En Nicaragua, la relación entre guardas de seguridad privados y efectivos policiales está a favor de los primeros, en una proporción de 2 a 1 (21,000 vs 10,300). Sin embargo, esta relación es más abismal en Honduras o Guatemala, donde es de 7 a 1 ó 5 a 1 a favor de la seguridad privada, según datos publicados en el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esta relación numérica, ventajosa para los guardas de seguridad privada, no despierta inquietudes ni preocupaciones entre las autoridades policiales. “Siempre habrá más guardas que policías, es una tendencia internacional. Además, obedece a la forma de organizarse, al propósito que cumplen y a los objetivos que cubren”, comentó el Comisionado Fernando Borge, Segundo Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional.
Al respecto, mencionó que las 126 empresas de seguridad privada registradas ante la Dirección de Seguridad Pública cubren 4.000 objetivos en todo el país. Además, apuntó que para cada puesto de 24 horas, éstas emplean dos ó tres guardas. Por otra parte, indicó que requieren de mayor número de efectivos por los propósitos que cumplen, por ejemplo, resguardar parqueos, propiedades, controlar el acceso de entrada y salida a instalaciones, etcétera.
Sin embargo la Policía Nacional –según la Ley 228—está llamada a cumplir con 21 funciones entre las que están investigar las faltas o delitos, auxiliar y proteger a toda persona que así lo requiera, organizar la seguridad y protección del mandatario, de los presidentes de los poderes del Estado, de las sedes diplomáticas, de los mandatarios visitantes, de regular a las empresas de seguridad y vigilancia privada, etc.
Todas esas funciones con una plantilla de 10,300 efectivos. De éstos, alrededor del 55% de las fuerzas se dedican a labores operativas de seguridad, según un estudio regional de la Fundación Arias titulado “La seguridad privada en Centroamérica” correspondiente al 2003.
“Quizás no somos la cantidad de policías que debíamos ser, pero somos la calidad de policías que el país necesita”, señaló el Comisionado Borge, quien hace hincapié en el éxito del modelo policial, basado en la comunidad y en una relación pro activa con la misma.
Por su parte Carlos Vásquez, Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Gerente de INDACASA, también considera lógica la prevalencia de guardas privados por encima de los efectivos policiales.
“En todas partes del mundo es el mismo fenómeno, no sólo en Nicaragua. Si usted se va a los Estados Unidos, por ejemplo, es superior el número de guardas de seguridad, igual en España y en Colombia ni se diga. En Nicaragua la tendencia es que siga creciendo, mientras que la Policía Nacional no puede tener tantos efectivos porque es un problema presupuestario, de capacitación, además no están llamados a cuidar objetivos económicos. En cualquier país desarrollado los servicios de seguridad privada son un negocio más, las diferencias son las regulaciones establecidas en cada país, qué podes hacer y qué no podes hacer en cuestión de seguridad”, razonó Vásquez.
Sin embargo Elvira Cuadra, presidenta de la junta directiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y experta en temas de seguridad pública, sí se mostró preocupada por el crecimiento exponencial del sector de seguridad y vigilancia privada versus el deterioro institucional policial.
“En verdad es un fenómeno mundial y no sólo de Nicaragua, relacionado a nuevos enfoques sobre la seguridad, sin embargo creo que es una industria que tiene que ser controlada en Centroamérica y particularmente en Nicaragua; creo que se tienen que establecer límites para que el número de efectivos de seguridad privada no rebasen las capacidades de la Policía y creo que hay que reforzar las capacidades policiales para que puedan desempeñar mejor su trabajo”, señaló Cuadra.
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Iniciativa de ley sobre seguridad privada es “compartimentada”
* Hay un borrador que viene preparando la Policía Nacional, que se maneja como Top Secret
Entre los representantes y ejecutivos de las empresas de servicio privado de seguridad circula un borrador de ley particular para este segmento, sin embargo éste se mantiene como Top Secret, ya que nadie se atreve a compartirlo bajo el argumento de que pertenece a la Policía Nacional y, por tanto le corresponde a ellos darlo a conocer.
“Está bastante avanzada, pero no está finalizada… Es una iniciativa orientada a la seguridad y vigilancia privada en general, que incluye a las empresas, a los vigilantes de calle y a los cuerpos de protección (CPF), se ha avanzado, pero es compleja. Con respecto a lo que tenemos ahorita, con la Ley 228, hay muchas diferencias, pero quizás en otra ocasión hablamos de eso, no recuerdo detalles”, comentó Carlos Vásquez, Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada.
El Comisionado en retiro Francisco Bautista, consultor nacional e internacional, señaló por su parte que las empresas privadas de vigilancia están sujetas a tres tipos de regulaciones. La primera que abarca a las de cualquier empresa comercial (legales, laborales, fiscales); la segunda, relacionado con la Ley 510 ya que manejan y almacenan armas y; la tercera, una regulación especial para contratar, supervisar y organizar al sector en general que se dedica a los servicios privados de vigilancia y seguridad. Esta última falta.
Por su parte, Elvira Cuadra, presidente de la directiva del IEEPP y experta en seguridad pública, se pronunció a favor de una ley específica para el sector privado de seguridad y vigilancia.
“Me parece importante que haya una ley específica, un marco jurídico específico para este sector, porque ésta es una “industria” reciente que inició prácticamente a partir de los 90 y que ha venido creciendo aceleradamente. Hay una regulación en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y en la Ley de Armas, pero son cosas bastante generales, que no permiten tener instrumentos suficientes para hacer una labor más eficiente de control y de supervisión del sector”, señaló Cuadra.
Para abordar este ángulo se solicitó una entrevista con el Asesor Legal de la Policía Nacional, Comisionado Mayor Juan Ramón Gradiz, pero ésta no se materializó.