Días atrás, cinco magistrados ligados al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderados por el ex presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez, se reincorporaron a las labores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “legitimando” de esa forma la incorporación anómala de los conjueces y sus sentencias de índole político, que legitiman la violación constitucional a la no reelección continua y la permanencia de unos 25 funcionarios de alto nivel en varios poderes del Estado.

Sólo uno de los magistrado, el Dr. Sergio Cuarezma, no se ha reincorporado a la CSJ para no avalar los atropellos constitucionales y jurídicos y asegura que se mantendrá firme en su posición, ya que en ese máximo tribunal de justicia “se ha venido desmantelando el Estado de Derecho y las bases de la democracia”.

Cuarezma, quien compareció en el programa televisivo Esta Noche que se transmite por Canal 12, fue enfático en asegurar que no se reincorporará pese además a las presiones y despojos administrativos en su contra. “Mientras subsista el estatus quo de la ilegalidad constitucional y las afectaciones graves y serias de la ley orgánica del Poder Judicial, tu servidor no se va a integrar, tal y como se los advertí desde un inicio”, acentuó.

Sobre las motivaciones que tuvieron sus colegas liberales para rendir su rey ante las presiones del orteguismo en la Corte, el magistrado Cuarezma dijo que “desconozco lo que los llevó a tomar la decisión, en el caso mío como se mantienen las mismas condiciones por las cuales nos marchamos, las mismas condiciones están exactamente hoy, no tiene sentido que en lo personal integre nuevamente la Corte, porque la ilegalidad está igual”.

Volver al orden Constitucional

El funcionario insistió en que no existe la mínima posibilidad de una negociación política que lo haga regresar a ejercer su función, porque “si ya no me permiten ni siquiera disentir, ¿qué más puedo hacer? Simplemente decir yo no me reintegro, mantengo mi posición coherente… el costo para que yo entre en la Corte Suprema de Justicia es que me despersonalice, no haga las cosas como la Constitución Política me ordena y me someta al poder puro y duro. Eso no lo voy a hacer”.

Y añadió: “Esta es una posición inamovible, no hay posibilidad que se dé ninguna negociación política. Para que yo me integre tiene que haber una demostración de voluntad institucional y política para reencausar a la Corte en el orden constitucional y anular cada uno de los actos que lo han alterado”.

Aunque la reincorporación de los cinco magistrados liberales podría leerse como una “legitimación” al manoseo político y a la ilegalidad de las actuaciones del Poder Judicial, para Cuarezma, la reintegración de estos magistrados no cambia en nada el carácter de facto de cada una de las resoluciones que se han dado en este contexto, “desde el punto estrictamente jurídico no tienen valor legal… no cambia absolutamente nada, simplemente se extiende el problema”, declaró.

Pretenden ahogarlo económicamente, reteniéndole el salario

Como medidas de presión para su reintegración en la CSJ, el magistrado Sergio Cuarezma denunció que tratan de asfixiarlo económicamente, ya que continúa retenido su salario que les suspendieron desde agosto pasado, además dijo que desde hace mes y medio le quitaron los asesores, le impiden el desarrollo de su actividad jurisdiccional y que en esta semana le solicitaron que entregara la llave del vehículo que andaba asignado y “hasta despidieron al conductor”.

Sin embargo, Cuarezma dijo no temer su destitución tal y como ha sugerido la magistrada Alba Luz Ramos, quien funge como presidenta de la Corte Suprema, porque la Constitución no establece a la Asamblea Nacional, ni a la Corte Suprema de Justicia, ni a ningún otro Poder de Estado, “el procedimiento para destituir a un magistrado, no establece ni procedimiento ni causales y mucho menos establece votos de censura o castigo para sancionar a un magistrado porque piense de forma diferente a otro magistrado. Si llegamos a ese nivel sería un nivel de facto y lo que se estaría entablando es un sistema de primitividad política”, concluyó.

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La ruta del “Golpe de Estado” a la institucionalidad y contra las leyes

19 de octubre de 2009:

Magistrados sandinistas declaran la “inaplicabilidad” del Artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección continua y por más de dos períodos, abriéndole así el camino al presidente Daniel Ortega.

9 de enero de 2010:

El Presidente Daniel Ortega dicta decreto 3-2010, de carácter inconstitucional, ordenando a los funcionarios de los poderes del Estado, a quienes se les vence el período, que se mantengan en sus cargos. De esta forma se arroga funciones que le competen a la Asamblea Nacional.

12 de abril de 2010:

Se vence el período de cinco años para los magistrados sandinistas de la CSJ, Rafael Solís y Armengol Cuadra, sin embargo no se retiran de los cargos, acogiéndose al decreto presidencial. También se le vence al magistrado liberal Dámisis Sirias, quien inicialmente se retira de la CSJ, pero luego regresó porque “la calle está dura”.

20 de abril de 2010:

Rafael Solís dirige una manifestación política del sandinismo, que terminan atacando con pierdas y morteros primero la Asamblea Nacional y posteriormente el Hotel Holiday Inn, donde se celebraba una sesión plena del Poder Legislativo convocada por diputados opositores que resolvieron pasar a Comisión una iniciativa de rechazo al decretazo presidencial.

9 de Agosto de 2010:

Los magistrados sandinistas y ex magistrados convocan a 14 conjueces para conformar las salas de la CSJ, destituyendo así en la práctica a los magistrados liberales, rompiendo el orden jurídico, ya que esa incorporación no está reglamentada. Dos días después, eligen a los conjueces que se incorporarán a la CSJ.

28 de septiembre de 2010:

Magistrados sandinistas, ex magistrados y conjueces dictan sentencia ratificando el decretazo 03 – 2010, que prorroga en sus cargos a los funcionarios con períodos vencidos.

1 de octubre de 2010:

Los mismos magistrados, ex magistrados y conjueces ratifican sentencia de la Sala Constitucional que declara inaplicable el Artículo 147 de la Constitución y avala la reelección de Ortega

12 de octubre de 2010:

Los 5 magistrados liberales rinden su rey y se reintegran a la Corte, avalando las sentencias adoptadas días atrás y legitimando el control político del FSLN en el Poder Judicial, así como la presencia de los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra.