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En Nicaragua, el Legislativo abrió las puertas a las "intervenciones telefónicas"

Caso Colombia: Cómo se espía desde el gobierno

* Una intrincada trama de espionaje ordenado por el Ejecutivo colombiano contra jueces, políticos de oposición, ONG de derechos humanos y periodistas
* Procuraduría colombiana investiga y sanciona a los principales involucrados en espionaje oficial.

Carlos Salinas Maldonado | 5/10/2010
@CSMaldonado

Un escándalo de espionaje al mejor estilo de Hollywood ha puesto contra las cuerdas a la principal agencia de inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Una serie de reportajes publicados por la prestigiosa revista Semana, de Bogotá, revela una serie de escuchas ilegales, espionaje y amenazas contra destacados personajes de la vida política colombiana, incluyendo miembros de la Corte Suprema, ex presidentes de la República, políticos de opositor y hasta periodistas.

La revista, además, revela una intrincada trama de venta de información a paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y oscuros intereses políticos que pagan millones de pesos colombianos a cambio de que el DAS investigue de forma ilegal a un personaje que está en la mira de estas organizaciones o venda información sobre la vida privada de políticos o jueces.

El escándalo, investigado por la Fiscalía colombiana, puso en aprietos a la Administración del ex presidente Álvaro Uribe, ya que muchas de las órdenes de espionaje salían de Casa de Nariño, la sede de la presidencia. Las cabezas de altos directivo del DAS comenzaron a rodar desde que Semana destapó el escándalo.  Por sus investigaciones, la revista obtuvo en septiembre el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que entrega el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Caso Colombia: advertencia para Nicaragua

El caso del espionaje en Colombia puede ser representativo para Nicaragua. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una ley de lucha contra el crimen organizado, que en su artículo 62 establece las intercepciones de comunicaciones en el caso de los delitos previstos en ese reglamento.

Las intercepciones de las comunicaciones deberán ser solicitadas por el Fiscal General de la República o el Director General de la Policía. Los jueces penales pueden autorizar o impedir las escuchas telefónicas, establece la ley.

La intervención podrá ordenarse y realizarse antes o durante el proceso penal. En este último caso, la resolución se mantendrá en secreto y sólo se introducirán al proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en materia de intervenciones telefónicas. La intervención ordenada se autorizará hasta por un plazo máximo de seis meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el  juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga de hasta seis meses”, se lee en el artículo 62.

¿Quién se encargara de realizar estas escuchas? La ley establece que la Policía Nacional podrá delegar a uno de sus miembros para que realice la interceptación de las comunicaciones e informe a sus superiores y al Ministerio Público. “Los medios en los que se hagan constar las grabaciones serán custodiados por la Policía Nacional”, establece el reglamento.

Una vez que el material sea utilizado, el juez encargado del caso investigado ordenará la destrucción del material grabado, siempre y cuando se haya dictado sentencia de culpabilidad o sobreseimiento del caso, “salvo que, previamente a solicitud del fiscal se requiera la entrega de las grabaciones para ser aportadas en otro proceso o para efectos de auxilio o colaboración internacional. En todo caso, ordenará la destrucción de las conversaciones e imágenes que no tuvieran relación con lo investigado, salvo que el acusado solicitare que no se destruya para su defensa”, ordena la ley.

La trama colombiana

Los reportes de Semana movilizaron de inmediato a la Fiscalía de Colombia, que desde el mismo día que se publicó el reportaje comenzó una investigación en el DAS, un gigante colombiano que mantiene oficinas clandestinas en varios puntos de Bogotá, desde donde sus detectives “pinchan” teléfonos o rastrean cuentas de correo electrónico. La investigación de la Fiscalía “deja al descubierto que desde hace varios años el DAS se ha convertido en una impresionante estructura de espionaje de la cual han sido víctimas los más variados y distinguidos personajes de la vida nacional”, explica una nota de seguimiento de Semana.

El escándalo de espionaje ha sido tan grave, que la Fiscalía reconoció que las escuchas y seguimiento ilegales incluían al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos; el ministro de Defensa, Rafael Pardo; el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, al ex presidente colombiano César Gaviria y al que llegó a ser director del DAS, Andrés Peñate. “Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS”, afirmó a la revista un detective que trabaja en la Subdirección de Operaciones del órgano de inteligencia.

Los casos de espionaje más sonados, sin embargo, han sido los que afectan a miembros del Supremo colombiano. “Desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros”, agregó la fuente de Semana. Uno de esos “blancos” ha sido el magistrado auxiliar Iván Velásquez, jefe de la investigación del escándalo conocido como la “para-política” que revelaba la vinculación de políticos (algunos de ellos diputados oficialistas) con paramilitares, los grupos armados de forma ilegal que representan intereses de la extrema derecha colombiana.

“A Velásquez no lo dejan solo un minuto, según se desprende del informe del DAS”, asegura Semana en sus reportajes (los hallazgos de la revista se recogen en un documento de 42 páginas preparado por Ipys). Al magistrado la DAS le “pinchó” sus teléfonos y durante tres meses interceptó 1.900 llamadas “en las cuales hablaba con Raimundo y todo el mundo: los magistrados de la Corte Suprema, los fiscales de Justicia y Paz para saber qué revelaban los paramilitares, con la oficina de protección de testigos de la Fiscalía para saber quién se iba a entregar, con testigos de la para-política, entre cientos de otras llamadas”.

Saber todo sobre los magistrados

El espionaje a los miembros del Supremo Colombiano responde a un enfrentamiento entre la Corte y la Presidencia de Uribe, por lo que la orden era “saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos”, aseguraron las fuentes consultadas por la revista. ¿Quién daba las órdenes para realizar el espionaje? Pues nada menos que Casa Presidencial.

“Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director”, dijo un funcionario del órgano de inteligencia.

Sin embargo, este ilegal juego de espionaje se convirtió en un arma de doble filo para los funcionarios de la Presidencia. Según las fuentes, algunos funcionarios del DAS obedecían con gusto las órdenes de espionaje para ganar puntos con el Ejecutivo de Uribe, pero a la vez iniciaban investigaciones secretas a los funcionarios que les pedían favores, información que luego fue usada como chantaje. “El sistema es similar al que usaba la KBG, el organismo de inteligencia de la antigua Unión Soviética, en donde 'chuzar' a los propios miembros del Partido era una forma de garantizar lealtades”, explica Semana.

Espionaje a periodistas

Pero las posibilidades de espionaje desde el DAS parecen infinitas. Destacados periodistas, editores y directores de influyentes medios de comunicación (incluida la misma Semana) fueron objeto de investigaciones por parte de los detectives del órgano de inteligencia Colombiano. La finalidad, según trabajadores de la organización era informar al Gobierno qué estaban investigando los medios, “con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas”, es decir, tener una respuesta de antemano cuando se enteraban de un escándalo que podía salpicar al Ejecutivo.

“Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'linea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan”, explicó un detective de la dirección de Contrainteligencia.

“En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo”, agregó.

El “bisne” de la venta de información

El espionaje a relevantes figuras de gobierno, políticos, jueces y periodistas no es el único escándalo que empaña la figura del órgano de inteligencia. Semana señala que eso es “sólo” la punta del iceberg.

La información es poder, afirma el dicho, y la DAS cuenta con un poder descomunal. Muchos funcionarios de la institución aprovecharon la facilidad que tienen para husmear en la vida privada de decenas de personas para negociar con esa información. Así, muchos de los datos fueron vendidos a paramilitares, guerrilla, narcos y políticos contrarios. O borrados a cambio de dinero. Estas organizaciones encontraron en el DAS “una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor”. Tan grave fue esa situación, que el ex jefe de Informática del órgano de inteligencia, Andrés Peñate, fue aparar a la cárcel por la venta de antecedentes “judiciales a peligrosos delincuentes”.

Uno de los casos  más sonados fue el de un narcotraficante Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, quien pagó diez millones de pesos colombianos a un miembro de la DAS a cambio de que “pinchara” el teléfono de uno de sus socios, con el fin de saber si el delincuente lo traicionaba. El negocio fue lucrativo, y se implementaron hasta tarifas diferenciadas según el tipo de “trabajo”, como explicó un técnico de la DAS: “Por 'meter' el número de un fiscal durante un mes se cobra entre 100 y 150 millones de pesos. Por interceptar un policía la cifra oscila entre los 50 y 80 millones, dependiendo del rango y el cargo”.

Pero también se vende información confidencial sobre operaciones del Ejército. “No menos grave resulta que documentos confidenciales del DAS, en donde hay detalles sobre operaciones o eventuales capturas de peligrosos delincuentes, terminen en manos de quienes están siendo investigados”, advierte la revista. Semana se refiere al caso de integrantes de la organización guerrillera de corte marxista-leninista, Ejército de Liberación Nacional (ELN). A finales de 2008 el Ejército colombiano encontró en las computadoras de miembros del ELN informes completos enviados desde la DAS, que incluían detalles secretos de una operación contra el ELN en varias zonas de Colombia.

“Los militares no entendían por qué esa información confidencial estaba en manos de los guerrilleros. Situaciones similares de fuga de información a algunos de los delincuentes más buscados de la actualidad, como el narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera, o el paramilitar, alias 'Cuchillo' también se han presentado”, afirma la revista.

Como en toda trama de complicado espionaje, también ha habido muertos. Algunos, dentro de las filas del DAS, donde hay funcionarios descontentos con la corrupción que impera en la organización. Una de ellas fue la detective Andrea Flores, quien en octubre de 2007 “se dio cuenta de cómo información confidencial que ella manejaba terminaba en manos de la organización del jefe paramilitar 'Cuchillo' que opera en los Llanos”. La funcionaria se decidió a denunciar ante la Fiscalía estas irregularidades, incluyendo pruebas de los hechos. Sin embargo, antes de poder hacerlo fue asesinada.

“La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS", dijo un detective del DAS.

Opositores, ONG de derechos humanos, en la mira

Las investigaciones de Semana levantaron ampollas en amplios sectores del Ejecutivo de Uribe. La primera reacción del Gobierno fue negar los hallazgos, afirmando que no había pruebas del espionaje. Luego, el Gobierno dijo que esas acciones se habían dado sin el conocimiento de la Presidencia. La presión fue tal que el presidente Álvaro Uribe ordenó el cierre de las salas de intercepción del DAS.

La investigación realizada por la Fiscalía dio sus frutos rápidamente. Por los pasillos del DAS comenzaron a rodar las cabezas del altos funcionarios. Los primeros en renunciar fueron la subdirectora de Operaciones de Inteligencia, Martha Leal; el subdirector de Análisis, Gustavo Sierra; el Jefe de Inteligencia, Fernando Tabárez…

“A pesar de las continuas desmentidas del gobierno (…), cada vez hay más indicios de que lo del DAS no es un tema de unas manzanas podridas y de unos pocos funcionarios medios que andaban chuzando y siguiendo a personalidades por cuenta propia. Las conclusiones son aterradoras.

Según se desprende de las investigaciones, desde por lo menos 2004 "el DAS hizo seguimientos ilegales a ONG de derechos humanos, políticos de izquierda y de oposición, periodistas y magistrados”, concluye Semana.

Comentarios

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carlos cataño

"Maldito elHombre que cree en el hombre" frase que pregona nuestra sagrada biblia y que nos pone a pensar si es cierto eso de creer lo que dicen losmedios a cerca "del mejor presidente dela Historia de Colombia, quien ha salido a defender a sus subalternos a sabiendas que toda esa marazma delincuencial no tiene otro camino que la presidencia de la República, quien es el jefe inmediato del D.A.S. por lo que no se extrañen cuando salgan las noticias investigando directamente alseñor ALVARO URIBE VELEZ,persona que fungía como presidente de la república en uno de los momentos mas críticos de este escandalo. hasta cuando dejaran de tenerle miedo y comenzarán a realizarle sindicaciones directas a este señor, que al igual que Pablo Escobar realizó muchas cosas buenas como el barrio que donó a los pobres de Medellín sin tugurios,pero que no dejaba de ser uno de los delincuentes mas buscados de Colombia. En estos momentos todos los caminos conducen es a esteseñor ALVARO URIBE VELEZ, persona que funge nuevamente como elseñor de las sombras detras de todo este entramado contra las Cortes y contra todo lo que oliera a crítica a sus actuaciones y las de sus subalternos.

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