Confidencial.com.ni

Las ‘señales cruzadas’ enviadas por el gobierno en torno al tema de la llamada Ley Moratoria, fue interpretada con la precaución que recomienda trabajar con dinero ajeno, por lo que los proveedores internacionales de recursos para invertir en microfinanzas comenzaron a frenar –y en algunos casos a congelar- sus entregas de fondos al país.

Luego de aprobar la Ley con los votos de la bancada del FSLN, y de seguir defendiéndola desde el parlamento, el partido de gobierno ha mostrado otras dos caras con respecto a esa polémica ley: el rechazo expresado por dos hombres de peso dentro del gabinete económico (Antenor Rosales, del BCN, y el asesor presidencial Bayardo Arce), agravado por el silencio que ha guardado el presidente Ortega.

Por eso, y dada la alta volatilidad que ha demostrado tener cualquier millón de dólares, los proveedores de fondos han optado en algunos casos por la prudencia, mientras en otros decidieron tomar medidas más radicales, que incluyen “no hacer nuevas inversiones en Nicaragua”.

En esta línea se encuentra Incofin Investment Management, cuyo Oficial de Inversión en Bélgica, Nicolas Blondeau, descartó no sólo la posibilidad de efectuar nuevas inversiones en nuestro país, sino también “la renovación de los préstamos que vienen venciendo”, hecho que calificó de “poco probable hoy día, debido a la aprobación de la ley de moratoria”.

Blondeau explicó a través de un correo electrónico que Incofin “tiene 13 millones de dólares colocados en el sector microfinanciero (regulado y no regulado). Habíamos planificado la renovación de U$5 millones, pero debido a la ley esto es poco probable”.

El oficial de inversión de la entidad belga está claro que “este es un problema político. La solución tiene que ser política. Lo malo es que tiene un impacto tan fuerte en la vida económica del país”, sentenció.

Otros U$8 millones en riesgo

De este lado del Atlántico, Francisco Rafael Barquero, Representante Regional para América Latina de Working Capital for Community Needs (WCCN), con sede en Madison, (Wisconsin, EE. UU.), explicó que su sede le comunicó seguir operando como hasta ahora, pero observando cómo se desenvuelven los acontecimientos.

“Mucha gente comenzó a llamarnos cuando se dieron cuenta de la existencia de esta ley”, dijo Barquero, explicando que se le orientó esperar a ver cómo queda la ley, siendo que aún existe la posibilidad de que reciba el veto presidencial, pero también porque “el efecto no se verá en 15 días, sino en 2 ó 3 meses. Mientras tanto, estamos trabajando de forma normal”, admitió.

WCCN es una entidad que ayuda a financiar diversas obras de desarrollo local, empleando para ello el dinero (en forma de ahorros) de pequeños inversionistas; así como de otras instituciones, (entre las que se destacan las iglesias), que aportan sus recursos con ese fin, lo que en el caso actual de Nicaragua representa U$8.2 millones.

Barquero opina que “la moratoria es una mala señal porque crea la percepción que estamos regresando a la época de la condonación de deudas, y lo que comienza como una percepción, se va convirtiendo en un tema financiero porque va creando una cultura de no pago que se transforma en deuda y obliga a mayor provisionamiento por mora”.

El incremento de las obligaciones financieras de las instituciones de microcrédito lleva a que sus resultados sean menos atractivos para los proveedores de fondos, que pueden elegir irse o reducir sus aportes, “lo que debilita la capacidad de poder continuar sirviendo a microempresarios y pequeños productores”, explicó el representante.

A su juicio, si la ley va a quedar en firme, se podría suavizar sus efectos negativos, por ejemplo, definiendo que los morosos tengan un mes para negociar, en vez de los cuatro meses que se les otorga en este momento; además de incluir de manera expresa en la reglamentación de la ley, que ésta no puede ser retroactiva, y finalmente, que se nombre a un tercero para la resolución de conflictos.

Gol en la cabaña del COSEP

Quien salió peor parado en este tema fue el alto estamento dirigencial de la empresa privada, que hasta antes de ver aprobada esta ley, se había convertido en interlocutor casi único del gobierno, logrando ver aprobadas (o suavizadas), las iniciativas de ley que convenían a sus intereses como gremio.

Esta vez, las gestiones, explicaciones y cabildeos de diferentes sectores como ASOBANP, ASOMIF y el mismo COSEP resultaron insuficientes ante la decisión mayoritaria de la Asamblea Nacional de aprobar la Ley, lo que incluso ha envalentonado a los miembros de la iniciativa de No Pago.

José Adán Aguerri, Presidente del COSEP, recordó que ellos se reunieron “con las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional”, pero al final imperó “la forma cortoplacista” en que cada bancada interpreta la ley, “que no toma en cuenta el verdadero impacto y la verdadera magnitud de lo que significa interferir de esa manera en la política financiera del país, labor que corresponde al Banco Central”.

Además de esa visión ‘cortoplacista’, Aguerri considera que la clase política volvió a sacrificar al país a favor de posicionamientos políticos. “No les importa que la imagen del país salga afectada, con tal de aprovechar esta oportunidad de obtener réditos políticos en año preelectoral, aunque sea a costa de la estabilidad económica de la nación, que es lo mismo que ocurre cada vez que vamos a elecciones”, sentenció.