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A pocas horas de celebrarse la "Marcha de las escobas", en contra de la corrupción y la partidarización de las instituciones públicas, los organizadores de la marcha cívica confirmaron que la movilización será de alcance nacional, que la Policía Nacional ha brindado garantías para que se desarrolle de forma ordenada y pacífica y, finalmente que esperan convocar a miles de ciudadanos nicaragüenses que luchan por una Nicaragua mejor.

Azahalea Solís, de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), una de las organizaciones que convocan a la marcha,confirmó que la marcha de mañana sábado 20 de marzo tendrá "carácter nacional", ya que participarán pobladores de varios departamentos del país, entre ellos de Matagalpa, Jinotega, Boaco, Carazo, Rivas, Granada, León y Chinandega.

Sin embargo, esperan que el grueso de la movilización cívica provenga de Managua, igual que en la última marcha cívica del 21 de noviembre pasado, en la que los organizadores esperaban que acudieran alrededor de 15,000 personas, pero que la convocatoria sobrepasó las expectativas, ya que agencias internacionales estimaron que marcharon alrededor de 30,000 nicaragüenses, pese al clima de tensión que rodeó esa convocatoria.

En el programa "Esta Noche", dirigido por Carlos Fernando Chamorro, Solís explicó que la llamada "Marcha de las escobas" iniciará su recorrido en los semáforos del Autolote El Chele, en Colonial Los Robles, de donde se dirigirá hacia la Funeraria Monte de los Olivos, para luego dirigirse hacia Plaza El Sol para concluir frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral. 

El objetivo de esta marcha, según Solís, es llegar simbólicamente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral y realizar una "barrida colectiva", ante la demanda y el clamor cívico de instituciones limpias, en las cuales no se cometan fraudes electoral.Al respecto, cabe señalar que organismos de la sociedad civil, con trayectoria de observación electoral, han denunciado que el actual Poder Electoral no ha evitado que se produzcan fraudes electorales y graves irregularidades en los comicios municipales del 2008 y recientemente, en los comicios regionales del Caribe, celebrados el pasado 7 de marzo.

“Que hayan instituciones que nos den garantías a todos los ciudadanos, independientemente que si tenemos dinero, o de cómo pensamos o ideológicamente cuál es nuestra posición”, dijo Solís, también miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, quien considera que sólo la voluntad política de la ciudadanía puede hacer cambios en este país.

Derecho a movilizarse

Gonzalo Carrión, luchador de los derechos humanos desde el CENIDH, señaló que la marcha cívica de mañana ha sido atacada políticamente por las dos fuerzas políticas que han dominado las instituciones en los últimos diez años: el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

“No hay duda que la sociedad civil en el parlamento no va a votar para elegir a ninguno de los cargos de magistratura, pero una sociedad civil organizada y con una multitud de calles es un peligro para una clase política corrupta que tiene un control de las instituciones, violando el orden constitucional”, comentó Carrión, y añadió que “en la medida que la sociedad civil rompa miedos y las movilizaciones sean multiplicadas, los partidos se pueden ver superados por la muchedumbre.”

Ante los señalamientos de dirigentes del PLC, de que la sociedad civil no tiene autoridad moral, política o democrática para realizar la "Marcha de las escobas", Solís respondió que es la ciudadanía quien vota en cualquier tipo de elección, por lo tanto es la ciudadanía quien tiene la soberanía, de acuerdo a la Constitución, para movilizarse y demandar la destitución y no reelección de las autoridades corruptas y no profesionales.

“Nosotros tenemos todita la autoridad y todito el derecho para protestar, para demandar que en las instituciones públicas del Estado hayan personas que estén verdaderamente cumpliendo con lo que la Constitución, las leyes, los Derechos Humanos mandan”, comentó Solís, quien se mostró sorprendida por las declaraciones de parte del PLC, partido que participó activamente en la anterior marcha cívica, del pasado 21 de noviembre.

Los dirigentes del PLC, Wilfredo Navarro y Arnoldo Alemán, de acuerdo a versiones públicas, catalogaron la convocatoria como absurda, por mandar a la gente a marchar con escobas, afirmando que la actividad parece mas bien una festividad de Halloween, además dijeron que dicha actividad está siendo financiada con dinero externo.

Frente a esto, Solís defendió la voluntariedad con que la ciudadanía nicaragüense ha apoyado la marcha y hasta donado dinero para ella. “Esta marcha no tiene ningún dinero del erario público de Nicaragua ni de ningún otro país”, señaló Solís, quien explicó que la marcha está siendo financiada por personas nicaragüenses voluntarias, ya sea desde el mundo empresarial o de manera particular, con dinero o especies (como las escobas), aunado a la venta de bonos de diez a cincuenta córdobas en distintos lugares del país.

Navarro cuestionó el sentido de la voluntariedad de la participación de la ciudadanía en la marcha, afirmando que “le están pagando ciento cincuenta córdobas a muchachos para que participen en esta marcha, están haciendo lo mismo que le critican al Frente Sandinista”. Esta versión fue desmentida categóricamente por Solís.

Relativa calma

Carrión, del CENIDH, explicó que ellos acompañan el proceso de organización y destacó que a diferencia de la marcha anterior, ésta no está todavía rodeada de tensiones o amenazas del uso de la fuerza por parte de sectores afines al gobierno.

“No se ve tanto movimiento, como eran las acostumbradas tomas anticipadas de rotondas, aunque hay algunas expresiones ahora mismo, pero al menos no se ve la fuerza organizada de calle con el discurso dirigido a inmovilizar la iniciativa ciudadana", señaló Carrión.

El CENIDH ha participado en los últimos años en reuniones con la Policía Nacional, donde se ha observando la trascendencia de prevenir hechos delictivos y la demanda del organismo de retirar los morteros de este tipo de actividad, de acuerdo a la prohibición de la ley 510. Esto último “nunca se ha logrado”, lamentó Carrión.

El directivo del organismo, que le ha tocado promover y proteger durante los últimos cuatro gobiernos las garantías políticas de la ciudadanía para protestar y reclamarle al gobierno de turno lo que sienten que no está bien, afirmó que la Policía Nacional tomará todas las medidas necesarias para prevenir cualquier ataque físico contra los manifestantes.

Carrión recordó que estas acciones responden a la Constitución, por lo que la Policía, como expresión de Estado, debe garantizar que los ciudadanos de este país podamos ejercer cualquier derecho expresado en la Constitución.