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“La democracia en Nicaragua ha recibido un balazo en el corazón”. Así reaccionaba el 10 de noviembre de 2008 el controvertido ex presidente Arnoldo Alemán tras conocerse una tras otras las anomalías que caracterizaron a las elecciones municipales de ese año, y que han pasado a la historia del país como uno de sus mayores casos de fraude electoral. Esta semana se cumplen dos años de aquel hecho, por lo que organismos de observación electoral aprovechan la fecha para exigir “garantías mínimas” que eviten que la historia se repita en las presidenciales de 2011.

Hasta ahora el Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha dado indicios que garanticen la transparencia en el proceso. El órgano encargado de organizar las presidenciales sigue siendo dirigido por el hombre señalado por la oposición de fraguar el “gigantesco fraude electoral” de 2008, el ex magistrado liberal reconvertido en sandinista Roberto Rivas, quien está respaldado por el resto de magistrados que controlan el CSE. Rivas ha hecho, según los analistas, una irregular convocatoria a elecciones, aún cuando no da cuenta del 8% de los resultados que quedaron pendientes en las presidenciales de 2006, ni ha respondido a las denuncias de fraude de las municipales de 2008. Tampoco ha brindado los resultados finales oficiales de los comicios desde el 2001.

El flamante magistrado, señalado de corrupción y nepotismo, exigió a los partidos políticos que presentaran cartas de intención en las que confirmaran su compromiso de participar en las próximas elecciones, una medida que busca legitimar desde ya el proceso. El viernes, los partidos con personería jurídica acudieron a la sede del CSE para presentar su documentos, algunos de ellos bajo protesta. El sábado se venció el plazo para presentar las cartas. Rivas también impuso el calendario electoral, estableciendo marzo del próximo año como límite para la inscripción de candidatos presidenciales y diputados.

El ex magistrado, quien en las últimas semanas ha mostrado abundancia de vulgaridad y cinismo como respuesta a las voces que desde la sociedad civil y la Iglesia exigen garantías de transparencia, dejó claro que no se permitirá observación electoral en 2011, sino lo que él llama un “acompañamiento” al estilo mexicano por parte de organizaciones de observación electoral. La afirmación de Rivas revivió el fantasma del fraude que empañó las elecciones de 2008.

Los partidos políticos han terminado aceptando la imposición de Rivas, mientras se encuentran inmersos en los preparativos de la que será una intensa y larga campaña electoral. El FSLN, respaldado por el uso discrecional de la cooperación venezolana y la ventaja que garantiza el poder, ha iniciado una costosa campaña que vende a su candidato de siempre, Daniel Ortega, como la mejor alternativa para 2011.

La oposición aglutinada alrededor del empresario radial Fabio Gadea mantiene una intensa gira por el país en busca de respaldo a la candidatura del creador de “Pancho Madrigal”; mientras que el PLC del ex presidente Alemán intenta recuperar fuelle tras la publicación de las encuestas que presentan al ex mandatario como un candidato perdedor.

Para organizaciones de la sociedad civil, los aires electorales no deben desviar la atención del que considerar el tema central: la necesidad de reformas que garanticen la transparencia en las elecciones de 2011.

Hasta ahora no hay un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para elegir los cargos de funcionarios públicos a los que ya se les venció su periodo constitucional. El FSLN respalda la propuesta de Ortega de mantener a los actuales magistrados en el CSE, con Rivas a la cabeza, lo que una buena parte de la oposición niega, presionada además por los llamados acuerdos de Metrocentro, que exigen la no reelección de ninguno de los actuales magistrados.

Reformas electorales: sí se puede

Esa es, precisamente, una de las exigencias del llamado Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), conformado por 16 organismos de sociedad civil que exigen un cambio en el sistema electoral para garantizar elecciones limpias. Harry Chávez, experto en asuntos electorales del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), dijo a Confidencial que han presentado a los diputados de la Asamblea Nacional una propuesta para hacer más transparente el actual sistema electoral.

El GPRE exige, además de no reelegir a ninguno de los actuales magistrados del CSE, la puesta en práctica de “garantías mínimas” para las elecciones de 2011 y resolver los problemas de cedulación que afectan a miles de nicaragüenses que aún no cuentan con su documento de identificación.

“Los actuales magistrados ya debieron haber sido reemplazados, porque ya se les venció su periodo. Es de sobra sabido porqué y cómo se mantienen en el CSE. Nuestra propuesta de cambio es el resultado de una gestión de años de los actuales magistrados, que siguen cometiendo las mismas omisiones”, dijo Chávez.

El GPRE ha preparado un documento con nueve garantías de cara a las elecciones de 2011. Esas garantías incluyen: acreditar observación electoral; divulgar el total de los resultados parciales de las elecciones en el término de 72 horas después de la votación; publican con antelación la normativa de recursos, campaña electoral y financiamiento, para que pueda ser analizada por los partidos políticos; realizar un proceso de verificación ciudadana eficiente y masivo, cinco meses antes de la elección; depurar el padrón electoral y exponerlo 90 días antes de votar; no impedir la participación de fiscales electorales en las sesiones de los Consejos Electorales.

El grupo también exige garantías en cuanto a las fechas de inscripción de alianzas y los procesos de cancelación de personería jurídica. Según la propuesta del GPRE, se debe establecer como fecha límite para la inscripción de alianzas al menos ocho meses antes de la votación, mientras que la cancelación de la personería a partidos políticos debe hacerse seis meses antes del día de la votación. “Comos sociedad civil exigimos estas garantías, que es donde han estado las debilidades del sistema electoral”, dijo Chávez.

La preocupación del GPRE también incluye al problema de la cedulación en el país. “La cedulación trasciende el problema electoral, pero por la politización y control del CSE han matado la cedulación”, explicó Chávez. Para el experto, la paralización en el proceso se debe al incumplimiento de la Ley de Identificación Ciudadana, aprobada en 2004, por parte del Consejo Electoral y los partidos políticos.

Actualmente el CSE está inmerso en un proceso de entrega de nuevas cédulas a funcionarios del Estado y simpatizantes del FSLN, mientras que la cedulación está estancada en las zonas rurales del país. El GPRE exige al Consejo conformar la Comisión Nacional de Cedulación que permita hacer más eficiente el proceso, además de abrir las delegaciones departamentales y municipales donde la población pueda acudir a reclamar su documento.

Hasta ahora las exigencias del GPRE parecen llegar a oídos sordos, con un Consejo Electoral inmerso ya en la organización de las elecciones de 2011 con el respaldo de la Administración de Ortega.

--¿Creen que el CSE cumplirá con sus exigencias?

--Los partidos, que se pueden llevar la peor parte en esta contienda, deben pelear por esto. Esto está teniendo eco en otras organizaciones, y vamos a demandar que nos den estas garantías mínimas--, responde Chávez.