El presidente Daniel Ortega demostró que está dispuesto a todo para lograr su reelección. Incluso cambiar a su antojo la Constitución política. La publicación en La Gaceta de una “nueva” Carta Magna que incluye todas las reformas constitucionales realizadas en los últimos 20 años, es el paso más extremo en la estrategia del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para garantizar que su candidato en las elecciones de 2011 será el mismo de siempre: Daniel Ortega.

Una semana después, Ortega buscaba desesperadamente un acercamiento con la directiva de la Asamblea Nacional usando como pretexto la emergencia provocada por la tormenta tropical “Matthew”.

Hasta ahora Ortega había apostado a su control en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para maquillar de legalidad sus ardides políticos. Pero hace una semana el mandatario hizo uso de una carta que había movido con prudencia. Si en la Corte el magistrado Rafael Solís garantiza los fallos favorables para el oficialismo; esta vez Ortega acudió al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, para sellar constitucionalmente el decreto 3-2010 que el presidente emitió en enero y que desató la actual crisis política.

Con ese decreto Ortega ordenaba mantenerse en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos a quienes se les venció su periodo constitucional. La idea, explicó el presidente, era evitar un vacío de poder y una crisis que desestabilizara las instituciones, incluidas la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral (CSE). Sin embargo, lo que logró Ortega fue mantener su control en esos poderes, obligar a la oposición a negociar bajo sus términos y avanzar en su proyecto reeleccionista.

A finales de abril, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que había encontrado una disposición constitucional que legitimaba ese “decretazo”: René Núñez desempolvó el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, una disposición creada en el crítico contexto político de finales de los ochenta. El segundo párrafo del artículo 201 facultaba a los magistrados de la CSJ y del CSE y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores.

Desde entonces, diputados opositores, juristas y constitucionalistas se devanan los sesos para interpretar la vigencia de esa disposición constitucional, pero fue el mismo Núñez quien cerró cualquier grieta que permitiera interpretaciones al publicar el 16 de septiembre pasado en La Gaceta una Constitución política a la que se le agregaron todas las reformas aprobadas desde 1990, incluido el controversial segundo párrafo del artículo 201.

Núñez no sólo creaba una “nueva” Constitución, si no que demostraba que en Nicaragua los juegos políticos no entienden de límites legales ni constitucionales. Según el filósofo y experto constitucionalista Alejandro Serrano Caldera, con esta disposición se creó un peligroso precedente que pulveriza las bases jurídicas y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Tímida respuesta opositora

La última jugada política del oficialista FSLN dejó pasmada a una desarticulada oposición. El golpe vino por donde menos se lo esperaban. Desde entonces, los llamados ‘opositores’ han demostrado su incapacidad para llegar a un acuerdo que desmonte el mamotreto legal creado por Núñez. La semana pasado ni siquiera pudieron evitar una sesión parlamentaria en la que el oficialismo envió a comisión la reforma al Presupuesto hecha a su medida por el Ejecutivo. Había un acuerdo entre bancadas opositoras para no sesionar, pero al final los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) le dieron su respaldo a los del FSLN.

Las acusaciones entre sus señorías no se hicieron esperar, sumergiéndose en discusiones estériles que demostraban que el verdadero poder en la Asamblea Nacional lo ostenta el Frente Sandinista. Y como muestra de eso, el presidente Ortega solicitó (y obtuvo) una reunión de urgencia con la Directiva de la Asamblea, controlada por su partido, a la que sólo asistieron representantes del FSLN, ALN y el diputado Juan Ramón Jiménez. Los opositores también habían solicitado reunir a la Junta Directiva, sin lograrlo. La idea era exigir que esta declarara ilegal el llamado “gacetazo”, sometiera a discusión una iniciativa que deroga el “decretazo” de Ortega y conformara una comisión para iniciar el proceso de destitución de Núñez. El “gacetazo” es el “último atropello” del presidente Ortega a la institucionalidad, dijo el diputado opositor Eduardo Montealegre.

Para Serrano Caldera la tímida respuesta de la oposición demuestra la “inconsistencia” de los partidos y movimientos que la conforman. “Hemos llegado a un teatro de anuncios. Las bancadas opositoras han anunciado medidas que no se adoptan”, dice. La oposición, agrega el doctor Serrano, se ha sumergido en un “juego de negociaciones políticas que deja en la incertidumbre a todo el país”. Serrano Caldera afirma que la oposición, principalmente la parlamentaria, tendrá que hacer frente a sus debilidades antes de pretender plantar cara al Ejecutivo. Se trata de vencer sus contradicciones internas, terminar con los enfrentamientos y choques que la fragmentan, y superar sus carencias de iniciativas frente a los abusos de la Administración de Ortega.

La ilegalidad del “gacetazo”

Hasta ahora el presidente de la Asamblea Nacional se ha salido con la suya. Incluso ya anunció que se publicarán miles de ejemplares de la “nueva” Constitución para reemplazar al texto actual que rige al país. Esta acción, la del “gacetazo”, es para el doctor Serrano Caldera “ilegal e inconstitucional”, porque, entre otras cosas, René Núñez, aunque sea el representante legal de la Asamblea Nacional, “no puede hacer unilateralmente lo que quiera”.

Núñez defendió su acción y dijo que con ella pretendía ordenar las reformas sufridas por la Constitución. “Esta es la primera vez que se publica la Constitución Política con todas sus reformas incorporadas, de forma que se subsana todo lo que debió de haberse subsanado en el 95, en el 2000 y el 2005”, explicó la semana pasada el diputado sandinista.

Sin embargo, la decisión del presidente del Legislativo da un golpe al orden constitucional del país. “Esto es muy delicado porque de alguna manera se deja la existencia de las normas constitucionales en manos de una voluntad unilateral”, explica Serrano Caldera. El “gacetazo”, agrega, “introduce un elemento de incertidumbre jurídica en materia constitucional sin precedentes”, es decir que esta acción auspiciada por el Ejecutivo transfiere la potestad de reformar la Constitución en manos de un grupo de personas que podrían responder a intereses políticos, en este caso a los del FSLN.

Es la misma Constitución la que establece los procedimientos para su reforma. En el artículo 191 establece que es la Asamblea Nacional la facultada para reformar la Carta Magna, siempre y cuando la iniciativa de reforma corresponda a la mitad más uno de los diputados. Esa iniciativa, según el artículo 192, deberá señalar los artículos y los motivos por los que se pretenden reformarlos. Una comisión especial deberá estudiar la iniciativa y dictaminarla en un plazo de 60 días. La iniciativa, agrega el artículo, deberá ser discutida en dos legislaturas.

Para el doctor Serrano Caldera, detrás del apresurado ejercicio legislativo de René Núñez, “se trasluce un marcado interés político”. Es decir, hemos llegado a un nivel en el que la Constitución es el objeto a la mano de los políticos para que sea manipulada a su antojo. “La política se lleva al extremo de realizarse a costa de la Constitución, de las bases constitucionales e institucionales del país”. La iniciativa de Núñez, agrega el analista, “introduce devaluación muy sensible de lo que es la estabilidad constitucional”.

El fin no justifica los medios

La compleja situación política en la que el presidente de la Asamblea Nacional sumió al país, tuvo un respiro la semana pasada por la llegada del huracán Matthew, pero se sumó a las jugadas políticas realizadas por el FSLN con una sola finalidad: garantizar la reelección de Ortega.

Aunque el presidente cuenta desde octubre de 2009 con un fallo de la Sala Constitucional de la CSJ que declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución, abriéndole las puertas para la reelección, el mismo Ortega parece no estar tan seguro de la legitimidad de esa medida, por lo que apunta a una reforma constitucional que selle su candidatura para 2011. Es una carrera contra tiempo, porque la segunda legislatura termina en diciembre, por lo que la maquinaria del oficialismo mueve todas sus piezas para garantizar a Ortega, antes del 15 de diciembre, la anhelada reforma.

Hasta ahora ésa ha sido la única batalla ganada por la oposición: una reforma necesita de la aprobación con los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea, es decir 56 votos, que hasta ahora el oficialismo no ha podido conseguir, a pesar de contar en muchas ocasiones con aliados en la ALN y otras bancaditas parlamentarias. Sin embargo, ya el cerebro político del Frente en la Corte, Rafael Solís, advirtió que su partido hará de todo por conseguir los 56 votos. “No creo que el Gobierno, el Presidente o el Frente consideren alargar ese periodo (15 de diciembre), porque el próximo año ya son las elecciones”, dijo Solís.

“La única forma de legalizar y legitimar la reelección es una reforma constitucional, porque la sentencia de la Sala Constitucional no tiene consistencia jurídica constitucional. Pareciera que Ortega no se conforma con esa resolución, y de alguna manera tiene dudas de la legalidad de la sentencia. El interés es que eso sea subsanado con la reforma al artículo 147”, explica Alejandro Serrano Caldera.

Serrano Caldera, quien llama “avalancha de argucias sin precedentes” a todos los ardides legales desarrollados desde enero, afirma que en Nicaragua se han transgredido todas la reglas institucionales que garantizan un sano juego político. “El derecho político a buscar ventaja para un político o grupo político tiene un límite, que es la institucionalidad, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, explica. “No podemos ser transgresores del Estado de Derecho y meter en el juego de argucias políticas las bases de nuestra vida institucional”, agrega el filósofo. En la política nicaragüense, sin embargo, parece firme la idea de que el objetivo justifica los medios.

Violación tras violación

Para el doctor Alejandro Serrano Caldera la publicación en La Gaceta, el 16 de septiembre, del texto de la Constitución Política integrando todas las reformas realizadas desde 1990, es una transgresión más que se hace a las leyes y el orden constitucional del país desde enero de 2010, cuando el presidente Daniel Ortega emitió su cuestionado decreto 3-2010. “Estamos en una situación de crisis institucional manifiesta en una serie de irregularidades jurídicas que ya son regla general”, dice Serrano Caldera. En su decretazo, agrega el analista, Ortega violó varios preceptos constitucionales:

Artículo 150: “Son atribuciones del Presidente de la República las siguientes: 1. Cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan (…)”. Para el doctor Serrano Caldera, el Presidente no tiene la facultad para prorrogar el periodo de los funcionarios.

Artículo 183: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución política y las leyes de la República”.

 Artículo 138: El que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional, entre las que se mencionan: “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”.