión por al menos tres a cuatro décadas.

Pero es muy probable que esta idea sea irrealizable, no sólo porque el país no está generando suficientes empleos como para ocupar a todos los jóvenes que cada año engrosan la Población Económicamente Activa, sino también porque la tasa de cobertura con respecto a la PEA, se ha mantenido casi invariable a lo largo del tiempo.

Ruiz recordó que “entre 1970 y 1989, la tasa de cobertura del INSS con respecto a la PEA, subió del 15 al 22%, y se ha mantenido sin cambios por 21 años. Siendo así, ¿cómo planean llevarla hasta el 47%, y en cuántos años? ¿80? ¿100?”, cuestionó.

Acerca del salario máximo sobre el cual se puede cotizar, opina que debe pasar de los C$37,518 de la actualidad, hasta el infinito, esto es, sin tope salarial.

El experto también difiere de la idea simple de elevar la edad de jubilación desde los 60 años actuales, hasta los 65 que se expresa en la propuesta de reforma, aún cuando se incluya un elemento de gradualidad.

Su razón es que sí se puede pedir a un oficinista, a un contador, un ingeniero o un supervisor, que espere unos años más antes de pedir su jubilación, pero no se puede hacer lo mismo con un minero, un trabajador de la construcción, un estibador o a un cañero.

Eso mismo debería llevar a revisar la propuesta de elevar las 750 cotizaciones actuales, hasta las 1,500 incluidas en el documento del gobierno.

Urge cambiar monto que se paga a las Previsionales

*El parámetro debería ser la capacidad de pago del INSS y no las necesidades de las EMP

Siendo que afecta a casi el 25% de la población (los 538,600 afiliados al sistema, más sus dependientes), el tema de la reforma debería ser discutido de la forma más amplia posible, incluyendo a las universidades, los políticos, al gobierno, los sindicatos, los trabajadores, los pensionados, etc.

Quizás una de las primeras decisiones que habría de tomar ese grupo tan variopinto, es la de ir más allá de esta propuesta de reforma “tan al estilo del Fondo Monetario Internacional, que sólo ve el tema de las pensiones”, para hablar también acerca de las enfermedades catastróficas, los beneficios por embarazo, las pensiones por Invalidez, Vejez o Muerte, o el pago a las Empresas Médicas Previsionales, entre otros.

Este último elemento es uno de los que estaría llamado a un amplio debate, siendo que en la actualidad, el INSS paga C$330 mensuales a las EMP por cada trabajador que logran afiliar, sin importar que éste acuda a consulta médica o no, lo que implica unos C$2,133 millones anuales.

Esa masa de recursos se vuelve especialmente onerosa para el Instituto, si se considera que “el 80% de los asegurados no gana los C$4,500 que debería devengar para que su cotización mensual alcanzara esos C$330, con lo que resulta que el 20% restante de los aportantes, en la práctica subsidia a los demás”, para que tengan acceso a los servicios de salud.

Siendo que la opción no puede ser pagar por atenciones médicas efectivamente brindadas (porque ese sistema se convierte en un incentivo perverso para brindar a los pacientes consultas y tratamientos que en realidad no necesitan), Ruiz cree que el parámetro a usar para estipular el monto de ese pago debe ser “la capacidad de pago del INSS”, y no “las necesidades de las EMP”.

INSS ha duplicado su gasto en salarios

La discusión también debería centrarse en el tema de los gastos de administración, y las inversiones del INSS.

En el primer caso, para determinar si es justificable la forma en que creció el gasto en la abultada y bien remunerada burocracia del Instituto, en la que se gastaron C$460.9 millones en el 2009, luego de gastar C$215.3 millones en el 2007, y C$363 millones en el 2008, lo que representa un crecimiento de la masa salarial pagada, del 114% en apenas dos años.

En el segundo, para determinar con certeza en qué se están invirtiendo los recursos de los trabajadores, y cuáles son las tasas de rendimiento que se obtienen a partir de esas inversiones, lo que a partir del 2011, pasará a estar bajo el escrutinio del FMI.

Uno de los compromisos asumidos por Nicaragua en la más reciente Carta de Intención firmada el 30 de octubre pasado, y aprobada por el Directorio del Fondo el viernes 19, es que a partir del próximo año “se evaluará la normativa de inversión del INSS con el fin de asegurar que el manejo de su cartera se encuentre en línea con las mejores prácticas internacionales”.

En la actualidad no hay certeza acerca de las inversiones que el INSS financia con el dinero de los asegurados, ni cual es el rendimiento específico de cada una de esas inversiones.

La discusión también debería enfocarse en torno a la ‘edad geriátrica’, esto es, el número de años que se supone puede vivir un pensionado promedio después de haber cumplido la edad de jubilación, la que la propuesta de reforma calcula en hasta 35 años.

Ruiz explicó que en una sociedad como la canadiense, con sus altos estándares de vida y de cuidado de la salud, la edad geriátrica se calcula en 60 + 20 para los hombres, y 60 + 23 para las mujeres, mientras que en la Nicaragua actual es de 60 + 15 para los hombres, y 60 + 18 para las mujeres.

“¿De dónde sacó el INSS que iba a pagar pensiones por 35 años a los jubilados? ¿Cuántos pensionados del INSS llegan a los 95 años?”, se preguntó Ruiz.

Las otras reformas necesarias

En un rápido repaso, el experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, detalló la veintena larga de problemas estructurales del INSS, en los que la sociedad debería centrarse para buscarles solución.

Comienza por el marco legal actual, al que considera “difuso”, por lo que propone “adecuarlo a la Constitución y a las leyes conexas”.

Señala además que el campo de aplicación de la seguridad social se aplica en la actualidad únicamente al sector laboral formal, pero debería incluir “a los que están afuera del sistema”, en referencia a quienes trabajan por cuenta propia; a los trabajadores del campo, a las domésticas, a los estudiantes de secundaria y universidad, así como a quienes han perdido su libertad.

Ruiz cree que las pensiones deberían reajustarse conforme al crecimiento salarial de los cotizantes. También propone crear una “defensoría de los derechohabientes”, así como una superintendencia específica que controle y supervise el accionar del Instituto.

Otros cambios propuestos serían el de la correlación (80% privados – 20% públicos) que existe en la actualidad entre los prestatarios de servicios médicos por enfermedad y maternidad, para dejarlo en un 20 – 80.

Finalmente, propone que las pensiones no contributivas sean financiadas por el Presupuesto de la República, lo que incluye a las víctimas de guerra, a las madres de héroes y mártires, y aún a los sobrevivientes (o a sus viudas) del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que devengan pensiones de burla, cifradas en C$75 y C$35 respectivamente.