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Para construir aeropuerto con fondos del BID, asegura propietario afectado

Denuncian confiscación en San Juan de Nicaragua

*Autoridades alegan que la propiedad está en un área protegida, aunque la construcción del proyecto causaría enorme impacto ecológico, asegura el afectado, Julio César Chamorro.

Alvaro Navarro | 29/9/2010
@NavarroNewsNic

Una finca localizada en el municipio de San Juan de Nicaragua, del departamento de Río San Juan, propiedad del señor Julio César Chamorro y que pertenece a su familia desde hace tres generaciones, está ahora de forma ilegal en manos del gobierno, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara la anulación de los asientos registrales y ordenara inscribirla a nombre del Estado, denunció el afectado en el programa televisivo “Esta Noche”.

En esta confiscación, según el señor Chamorro, hubo una confabulación entre la PGR, el Registro Público, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), la Intendencia de la Propiedad y la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, a pesar que dicha finca nunca fue confiscada.

El propietario de la propiedad, explicó en el programa “Esta Noche” que se transmite por Canal 12, que inició una batalla legal desde el 2009, año que mandó comunicación a las autoridades del INTUR para encontrar una salida negociada, no obstante, aseguró que no ha recibido ninguna respuesta oficial.

“Yo me reuní el 8 de marzo con el Ministro (Mario) Salinas para llegar a una negociación y fue rotundamente negativa. El no quiso negociar aduciendo que ya no iban a necesitar la propiedad, que la Alcaldía de este municipio les había otorgado otra propiedad para construir este aeropuerto, sin embargo el 12 de marzo se procedió a la confiscación de mi propiedad”, lamentó.

Por su parte el abogado de Chamorro, José Tomás Murillo, explicó que una vez que se ejecutó la confiscación a través del cambio de nombre en el registro, introdujo un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, donde los magistrados de dicha instancia judicial fallaron a favor del demandante y ordenaron reinscribir la finca a su nombre.

Sin embargo, posteriormente, el expediente pasó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados sandinistas, “emitieron un auto en el que mandan a regañar a los magistrados del Tribunal de Apelaciones y les dicen que ellos no tienen porqué pronunciarse con la suspensión del auto, pero el artículo 37 de la Ley de Amparo, sí le da las facultades al tribunal para conocer”, señaló el abogado.

El afectado declaró que los únicos alegatos del gobierno para echarle manos a su propiedad giran en torno a que la finca se localiza en un área protegida, sin embargo, aclaró que en el año 1989 “el Presidente de la República emitió un decreto donde se crean las áreas protegidas del sureste de Nicaragua y en un artículo dice que todos los ciudadanos que conviven en las áreas protegidas estarán sometidos a las orientaciones del  MARENA, y yo he estado sometido a las orientaciones del MARENA donde dice que ahí donde está mi finca es para uso y desarrollo del turismo de impacto medio y en eso estamos, nosotros pretendemos desarrollar un proyecto turístico ahí”

Igualmente dijo que desde hace 30 años ellos no han cortado un solo árbol y “ahora el gobierno con esta pista, lo que va a hacer es un desequilibrio ecológico de gran magnitud”.

El proyecto tendrá un costo de 20 millones de dólares, los cuales deberá financiar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo cual también hicieron del conocimiento de su representante en Nicaragua, la señora Mirna Liévano, a quien solicitaron no realizar el desembolso hasta que no se aclare definitivamente el conflicto por la propiedad.

Comentarios

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Gerardo Javier perez

asi estamos ahora le falta pelear con los indigenas que se arrogan ser dueños de la mitad de nicaragua y con todo este irrespeto a la propiedad privada cuando nso vamos a desarrollar lso nicaraguenses si siempre los ams haraganes demanadan derechos sin trabaajr y nunca tienen obligaciones.

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