Policía de tránsito o constructor de puentes. Gendarme de la producción o promotor de la libre competencia. Esos son los extremos en que puede moverse el Instituto ProCompetencia, de acuerdo con tres economistas y académicos consultados por Confidencial.
“El rol principal del Instituto es proteger al consumidor, y luego, proteger al sector privado de prácticas desleales”, sentenció Niels Ketelhohn, Profesor del INCAE y PhD. en negocios.
A su juicio, ProCompetencia “no debería concentrarse en controlar la producción porque el estado no sabe de producción. Cuando el Estado ha metido mano en la producción, destruye valor, además que ese no es su rol. Si se centra en ser policía de la producción podría desvirtuar su rol y verse afectado por gente que no entiende la dinámica de la industria que está analizando”, añadió.
Su colega, José Luis Medal, opina que “la Ley 601 es positiva en general, pues le da funciones al Instituto para evitar prácticas anticompetitivas como colusión de precios o distribución de mercados, pero hay que ser muy cuidadosos en la aplicación de esa ley, porque las estructuras oligopólicas y monopólicas, sobre todo en pequeñas economías, son una realidad objetiva”, sentenció.
Más directo aún, el economista Eduardo Montiel, profesor del INCAE y ex ministro de Hacienda, opina que el éxito del Instituto “dependerá mucho del rol que asuma. La ley es bastante amplia en las atribuciones de ProCompetencia pudiendo ser desde un promotor de políticas de competencia hasta un policía y juez de cumplimiento”.
Opina que “en lo primero, hay mucho trabajo por hacer en Nicaragua con un alto retorno económico y social. Sin embargo, si se concentrara sólo en lo segundo, investigando denuncias, resolviendo casos y dictando resoluciones, no le auguro un futuro muy feliz”.
El riesgo de jugar a ser el "policía ciego"
Regresando a su ejemplo inicial, Montiel insiste en que “ProCompetencia podría ser como el policía de tráfico que cobra multas por falta de triángulos, mientras los vehículos se van en despeñaderos por puentes caídos. Por otro lado, podría ser el que alerta para reparar los puentes. Esta decisión determinará su futuro”.
Contrastado con esas opciones, Luis Humberto Guzmán, Presidente del Instituto ProCompetencia, opina que las opciones citadas “no me lucen excluyentes. Se puede establecer mecanismos para sancionar a quienes violen la ley, mientras a la vez se puede promover políticas de competencia”.
Basado en la exposición mediática que tuvo el Instituto esta semana (no sólo por el reportaje de Confidencial en la edición anterior, sino por las demandas entre las dos operadoras de telefonía celular, o el análisis del caso de la Red contra los bancos), Guzmán dijo que todo ese movimiento es una prueba de que “los grandes agentes económicos necesitan de ese policía de tráfico”.
Abundando en sus argumentos, el funcionario recordó que el presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Antenor Rosales, “dice que la economía va bien, mientras Mario Arana, del Funides, señala que necesitamos que la demanda interna crezca, y que no crece porque hay barreras fácticas que ponen los agentes económicos, y es ahí donde se demuestra que hace falta que el Instituto entre a cumplir diversos roles”, añadió.
De hecho, Guzmán se preguntó públicamente ¿qué hace INCAE para promover la competencia y combatir a los carteles?, y como reconoce que podrían contestarle que esa no es función del INCAE, sino de él mismo, se adelanta a responder que esa academia podría “capacitar a sus gerentes para que no hagan cosas indebidas en el ejercicio de sus funciones, y operen según las reglas de la competencia”.
Sin pretender responder a Guzmán, el profesor Ketelhohn explicó que “enseñamos a nuestros alumnos a ser competitivos ofreciendo mejores precios y productos para lograr mayor participación de mercado”.
ProCompetencia como arma política
A pesar de ser entrevistados en momentos distintos, los tres académicos coincidieron en el riesgo de que el Instituto sea ‘tomado’ por la clase política, (como ya ha sucedido con otras instituciones que se supone independientes), y comience a usarse como un arma política.
“El peligro es que el Instituto se desvirtúe y asuma un rol político, lo que no está lejos de la realidad”, dijo el profesor Ketelhohn, añadiendo que las compañías nicaragüenses ya tienen “suficientes problemas enfrentando este clima de negocios adverso en el que deben exportar vía Honduras o Costa Rica, o capear la inseguridad jurídica”, entre otras.
Su colega de academia, el profesor Montiel, fue más allá al opinar que “considerando las realidades de nuestro país, veo muy difícil que se sancione a una empresa muy ligada al gobierno de turno, mientras otra empresa sin protección política podría ser encontrada culpable sólo por existir”.
“Comenzando con lo básico ¿estarán dispuestas muchas empresas a proveer de información interna confidencial a un organismo que teman esté controlado por nuestra clase política? Algunas pueden preferir irse del país”, aventuró.
Consultado al respecto, el presidente Guzmán reconoció que “a ese riesgo estamos expuestos todos: desde las instituciones educativas hasta los medios de comunicación, pueden ser copados no sólo por los poderes políticos, sino también por los económicos”.
De todos modos, asegura que “ProCompetencia no caerá en eso, porque tenemos la determinación de cumplir correctamente con la ley”.
Por si acaso, el economista Medal recomienda al Instituto “ser cuidadoso, porque puede ser usado como arma política”. El economista asegura que a ProCompetencia “le falta tener un análisis serio y de fondo”, insistiendo en que “el nombramiento de sus principales directivos es político más que técnico”.
De todos modos, Medal encuentra un refugio en el que puede guarecerse la sociedad: la Ley.
“La Ley 601 es positiva, pero su aplicación debe ser técnica, implementando la ‘rule of reason’, donde haya dudas acerca de cómo proceder”, sugirió.