Como un policía de tránsito que trata de regular el tráfico sobre las congestionadas vías de la capital sin más recursos que un silbato, quizás una cachiporra, y la autoridad que emana del uso de su uniforme, el Instituto Procompetencia intenta controlar el comportamiento de las empresas nicas y lograr que el mercado aprenda a competir ‘correctamente’.
Consciente de sus limitaciones (de experiencia, recursos financieros, legales y de recursos humanos), Luis Humberto Guzmán, titular del Instituto, aún confía en que esa entidad y su personal serán capaces de enfrentar al extremadamente concentrado mercado nicaragüense, y que podrán incidir en su comportamiento.
“Esto (la concentración de mercados) no es sólo un fenómeno nicaragüense. Lo que podemos hacer es tratar de impedir que las empresas den golpes bajos que excluyan a nuevos competidores”, explica Guzmán, que está perfectamente claro que la opción que ofrece no es suficiente para destruir un monopolio, o lograr que un duopolio o un oligopolio dejen de serlo.
“Es que la desconcentración no ocurre por decreto”, señala. “La legislación nicaragüense no contempla la posibilidad de ordenar el desmembramiento de una empresa si es muy grande, pero si a suspender aquellos factores que impiden el ingreso de nuevos competidores”, insistió.
Quizá el elemento más importante de esta Ley de Competencia es que existe, siendo que por décadas las empresas tuvieron la opción de asumir cualquier comportamiento poco ético o anticompetitivo, y hasta ahora es que hay una ley que norma ese tipo de situaciones, y sanciona a quienes recurran a ellas.
“Una de nuestras fortalezas es que tenemos un buen punto de partida, aunque siempre hay algunos aspectos qué mejorar, pero de lo que se trata es de comenzar a aplicar la ley. No estoy diciendo que sea perfecta ni inmejorable. Las cosas siempre se pueden hacer mejor o peor, pero en este caso, tenemos un buen punto de partida”, señaló el Director.
Guzmán explicó que la Ley establece claramente los procedimientos, sanciones, definiciones y rutas a seguir en los procesos legales que deban llegar a conocer, además que no hace falta que llegue un ciudadano a interponer una denuncia, porque “también podemos actuar de oficio”.
Buscan a Procompetencia
En caso que la situación llegue a la necesidad que el Instituto muestre el colmillo, la Ley le confiere la capacidad de ordenar que se suspendan los actos indebidos, así como a imponer multas, y a colocar en una suerte de ‘ostracismo comercial’ a las empresas que se nieguen a pagar esas multas, impidiendo que puedan hacer negocios con el Estado.
La existencia misma de la Ley y del Instituto, ha creado una situación cuando menos, poco usual para la realidad nicaragüense: empresas que se suponen victimas de prácticas anticompetitivas, se les han acercado a plantear la situación en que se encuentran, y usan la información recabada para lograr que su victimario les ofrezca compensaciones por el daño causado.
Hay otras formas en que los agentes económicos (tanto las empresas como las organizaciones de defensa de los consumidores) están empezando a usar la agencia, al buscarlos para tratar de establecer la presunta ilegalidad de determinadas actitudes de sus clientes o competidores.
“Actualmente hay un grupo de empresas, muy grandes, que nos están consultando a propósito de los problemas que tienen con una cadena de supermercados, de las cuales ellos son proveedores, y el problema consiste en que hay una conducta, requisitos y condiciones para que ellos puedan acceder a ese distribuidor, y ellos sienten que son lesivos para sus intereses”, señaló Guzmán.
En el interín (desde su creación, hasta el momento en que los agentes económicos comenzaron a percatarse que existían), el Instituto elaboró un estudio de 14 mercados (azúcar, arroz, carne de res, carne de pollo, harina, leche, aceite comestible, medicamentos, cemento, agroquímicos, hidrocarburos, cervezas, banca formal y telefonía celular), encontrando altos niveles de concentración en muchos de ellos.
Otro caso que podrían comenzar a analizar pronto, les fue planteado por medio de la denuncia de una empresa comercializadora, en contra de un gran productor y comercializador de pan, a lo que se le suma lo que es por ahora la primera sentencia del Instituto, en un caso en el que una pequeña licorera de occidente, se querelló en contra de la Compañía Licorera de Nicaragua, perteneciente al Grupo Pellas.
En efecto, la Cooperativa de Procesadores Artesanales y Distribuidores de Alcohol y Aguardiente “Fernando Ocón Palacios” (COOFOP), demandó a la Compañía Licorera de Nicaragua, por una presunta conducta de competencia desleal y anticompetitiva, al distribuir un aguardiente presentado como ‘Licor Extra Fino’, (para lo que debería tener un 34% de alcohol, teniendo sólo 28%), lo que habría afectado el negocio de la cooperativa.
Después de conocer el caso durante un año, el Instituto ProCompetencia resolvió “no ha lugar” a la denuncia, argumentando que la parte demandante no presentó “ningún elemento de juicio durante el periodo probatorio”.
Estudio confirma: alta concentración
* Índice Herfindahl-Hirschman
En 1950, los economistas Orris Herfindahl y Albert Hirschman, crearon el índice que lleva su nombre, y que se usa para medir los grados de concentración de determinados mercados, decidiendo que una calificación de entre 0 y 1,000 se considera un mercado no concentrado, mientras cualquier mercado o empresa situado entre 1,000 y 1,800 se considera en situación de ‘concentración moderada’, dejando a cualquiera encima de 1,800 con una calificación de ‘concentración elevada’.
Confidencial pidió a un experto que calculara los grados de concentración para siete mercados, (y algunas empresas dentro de esos mercados), en los que no hubo sorpresas.
A continuación se presentan los datos de tres de ellos, mientras que los demás están incluidos en el análisis de cada mercado en particular.
La Red vs. Los bancos
*Representantes de consumidores denuncian al sistema financiero
Pero los grandes panificadores, las cadenas de supermercados y la más grande compañía licorera del país no son los únicos a los que el Instituto ha llegado a importunar: los bancos nicaragüenses (los siete, aún el liquidado Banco del Éxito), están sentados en el banquillo de los acusados, después que el 17 de junio pasado, la Red de Defensa de los Consumidores los acusara de colusión en la fijación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Jorge Rooseess, Coordinador de Políticas Públicas de la Red, señala ufano que ellos (la Red) son “los primeros en presentar un caso en contra del sistema financiero, acusando a los bancos de colusión” para fijar las tasas que cobran por hacer uso del ‘dinero plástico’.
A su juicio, los bancos se pusieron de acuerdo para definir en conjunto los intereses a cobrar a sus clientes por usar sus tarjetas de crédito, lo que les habría permitido a todos fijarlo en alrededor de un 60% de interés anual, al haber eliminado el temor de la competencia entre ellos.
Rooseess piensa que los bancos prácticamente ‘confesaron’ cuando el 31 de mayo pasado, publicaron un campo pagado firmado por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), en la que comunicaban a sus usuarios que habían decidido de mutuo acuerdo hacer una rebaja de diez puntos porcentuales en su tasa de interés más alta, con lo que el límite máximo de la banda, quedaba en 50 por ciento.
“Lo que hicieron se llama confesión de parte, y es una actitud que está prohibida por el artículo 17 de la Ley 601”, recitó el defensor, que también llamó ‘cartel’ a Asobanp, porque “sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, lo que demuestra que no hay una competencia entre ellos, que ayude a equilibrar la oferta y la demanda”.
No fue posible lograr que Asobanp emitiera cualquier tipo de declaración en su defensa, a pesar que esta es una de esas ocasiones en que deberían haber hablado en nombre de la banca nicaragüense, fiel a su principio de emitir opiniones “únicamente cuando se trate de temas gremiales”.
Quien sí habló fue Luis Rivas, Gerente General del Banpro, para explicar que “todos los bancos se fueron de amparo”, y que el tribunal “ya le comunicó a Procompetencia que aceptaba el amparo y que ordenaba la suspensión del acto”.
El banquero argumenta que “la Ley es clarísima: Procompetencia no tiene que pronunciarse sobre eso. La Ley dice que cuando se refiere a entidades reguladas, lo único que Procompetencia tiene que hacer es emitir un dictamen y enviárselo al ente regulador, el cual deberá pronunciarse al respecto en un plazo de 30 días”.
Un juicio en dos vías
De hecho, una de las principales opciones que estaba manejando el Instituto desde antes que la Corte amparara a los banqueros y ordenara ‘suspender el acto’, era emitir su resolución y enviarla a la Superintendencia para que la convirtiera en una norma a cumplir. Mientras tanto, el Instituto tiene un, digamos, ‘Plan B’.
Luis Humberto Guzmán explicó que “el caso no se cae, y puede continuar sin problemas, porque los bancos tomaron caminos distintos. El caso está basado en la misma denuncia, pero ahora sigue por dos conductos distintos: uno en grupo y otro individual”.
En este último caso, se refiere a que en realidad, no fueron todos los bancos los que se ampararon. Sólo lo hicieron BAC, Banpro y Bancentro, mientras que el BDF se abstuvo de desconocer la competencia del Instituto para conocer del caso (alegato que usaron algunos de los bancos), con los tres restantes (CITI, BANEX y ProCredit), acomodados en una especie de compás de espera.
En el caso del moribundo BANEX, el proceso en su contra seguirá hasta que un juez no lo declare en liquidación total, mientras que ProCredit parece estar más tranquilo, a partir de una verdad que parece operar en su defensa: el Banco no emite, usa ni procesa tarjetas de crédito.
Dadas tantas respuestas disímiles, ProCompetencia seguirá un proceso individual contra cada banco, (que podría concluir con la resolución enviada a la Superintendencia, como reclama el Gerente Rivas), aunque “también se puede llegar a ellos a través de Asobanp, que ya no tiene tiempo para ampararse, además que Asobanp no puede alegar que sólo reconocen la supremacía de la SIB, como alegaron los bancos”.
“ProCompetencia necesita mostrar mayor agresividad para actuar de oficio en los 14 mercados que estudió. Investigar a los bancos será una prueba de fuego para ellos, más aún siendo que estamos pidiendo que apliquen a los bancos una multa equivalente al 10% de sus ventas anuales partiendo del mes de junio del 2007, lo que bien podría sumar U$100 millones”, valoró el vocero de la Red
Citi domina tarjetas de crédito
*Más del 60% del mercado
El estudio de los 14 mercados citado antes, señala en relación con la banca nicaragüense que: “con respecto a la emisión de tarjetas de crédito personales, éstas poseen a nivel regional los cobros de intereses más altos. El mercado de emisión se encuentra concentrado ya que la participación de la mayoría de los bancos está por debajo del 12%; sin embargo, CitiBank posee el 60.11% de participación, seguido por el BAC que participa con un 11.31% y Banpro con un 10.63%”.
Añade, (coincidiendo con lo que los usuarios saben desde hace mucho tiempo) que “la tasa de interés anual que cobran los emisores de tarjetas de crédito a sus tarjetahabientes es de un promedio base del 60% anual, el cual es injustificadamente alto”.
“Por su parte, las imperfecciones de mercado, derivadas de la información asimétrica, son especialmente importantes para la competencia en el sector de tarjetas de crédito, donde los bancos grandes cuentan con mayores recursos para el acceso a la información, así como mayor capacidad de reclutamiento y proyección”, continúa.
Finalmente, concluye que “en el país han surgido grandes conglomerados que han logrado una creciente participación en todos los segmentos del mercado de crédito, afectando la participación de los bancos de tamaño reducido. Cabe destacar particularmente el caso del BAC, entidad que pertenece al grupo económico más grande del país, y que ha ido consolidado su participación en los segmentos comercial y personal, hipotecario, tarjetas de crédito y agrícola. Esta situación tiene efectos adversos para la competencia y dificulta el ingreso de nuevos competidores en el mercado”.
Un mercado para dos
Celulares: grita el consumidor
*Claro y Telefónica
Con sólo dos empresas sirviendo al sector de la telefonía celular, resulta evidente que se trata de un mercado altamente concentrado en el que ambos operadores (ENITEL y Telefónica) aseguran ofrecer el mejor servicio, el mejor precio y las mejores promociones, obviando –ambas- que es verdad que sí compiten, pero sin bajarse del extremo alto de la banda de precios.
Así, aunque mucho ha cambiado desde que en 1992 se hiciera la primera llamada celular en el país, (cuando un minuto costaba U$0.90 para ambos usuarios a la vez), las empresas de celulares ofrecen tarifas de hasta U$0.40 por minuto, cuando en Costa Rica, por ejemplo, el monopolio estatal (en teoría, la peor de las combinaciones), es capaz de ofrecer el minuto a U$0.05.
En respuesta a sendos correos electrónicos enviados a Roberto Sansón, Gerente General de Enitel y a Matías Señorán, Gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica en Nicaragua, ambos funcionarios aseguran encontrarse inmersos en una competencia feroz, la que sería beneficiosa para el país, y aseguran que la entrada de un tercer competidor no necesariamente significaría mejores precios, aparatos y servicios para la clientela.
Sansón asegura que “en el caso de Nicaragua la competencia en telefonía celular es feroz y ambas empresas competimos por cada palmo del mercado. Esto se ve tanto en las ofertas masivas, como residenciales, pymes y corporativas. Afecta todos los ámbitos de la empresa y se ve principalmente en el ambiente promocional que tiene” cada una.
Señorán por su parte, expresa que “como Telefónica movistar mantenemos una estrategia comercial enfocada en el cliente de modo que garantice una efectiva comunicación. En la compañía ofrecemos una oferta diferencial y competitiva basada en las condiciones del mercado, de modo que garanticen beneficios en precio y consumo para nuestros clientes”.
Ciertamente, parece poco probable que alguien pueda acusar a Enitel y Telefónica de ponerse de acuerdo para decidir precios. De hecho, lo más probable es que ambas sean ‘culpables’ de haber decidido competir vía servicios, productos y calidad del servicio, pero no en precios.
Tan seguros están del grado de confort que les reporta el esquema actual, que ambos gerentes aseguran que nada cambiaría, aún con la entrada de un tercer competidor a escena.
Sansón argumenta que “a veces la gente cree que necesita más empresas para que haya más competencia, pero la competencia es un medio, no un fin en sí mismo. No es sólo competir por competir. Más jugadores no siempre es mejor, y lo hemos visto, por ejemplo, en los bancos. Lo importante es la calidad de los jugadores, y en Nicaragua están las dos mejores empresas del sector, lo que hace la competencia muy fuerte. Ambas empresas están acostumbradas a competir entre ellas en muchos países y con muchos otros operadores distintos”.
¿Qué cambiaría si las empresas de telefonía celular profundizaran su nivel de competencia entre ellas? ¿Podrían los usuarios conseguir mejores precios?
Lo dudo, pues los precios ya están bastante accesibles, especialmente en prepago, y los precios dependen de la estructura de costos de interconexión nacional e internacional y otras variables, que son de estructura de mercado y no varían por más competidores. Sí podría variar si por ejemplo se pagaran menos impuestos por los teléfonos que se importan al país, porque Nicaragua es el país más caro para importar teléfonos en toda Centro América. Pagamos el 22%”, dijo Sansón.
Señorán de Telefónica, respondió por su parte a esta misma pregunta, diciendo que “nuestro mercado está en constante movimiento y siempre evolucionamos y creamos nuevas ofertas comerciales, adaptadas a las necesidades de los consumidores. El hecho que haya más operadores no significa necesariamente que haya mejores precios. Incluso podría significar lo contrario. Existen otros países de la región donde hay más de dos operadores y las tarifas son más altas.
“Ser competitivos como empresa implica más factores que el precio: podemos hablar de calidad, del servicio, y de los servicios de valor agregado. El hecho que haya dos competidores ofrece a los consumidores las opciones necesarias para elegir. El mpromiso de movistar es garantizar la mejor comunicación al mejor precio”, concluyó.
Finalmente, ambas empresas aseguran estar cumpliendo con los preceptos de la Ley de Competencia, y tener departamentos legales que dominan su contenido, de modo que están convencidas que no necesitan hacer cambios.
Dos gigantes extranjeros dominan el mercado
Cemento: “negocio carísimo”
*Cemex vs. Holcim
Después de funcionar como un monopolio a lo largo de varias décadas, (con cemento CANAL como única referencia en el país) el mercado del cemento se abrió a la competencia con la entrada de la suiza Holcim a Nicaragua en 1997, aunque para entonces, la Compañía Nacional Productora de Cemento, había sido adquirida por la mexicana Cemex.
Aunque la diversificación del negocio (no sólo venden cemento en bolsas, sino también concreto premezclado, adoquines y ‘agregados’) hace que sea difícil precisar con exactitud el tamaño del negocio de cada una, un cálculo a grandes rasgos otorga el 40% del mercado a Holcim, dejando a Cemex en una posición dominante, al controlar el 40% restante.
Andrés Jiménez, Gerente General de la compañía de origen mexicano, señala que “este es un mercado totalmente abierto” en el que cualquiera puede importar producto y venderlo por su cuenta, detallando que a Nicaragua “llega cemento proveniente de Honduras y Costa Rica, según las necesidades de cada cliente.
“La dominancia la da el mercado, que es el que al final expresa su preferencia por una marca y por un producto. Se trata en este caso, como un matrimonio en el que todos los días hay que estar enamorando a la señora para que lo prefiera a uno”, compara.
Dolores Prado, Gerente de Holcim Nicaragua, también usa el símil del matrimonio para explicar la relación entre su empresa y el mercado, al que han tratado de surtir de forma ética, y cumpliendo no sólo las leyes de competencia vigentes en Nicaragua, sino las de cualquier parte del mundo, para evitarse sorpresas.
A partir de ahí, Jiménez, de Cemex, prefiere hablar de “dos competidores dominantes”, que han creado un mercado surtido “con precios justos y de forma competitiva”, tanto en lo que se refiere a calidad, como al servicio, por lo que, a su juicio “ha sido bueno para el mercado”.
No hay lugar para un tercero
Coincidiendo con Jiménez, Dolores Prado, de Holcim, ofrece como prueba de la bondad del sistema actual, el hecho que “el precio del cemento no ha subido ni el 5% en los últimos años, mientras veíamos subir el del hierro o el del zinc”.
En referencia a la posición alcanzada (después de todo, comenzaron desde cero), Prado asegura que lo han logrado gracias a que hicieron grandes inversiones para posicionarse, lo que en su caso puede superar los U$200 millones, pero por eso mismo duda de la posibilidad de que entre un tercer competidor (aunque existe un par de ‘pesos pesados’ más en el mundo), dado el alto nivel de inversiones a realizar, y a que “la rentabilidad es a muy largo plazo”.
“Se necesitan más de diez años para rentabilizar tu inversión, y el mantenimiento de la planta es carísimo, además que de forma constante hay que estar ampliándola, o agregando nuevas líneas de producción para satisfacer la demanda del mercado”, explicó.
Jiménez agrega otro dato por el que le parece poco probable que un tercer competidor pueda entrar al mercado con buena fortuna, al decir que “este es un mercado con poco consumo per cápita de cemento; con apenas 5.8 millones de habitantes, lo que explica que en muchos segmentos sólo haya una o dos empresas grandes atendiendo el sector. ¿Por qué no hay una tercera empresa imprimiendo diarios o prestando el servicio de telefonía celular?”, cuestionó.
Finalmente, la gerente de Holcim explicó que la ubicación geográfica de las plantas productoras (que termina definiendo en gran medida el costo final del transporte), es la razón por la que cada empresa parece tener un ‘mercado natural’ para sus productos.
“En nuestro caso, cubrimos Managua y occidente, porque nuestra planta está en Nagarote, mientras la competencia (Cemex), también cubre la capital, así como el sur oriente del país, dejando la zona norte y centro del territorio nacional como una zona en la que “se compite por precios y por tradición”, explicó.
Azúcar: un solo comercializador
*4 productores
Si la Red de Defensa de los Consumidores considera que la publicación del comunicado de Asobanp informando de la rebaja en las tarjetas de crédito es una ‘confesión de parte’, la situación de la industria azucarera no parece tener defensa desde el punto de vista legal.
De hecho, René Blandón, Gerente General de la Central Azucarera de Nicaragua, no intenta negarlo cuando se le pregunta si considera que esa industria se ha constituido en un oligopolio, aprovechando que hasta hace unos pocos años ni siquiera existía una ley de competencia.
“No soy abogado. No domino los temas legales”, asegura recomendando hablar con Mario Amador, Gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), para tratar de entender cómo es que los cuatro ingenios del país terminaron creando una empresa (CAN), que se encarga de la comercialización interna del azúcar, vendiéndola toda a los mismos precios dentro del país.
“Es verdad que tenés todas las características de ser un oligopolio o cartel, pero estás trabajando en beneficio del consumidor. Les demostramos con facturas que el precio del azúcar al consumidor final era más alto en el resto de Centro América”, dijo Amador, quien recordó que cuando la ley estaba en discusión, “el MIFIC nos dijo que mientras siguiéramos beneficiando al consumidor, no había problemas con nuestro esquema”.
Añade que “estuvimos en las discusiones con el MIFIC y participamos de la elaboración de la Ley, y ese conocimiento nos da la certeza de que no la estamos violando, porque esta establece que cuando la práctica beneficia al consumidor es positivo y en nuestro caso, los precios son mucho menores que en el extranjero, sea que la compre en Managua, Rivas u Ocotal”.
Falta una ‘Ley del Azúcar’
“Ese es el argumento que usan los carteles. Por nuestra parte, nosotros estamos investigando la supuesta protección del mercado vía precios y sólo puedo decir que hemos avanzado en esa dirección”, expresó Luis Humberto Guzmán, Director de ProCompetencia.
Al presentar el cuadro completo, Blandón, gerente de la compañía azucarera, asegura que “los países productores de azúcar en Centro América operan de forma similar, porque hay sistemas que obligan a ordenar los aspectos comerciales de la industria para satisfacer la demanda”.
Añadió que “la zafra dura sólo seis meses, pero la demanda se mantiene los doce meses del año, lo que implica un alto costo financiero en bodegas, seguros, etc. La existencia de la CAN garantiza orden y garantiza que no haya escasez. De hecho, si hubiera un esquema como este para los frijoles, no estaríamos viendo esta escasez”, soltó.
En caso se vieran obligados a tener que competir entre ellos, Blandón adelanta que “sería necesario dictar una ‘Ley del Azúcar’, para impedir que una baja internacional en los precios llevara a la quiebra alguno de los ingenios (como ocurrió con el Kukra Hill, el ‘Javier Guerra’ y el ‘Victoria de Julio’ en 1999), o para impedir que en caso de buenos precios internacionales, los ingenios no vayan a vender todo el producto en el extranjero, dejando desabastecido al mercado nacional”, puntualizó.