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Una ley contra el crimen organizado

Carlos Salinas Maldonado | 18/8/2010
@CSMaldonado

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó hace unos meses el dictamen favorable del Proyecto de “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”, la que vendría, según el diputado liberal José Pallaís, a fortalecer el sistema jurídico de cara a combatir el avance del narcotráfico en Nicaragua. El dictamen aún no ha sido discutido por la Asamblea Nacional. Entre las novedades establecidas en la ley están:

  • Se otorga mayor margen de maniobra al Ministerio Público. La ley establece que la Policía Nacional enviará directamente al Ministerio Público el acta que preparan cuando se un caso de incautación de droga. Hasta ahora la Policía enviaba el acta al juez que se encargara del caso.
  • La ley permite al Fiscal General de la República o el Director General de la Policía que soliciten al juez encargado de un caso levantar el sigilo bancario, financiero y tributario a las personas que están siendo investigadas.
  • Se fortalecen las medidas precautelares como la retención migratoria, la prohibición de concurrir a reuniones o lugares relacionados con el hecho que se investiga, la prohibición a las personas investigadas de comunicarse con determinadas personas vinculadas a los hechos investigados y la suspensión del investigado en el desempeño de su cargo público.
  • También se establecen medidas como la clausura del negocio vinculado a los crímenes que hace referencia la ley, así como la prisión preventiva de los involucrados. Además, si en los casos investigados se utilizaron aeropuertos, pistas de aterrizaje y aeronaves, la Policía o el Ejército podrán ocuparlo y la licencia de funcionamiento podría ser cancelada de forma permanente.
  • En caso de bienes incautados, la ley establece que al Ejército se le entregarán medios aéreos y navales, medios de comunicación militar, sistemas de localización y GPS, así como armas de fuego. La Policía recibirá las armas de fuego de uso civil y medios de comunicación de uso civil. Los vehículos terrestres de menos de 3 mil metros cúbicos serán entregados al Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema.
  • En el caso de que se decomise dinero o éste se obtenga por la venta de bienes en subasta pública, la ley ordena que la Tesorería General de la República distribuirá el dinero para ser usado en proyectos con fines de prevención, investigación y persecución de los delitos establecidos en la ley.
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