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Más de 20 años de autonomía no han cambiado la realidad de atraso de la Costa Caribe

Caribe entre pobreza y narcotráfico

Siete de cada diez pobladores del Caribe nicaragüense opina que las autoridades electas en anteriores comicios, como miembros de los Consejos Regionales Autónomos, “no han funcionado"

Carlos Salinas Maldonado | 10/3/2010
@CSMaldonado

Las alarmas saltaron el 8 de diciembre. Ese día, la muerte de dos militares en una emboscada organizada por narcotraficantes volvió las miradas del país hasta la alejada y olvidada Walpa Siksa, aldea caribeña levantada a un costado de un angosto río de aguas grises, que desde entonces se convirtió en el símbolo del que ya es uno de los principales problemas del Caribe, y que tendrán que enfrentar las autoridades que sean electas en las elecciones que la región celebraron este domingo.

Esas elecciones se desarrollan en un contexto especialmente difícil, no sólo porque el Caribe se ha convertido en una importante zona de paso de la droga, sino por la pobreza severa que afecta a la región, la devastación causada por los desastres naturales y la desilusión de la población hacia sus autoridades, tras 20 años de una autonomía que no ha traído mejores sociales.

Y es que los números rojos dominan las estadísticas del Caribe. Según Naciones Unidas, el 60 por ciento de la población de la región aún no tiene acceso a un recurso tan básico como el agua de buena calidad, mientras que otro 40 por ciento sigue defecando al aire libre por falta de letrinas o el mal estado de éstas. En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) apenas hay 17 médicos por cada cien mil habitantes, mientras que la asignación presupuestaria para salud en todo el Caribe representaba en 2004 apenas el 9 por ciento del presupuesto nacional.

La RAAN tiene el triste privilegio de contar con la que varios organismo de cooperación consideran el municipio más pobre del país, Prinzapolka, donde el 92 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

A esa realidad se debe unir el desastre causado en 2007 por el huracán Félix, que golpeó la costa dejando más de 240 muertos, más de 20 mil casas destruidas y 198 mil damnificados.

“En ambas Regiones Autónomas, tanto las ONG, los organismos de cooperación como ciertas embajadas juegan de alguna manera el rol del Estado en cuanto a asistencia social se refiere”, explica Salvador García, estudiante de antropología de la Universidad de Buenos Aires que ha estudiado la realidad de las regiones del Caribe.

El azote del narcotráfico

Los hechos de Walpa Siksa dejaron en evidencia el abandono que sufren las regiones autónomas. En una extensión territorial de 59,558 kilómetros cuadrados (mayor que Costa Rica), apenas hay repartidos 600 oficiales, lo que convierte a la región en zona idónea para el desarrollo del narcotráfico.

A la falta de presencia de las autoridades, se unen los escandalosos índices de pobreza y el desempleo, que han hecho del narcotráfico una opción de vida para los habitantes de la región.

En el Caribe se han desarrollado las denominadas “narcoaldeas”, como Walpa Siksa, donde el narcotráfico obtiene algún tipo de apoyo de los aldeanos a cambio de ayuda económica. Para muestra un botón: En el Caribe se incautó la mitad de los 58 mil kilos de cocaína que las autoridades decomisaron en todo el país entre 1997 y 2007.

Tras los hechos de Walpa Siksa, el Ejército desató una ofensiva por cielo, mar y tierra para encontrar a los asesinos de sus soldados, lo que aumentó la tensión en la región: los pobladores de la región norte organizaron protestas y sacos en Puerto Cabezas por la presencia del Ejército. Para los expertos esa actitud de los pobladores es una respuesta a la que consideran una amenaza para una actividad que se ha convertido en un  fuente de subsistencia.

“El problema del narcotráfico es sumamente complejo. La sola intervención del Ejército puede ayudar a controlar las redes de delincuencia, pero sin duda, no va a solucionar el problema. A corto plazo, es poco lo que pueden hacer las autoridades regionales, más que coordinar acciones con la policía y el Ejército. A largo plazo, las autoridades deberían trabajar en pos de mejorar la condiciones de vida de la población (salud, educación, empleo) lo que en última instancia determina en nivel de vulnerabilidad de la gente frente a este tipo de amenazas”, dice Salvador García.

Una opinión similar expresa Sergio Simpson, director del Centro de Comunicación y Estudios Sociales (Cesos). “Jamás la solución militar va a ser benéfica para los costeños. Reciente se encuentra la represión del Ejército durante los años ochenta y viven aún los resentimientos. La solución es que las riquezas sean en beneficio de los costeños, que las inversiones sean comunitarias, que sientan que deciden sobre su territorio”, dice.

¿Qué pasó con la autonomía?

Esa posibilidad de administrar su riqueza a la que hace referencia Simpson, está respaldada, en el papel, por la autonomía que las regiones autónomas alcanzaron hace ya más de 20 años, y que fue planteada como una posibilidad de desarrollo para sus habitantes.

La Ley de Autonomía para las regiones atlánticas se aprobó en 1987, lo que permitió que se conformaran gobierno autónomos en la RAAN y la RAAS compuestos por consejos regionales cuyos miembros son electos por voto popular. Hasta ahora se han realizado cinco procesos electorales, cuya característica ha sido la baja participación de la población.

Eso se debe, entre otras cosas, a que los habitantes de las regiones autónomas no han visto un cambio mayor en su realidad de pobreza y atraso, a pesar de los logros regionales de la autonomía, como la demarcación de las tierras indígenas (proceso incompleto hasta ahora), el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la región y la creación de dos importantes universidades regionales.

Logros, sin embargo, que son empañados por aspectos políticos. Una encuesta preparada en 2005 por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) incluida en el Indice de Desarrollo Humano que Naciones Unidas preparó sobre las regiones del atlántico, muestra que la mayoría de la población del Caribe manifestó desconfianza en la capacidad de los gobiernos regionales para solucionar sus problemas.

El 32.5 por ciento de los encuestados opinó que el gobierno central es el que mejor podría ayudar a resolver los problemas de la población, frente a un 7.6 por ciento que cree que los gobierno regionales podrían hacerlo.

Más preocupante aún es el dato que muestra que el 70 por ciento de los encuestados opinó que las autoridades elegidas hasta ahora en los comicios regionales “no han funcionado”, mientras que el 69.4 por ciento culpa a los partidos políticos nacionales de ser el principal problema en el desarrollo de la autonomía, por ejercer demasiada influencia en el proceso.

Desencanto con Consejos Regionales

Al descontento de la población sobre la autonomía se une la amenaza del narcotráfico y el poco apoyo del gobierno central, opina Miguel González, doctor en Ciencias Políticas y Catedrático de York University, de Toronto, Canadá.

“Los consejos regionales han acumulado una serie de deficiencias administrativas (especialmente corrupción y malgasto de bienes públicos) que a estas alturas son inaceptables ante el pueblo de la Costa Caribe. Los consejos han estado sometidos a una tremenda presión de los partidos nacionales que ha desnaturalizado su misión principal por la que fueron fundados, que es promover bienestar en los habitantes de la Costa, en un marco de igualdad y solidaridad”, dice.

González advierte que sin mayor respaldo del Gobierno central y las instituciones nacionales será difícil impulsar un cambio importante en el Caribe.

“Los gobiernos nicaragüenses tienen una cuota de responsabilidad en el desarrollo de la autonomía. Es necesario que reconozcan que la Costa es hoy una sociedad plural, en lo político, religioso y étnico-cultural. Y cuando las formas de representación política sufren una crisis por su carácter excluyente, la sociedad procura otros medios a través de los que intentan hacer escuchar sus voces”, explica.

“Me parece que existe un desencanto de la población acerca del desempeño de los Consejos. Este desencanto empezó desde las elecciones regionales de 1998, y se ha profundizado en las elecciones regionales sucesivas. Los datos de abstención parecen demostrarlo. Se han electo consejales, pero la gente no siente que cambien sus condiciones de vida producto de la gestión de los consejos. Estos parecen estar en continuas riñas por los recursos no tan escasos que llegan a la Costa a través del erario público, y eso ha desvirtuado su misión: la trascendencia de los Consejos como órganos de autoridad y decisión”, dice el catedrático González.

Redefinir proceso político autonómico

Salvador García explica que para enfrentar la apatía y la desconfianza de los habitantes de la Costa Atlántica hacia las elecciones, tendría que producirse un cambio en la forma de hacer política en la región.

“Creo que para hablar de un cambio real en la región se tendrían que disolver los gobiernos regionales y, la política, como administración de los territorios, debería funcionar desde lógicas locales (urbana, rurales, étnicas, en bloque). Mientras el acceso al mundo político esté dado a través de los partidos, no sólo no va a haber un cambio sustancial en la región, sino que las poblaciones seguirán estando ausentes”, señala.

Por el momento, sin embargo, las elecciones son la única alternativa que tienen los habitantes del Caribe para cambiar su realidad, a pesar de la desconfianza que genera el órgano electoral y el proceso. Queda en manos de los mismos habitantes de la Costa y de los movimientos políticos y sociales locales, presionar para que los comicios sean más que un mero trámite.

“Yo diría que si las elecciones resultan en una revigorización de las demandas costeñas para avanzar en mayores niveles de bienestar e inclusión, en lograr las reformas necesarias de la Ley de Autonomía, en profundizar la demarcación de tierras indígenas y afrodescendientes, y lograr mayores niveles de unidad costeña para contener el impacto del narcotráfico; entonces podrían significar un avance del proceso autonómico”, recomienda González.

Por el momento, sigue vigente aquella alerta que saltó el 8 de diciembre, con el asesinato de dos oficiales del Ejército en una emboscada de narcotraficantes en la pequeña aldea de Walpa Siksa.

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