La reforma tributaria fue muy amable con la industria de casinos, a la que incrementó el monto de los impuestos que cobraba por máquina tragamonedas y por mesa de juego. A cambio, permitió que los casinos pagaran sólo uno de los dos impuestos mensuales que estaban obligados a enterar: o el específico para ese tipo de negocios, o el anticipo del IR.
Esa decisión, extraña en un gobierno de corte populista como el que encabeza el presidente Daniel Ortega, y necesitado de recursos para mantener vigente su acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, aparentemente, elevó la carga tributaria del sector en un 18%, lo que suena muy atractivo.
Pero pudo haber sido mejor.
El experto fiscal Julio Francisco Báez señala con incredulidad cómo el impuesto a los casinos, que fue creado por la administración del presidente Enrique Bolaños, a través de la Ley de Equidad Fiscal (LEF), llegara a verse ‘suavizado’ un periodo después, cuando su sucesor emprendió una iniciativa de reforma tributaria, diseñada supuestamente para “hacer pagar a los ricos”.
“Tanto Enrique Bolaños como Daniel Ortega le ‘jugaron sombra’ a las arcas del país, aunque si la de Bolaños fue ‘bola pasada’, la de Ortega fue un ‘dead ball’, que neutralizó, atemperó y mediatizó el impuesto de Bolaños”, señaló Báez.
Su reclamo se basa en un cambio hecho por la reforma tributaria, que permitió a los casinos pagar un impuesto u otro, y si bien es cierto imponía la obligación de pagar el más alto, también eliminó la exigencia de pagar los dos a la vez, como se hacía hasta ese momento.
Se supone que subir la tarifa por mesa y por máquina, y mantener el pago obligatorio (no electivo) de ambos impuestos, en teoría, habría acrecentado aún más, las recaudaciones provenientes de ese sector.
María Félix Estrada, Sub Directora de Capacitación del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios, (INIET), hizo hincapié en que el establecimiento de una tarifa diferenciada por máquina y por mesa es lo más notorio de la reforma aplicada a este sector, porque subió bastante, “pero antes ese impuesto mensual era adicional al anticipo del IR”.
Un elemento positivo para la administración Ortega, es que esta decisión le permite obtener mayor flujo mensual de recursos, en un impuesto calculado en dólares, aunque en paralelo, afecta los flujos de recursos de este tipo de empresas, explicó Estrada.
“La reforma tributaria fue una burla. Mejor hubieran dejado el 1% sobre la renta bruta, con un mecanismo de fiscalización a través de punto fijo que les permitiera aplicar con certeza los criterios sobre la renta bruta”, dijo el experto fiscal Báez.
Insistió en que la decisión aprobada por la Asamblea Nacional a inicios de diciembre del 2009, “muestra la realidad sobre el discurso social del presidente Ortega, porque muestra cómo trata con suavidad a los casinos y a los jugadores que ganan premios en los casinos”.
“El rubro casinos es uno de los fracasos de la reforma tributaria, porque en ella se reformó el capítulo dedicado a los casinos, pero se hizo para perder”, insistió.
El Director General de Ingresos, Walter Porras, se negó a atender a Confidencial durante tres semanas, pero en una breve respuesta telefónica sólo atinó a decir “compañero, puedo asegurarle que los casinos están pagando todo lo que corresponde”.
¿Hay de dónde sacar más?
Floyd Sing Thomas, Presidente de la Asociación de Casinos, (ASOCAN), no cree que si la reforma hubiera mantenido intacta la obligación de pagar ambos tributos a la vez, eso hubiera redundado en mayores niveles de recaudación.
“No es cierto que el país haya salido perdiendo por la aplicación de ese cambio. Recordá que no siempre la subida de impuestos redunda en una recaudación mayor”, aseveró.
Su criterio es que el cambio introducido en la reforma “creó un mecanismo más simple que le permite a la Dirección General de Ingresos, (DGI), recaudar incluso más que antes, sin tener que invertir tanto en supervisión (destinando personal para chequear los libros contables de cada casino), porque es más fácil mandar a contar las máquinas y las mesas en los casinos, hacer la multiplicación, y cobrar”.
“¿Cuántos son los casinos en Nicaragua? ¿Cómo es que la DGI no puede fiscalizarlos?”, se preguntó por su parte Julio Francisco Báez.
Sing mencionó un factor adicional, como es el hecho que según la LEF, los anticipos mensuales enterados al Fisco, podían incluso ser recuperados por el contribuyente en concepto de crédito fiscal, si al final del periodo la empresa declaraba pérdidas.
Con la reforma tributaria, si la empresa declaraba que no obtuvo ganancias, los adelantos se convierten en la renta presuntiva mínima, y ya no regresan al agente económico.
A modo de ejemplo, Sing detalló cómo con la LEF, una empresa que operara 200 máquinas y 8 mesas de juego en dos locales distintos, y declarara una renta de U$200,000 mensuales, habría tenido la obligación de pagar U$7,200 mensuales al fisco, mientras que con la reforma, aún después de excusarlos de tener que enterar el impuesto menor, el pago es más alto: U$8,200”, explicó.
“Y no te olvidés que los U$7,200 podían ser acreditables, si declarabas pérdida, mientras que con la reforma ya no existe el crédito fiscal, y si operaste con pérdidas, los montos que ya adelantaste quedan como tu pago a la DGI”, añadió.
Báez lo sabe, pero de todos modos insiste en que “técnicamente, es factible cobrarles ambos impuestos, evitando los mecanismos de elusión existentes”.
La ley de casinos sigue “en tubería”
Más allá del beneficio que pudiera haberles significado la reforma tributaria, el sector aún tiene pendiente de cerrar un viejo frente, abierto por la Asamblea Nacional hace ya ocho años, cuando se impuso entre los legisladores la necesidad de regular al sector que por entonces comenzaba a mostrar inusitadas muestras de dinamismo, con el establecimiento de grandes inversiones en el país.
Dado el ‘peligro’ que en esa época se asociaba con los casinos (que se permitiera el ingreso de menores de edad; que la promesa de dinero fácil encandilara e hiciera perder sus ahorros a gente de pocos recursos, y aún que la prostitución y la venta de drogas florecieran al amparo de los nuevos negocios), se decidió legislar para impedir que los temores de algunos sectores de la sociedad se hicieran realidad.
La ley debería desvanecer la preocupación de los legisladores, en el sentido de que el entonces incipiente negocio pudiera convertirse en una fachada para lavar dinero, lo que sirvió de incentivo para que en el 2003, la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, dictaminó el anteproyecto, con lo que éste quedó a la espera de pasar al plenario… hasta hoy.
Pero siete años después, las reticencias se mantienen intactas, a pesar que la industria ha mostrado que la mayor parte de las objeciones no tenían razón de ser.
El diputado Wilfredo Navarro (PLC), Primer Secretario de la Asamblea Nacional, explica que una de las razones para mantener vigente la necesidad de tener una ley que regule al sector, es lograr “que no se sigan abriendo casinos, que nacen como hongos en cualquier lugar, y que no sean accesibles a menores”.
El legislador explicó que “en la nueva ley se establece que para que pueda existir un casino debe formar parte de un hotel”, con la salvedad que aquellos que ya existan al momento de promulgar la ley, “quedan como están. Esto se hace para que sean menos accesibles, al jugador nicaragüense y para que no vayan a estar en zonas residenciales”.
René Vallecillo, otro experto en temas tributarios, grafica esa especie de recelo hacia esta industria, que sería como una especie de ‘mal necesario’ al catalogarla como una actividad “rentable y necesaria, porque el turista internacional (tanto el hombre de negocios, como el que llega por vacaciones), busca este tipo de diversión, generalmente ligada a hoteles”.
En el país, el negocio de arriesgar el dinero buscando una ganancia rápida y fácil comenzó y se masificó “a través de las maquinitas, y luego se formalizó por medio de los casinos”, añadió Vallecillo.
Dado que la Ley de Casinos sigue ‘en tubería’, el Estado intentó subsanar las carencias de la inexistente ley, normando a través de la reforma tributaria que este tipo de negocios sólo podrá operar en locales acondicionados expresamente para ese fin, los que no podrán tener menos de 10 (si está en un municipio de menos de 30,000 habitantes) o menos de 25 máquinas, (para municipios más habitados).
¿‘Casados’ con un hotel, o solteros?
Mientras sigue viva en la imaginación de los legisladores la exigencia de ligar un casino a un hotel, el sector siente que es posible que no sea tan fácil aplicar esa medida, aunque en principio no se oponen a ella, y hasta es posible que les resulte atractivamente rentable.
Gastón McKnight es uno de los dueños originales del Casino Pharaohs. Diez años en la administración de la empresa le han permitido conocer no sólo cuales son las mejores iniciativas de mercadeo a aplicar para seguir operando y crecer, sino también cómo conducirse ante las iniciativas de la clase política nicaragüense.
La idea de ligar casinos con hoteles no es nueva. Ni siquiera es original, porque así es como operan en muchos países del mundo, y dado que esa propuesta ha estado en el tapete por años, McKnight está listo para cumplirla… cuando se apruebe.
“Como empresa, estamos listos para cumplir con cualquier regulación nueva”, aseguró, lo que incluye la posibilidad de que tengan que construir su propio hotel, alternativa para la que están preparándose desde hace años, y que fue una de las razones por las que compraron un enorme lote vacío que está a la par del Friday’s.
Y aunque el mandato legislativo nunca llegó, el casino realizó inversiones con dos hoteles capitalinos (Holiday Inn y Camino Real), donde acondicionaron y operan locales, con lo que están cumpliendo la regulación antes de tiempo… y ganando dinero en el proceso.
Pero aunque la iniciativa del diputado Navarro contempla la opción de respetar el estatus quo, McKnight no cree que ese doble estándar jurídico sea aplicable, de modo que unos casinos se vean impelidos por fuerza de ley a estar ‘casados’ con un hotel, dejando a los demás en la libertad de permanecer ‘solteros’.
‘Matrimonio’ por conveniencia
La idea de operar en conjunto no es del todo mala por una razón hasta ahora no contemplada: siendo Managua –y por extensión, casi toda Nicaragua- una plaza con regulares niveles de ocupación (con sus excepciones), la idea de contar con un casino en sus propias instalaciones, forma parte de las estrategias de gerencia para alcanzar (o mantener), mejores niveles de rentabilidad.
Un empresario turístico entrevistado por Confidencial dijo que añadir un casino al ‘combo’ de servicios del hotel, ayuda a recuperar la inversión más rápidamente, hace más interesante al establecimiento hotelero, pero además, ofrece beneficios aún desde antes de comenzar a construir los edificios.
La razón es que para un banco resulta más atractivo ofrecer un préstamo por una suma mayor (para construir el hotel y el casino), pero además, porque se sienten más seguros de su inversión, a partir de las ganancias que esperan que el negocio obtenga operando un casino.
Demandan un nuevo proyecto de ley
Lo que los diputados probablemente no han comenzado a pensar es que su ley, que duerme a la espera de su resurrección en las gavetas parlamentarias, quizás ya esté obsoleta, como piensan algunos empresarios de casinos consultados por Confidencial.
Floyd Sing Thomas, Presidente de ASOCAN, se pronunció por “actualizar el anteproyecto de ley”, porque “hay una nueva realidad económica que debe considerarse”, a la vez que invitó a “escuchar a la industria”.
Gastón McKnight, Presidente Ejecutivo del Pharaohs, recuerda que “el proyecto de ley de casinos está en la Asamblea Nacional desde el 2002, fue dictaminado por la Comisión en el 2004… y así quedó. Ya no tiene nada que ver con el estado de la industria. Necesita ajustes. Hay que regresarlo a la Comisión”.
Al ver la situación con más detalle, salta a la vista que, mientras los parlamentarios centraban su atención en otros problemas, instituciones como el INTUR, la Policía Nacional, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía, dictaban sus propias reglas para normar la actividad.
Una nueva ley, debería –por lo menos- incorporar los elementos más importantes de las normas dictadas por esas instituciones, o entrar en el terreno de las contradicciones, afectando a una realidad jurídica que parece ser funcional.
En referencia a la preocupación de que los niños vayan a enviciarse en los casinos, McKnight recordó que “quienes estamos regulados por el INTUR, nos comportamos con mucha responsabilidad, y en el caso del Pharaohs, nuestra política es muy simple: cero entrada para menores. Eso es todo”, aseveró.
Su hermano Mark McKnight, ahora dueño de dos casinos operando en hoteles fuera de Managua (en León y en Bluefields), también cree que el proyecto de ley es “obsoleto, porque muchas cosas han cambiado, tal como el sistema impositivo o los controles institucionales”, detalló.
Explicó que se refiere a decisiones como la del Banco Central, obligándoles a comprar millones de fichas para sustituir las monedas de curso legal como mecanismo para jugar en las máquinas, lo que en cierto momento generó una escasez nacional de monedas.
Otra más es la vigilancia estrecha que realiza la Policía Nacional, para asegurar que los alrededores de los casinos son zonas sanas y seguras, o las regulaciones del INTUR, que dictó un reglamento para definir cuales son los requisitos que deben cumplir los locales en donde operan los casinos, así como los cánones a pagar para obtener su licencia de operación anual.
El peso de la industria: 56 casinos formales
*En el 2,008, habían mas de 12,000 máquinas en pequeños locales
Como parte de la estrategia recaudadora, el plan inicial del gobierno hace un año contemplaba que el impuesto de U$18, U$20 y U$25 que tenían que pagar los casinos en dependencia de la cantidad de máquinas que tuvieran en operación, se elevara a U$30, U$40 y U$50 por máquina tragamonedas, “dependiendo de la categoría de los casinos”.
Las mesas de juego, por su parte triplicarían su aporte al fisco, al pasar de los U$200 que pagaban en ese momento, hasta los U$600 de la propuesta inicial.
Al final, los casinos con el apoyo no sólo de su asociación, sino de la Cámara de Turismo y del COSEP mismo, lograron que el gobierno accediera a aplicarles una tarifa diferenciada de 25, 35 y 50 dólares por máquina y 400 dólares por mesa de juego, renunciando de forma voluntaria a mayores ingresos.
Confidencial preguntó al diputado Wálmaro Gutiérrez, (FSLN), presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, cual fue la razón por la que el Parlamento disminuyó la carga tributaria que se pretendía imponer a los casinos.
Su respuesta fue que “cuando llegó la propuesta a la Asamblea Nacional, ya llegó así”, y de todos modos, no parece preocuparse al respecto, porque “los datos me dicen que están pagando más que antes. ¿Podría ser más? Si, pero tributan más gracias a la concertación tributaria. Si estuvieran bajando, ya hubiéramos llamado a la DGI para preguntar qué pasa”, aseguró.
Mayoría no paga impuestos
Floyd Sing Thomas, Presidente de ASOCAN, dijo que lo que hicieron fue explicar a los funcionarios del gobierno que, según registros de la Dirección General de Aduanas, hasta el año 2008 se habían importado unas 18,000 máquinas de forma legal.
Un total de 12,375 de esas máquinas estaban cubiertas por 1,156 permisos policiales para operar en pequeños locales, mientras otras 4,500 estaban en uso en 56 casinos formales, lo que deja ‘en el aire’ unas 1,125 máquinas que no estaban en el sistema, más otras 10,000 (la mayoría de las que opera fuera de los casinos), que no tributan ni un centavo.
“Sólo 6,000 máquinas pagan impuestos, incluyendo las 4,500 de los casinos, lo que significa que enteramos el 75% de los impuestos que aporta esta industria, a pesar que sólo usamos el 25% de las máquinas que hay en el país”, explicó.
Gastón McKnight, Presidente del Pharaohs, consideró que el sistema sería injusto para ellos “si nosotros pagamos por cada máquina que tenemos funcionando, y nuestra competencia no; si generamos empleos y ellos no; si invertimos en el país, y ellos no, si organizamos veladas culturales o deportivas y ellos no”.
Mark McKnight, dueño de los casinos Oasis (Bluefields) y La Perla (León), recordó que el COSEP ayudó al sector, el explicar al gobierno que “el 10% de los casinos que había en el país, pagaban el 90% de los impuestos que se colectaban en el sector”, lo que habría convencido a los funcionarios para ‘bajar la parada’, y ofrecer la tarifa de 25, 35 y 50 dólares por máquina, y 400 dólares por mesa.