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Historias de narco-liberaciones

Carlos Salinas Maldonado | 18/8/2010
@CSMaldonado

9 de julio de 2010.

Indulto para un narco mexicano

El mexicano José Salvador López Santos fue protagonista de una larga e intrincada historia que duró meses en desenvolverse.  López Campos fue detenido en junio de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Managua a bordo de una avioneta y cargando la pasmosa cifra en metálico de 965 mil dólares. La Policía Nacional intentó vincular al mexicano con el Cártel de Sinaloa y dijo que aparentemente el dinero iba a ser usado para facilitar la salida de presos del cártel mexicano condenados en Nicaragua.

López Santos fue condenado originalmente por contrabando aduanero. El 14 de diciembre de 2009, la Juez Tercero Penal de Ejecución de Sentencia, Gertrudis del Rosario Gaitán Pavón, emitió un auto mediante el que otorgaba el beneficio de libertad condicional al mexicano. El abogado de López Santos, Ricardo Polanco, dijo que su cliente aplicaba para obtener la liberal, al haber cumplido las dos terceras partes de la condena como manda la ley. Sin embargo, la sentencia no se cumplió porque el Ministerio Público y la Procuraduría anunciaron que apelarían.

Lo sorpresivo del caso es que en mayo pasado la Asamblea Nacional indultó a López Santos en una lista que incluía a otros 39 reos. Los diputados se llenaron de contradicciones al explicar el indulto. El caso levantó tanto revuelo, que el presidente Ortega vetó el indulto a López Santos. El Presidente afirmó que el dinero decomisada a López Santos era para “la defensa y soborno, y facilitar la fuga de los internos del caso del cártel de Sinaloa”.

Consultado sobre este caso por Confidencial, el diputado José Pallais, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, dijo: “El problema es que a ese señor no lo juzgaron por vínculos con el narcotráfico, que es de lo que debieron haberlo juzgado. El Ministerio Público tipificó inadecuadamente el delito, que lo puso como contrabando de dinero. Aquí mandan a pedir el expediente y el Sistema Penitenciario dice que el hombre es buenísimo, un ejemplo de ciudadano. El error no fue aquí, fue desde el procesamiento”.

El 9 de julio Pasado López Santos fue liberado por orden de la juez Gaitán, en una sentencia que la misma administradora de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, dijo que había sido correctamente emitida.

Lo contradictorio es que Ramos había afirmado en enero que se le llamó la atención a la jueza Gaitán por la libertad condicional emitida originalmente en enero al mexicano. El magistrado Manuel Martínez dijo que había abierto en aquella ocasión una investigación contra Gaitán por supuestas liberaciones de narcotraficantes; y la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmó que Gaitán es la judicial que más órdenes de libertad a favor de supuestos “narcos” ha mandado al Sistema Penitenciario. Lo dicho, una intrincada trama.

Septiembre de 2009.

Sentencia para el Cartel de Sinaloa.

Los magistrados sandinistas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitieron en 2009 una cuestionada sentencia que aparentemente favorecía a supuestos miembros del Cártel de Sinaloa, capturados en el país en un gran operativo desarrollado por la Policía Nacional en conjunto con el Ejército.

La sentencia firmada por los magistrados sandinistas confirmaba la pena de 22 años de cárcel por narcotráfico a seis mexicanos, dos guatemaltecos y diez nicaragüenses que según la Policía Nacional conformaban una red del Cártel de Sinaloa en Nicaragua. La sentencia, sin embargo, incluía la posibilidad de que los abogados defensores solicitarán adecuar la pena de acuerdo al nuevo Código Penal, lo que permitiría una reducción de las condenas, uno de los principales problemas del sistema actual, según el diputado José Pallais, para quien las adecuaciones de penas al nuevo código son “ilegales y escandalosas”.

Uno de los aspectos más controvertidos de la sentencia firmada por los magistrados sandinistas, es que ordenaba al Ministerio de Gobernación que tramitara el traslado de los mexicanos y guatemaltecos a sus países de origen, lo que para expertos en temas jurídicos y oficiales antidrogas de la Policía Nacional representaba un beneficio para los condenados. Los magistrados sandinistas alegaron que el traslado fue ordenado porque los reos representaban “alta peligrosidad” para el Sistema Penitenciario del país.

14 de diciembre de 2004.

Liberan a “súper narcos”

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenaron la libertad de los narcotraficantes Hazzan Chain Yasbeck, Carlos Fernando Morales Donis y Pablo Aguick Gruest, que habían sido condenados con auto de segura y formal prisión en octubre de 2002 al declararlos culpables del transporte ilegal de drogas.

Los culpables fueron arrestados en septiembre de 2002 cuando intentaban trasladar en una avioneta con un cargamento de 500 kilos de cocaína. Los hechos se produjeron en la comarca Monte Largo, Mina El Limón, donde los narcotraficantes se enfrentaron a balazos contra la Policía.

Los magistrados de la Sala Penal liberaron a los condenados atendiendo un recurso de casación. Además, según informes de prensa de la época, fueron funcionarios de la misma Corte Suprema quienes emitieron una orden al jefe del Sistema Penitenciario para que dejara en libertad a los narcotraficantes, pasando por encima de los jueces a cargo del caso. Expertos en temas jurídicos calificaron la liberación en su momento como una “monstruosidad jurídica”. Magistrados de la Corte se defendieron alegando que en la captura de los acusados se violaron algunos procedimientos como la falta de firma de los “narcos” en el acta de la Policía Nacional o que no se probó el cuerpo del delito, a pesar de que la droga fue incautada. Lo que sí afirmó en esa ocasión la magistrada Yadira Centeno es que no analizaban los antecedentes de los condenados que liberaban.

La liberación de estos narcotraficantes alarmó a la Policía Nacional y a representantes de la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), quienes se mostraron preocupados por lo que consideraban un riesgo para la seguridad nacional.

Los medios se hicieron eco de rumores que afirmaban que a cambio de la liberación funcionarios de la CSJ recibieron grandes sumas de dinero (se llegó a hablar de hasta 2 millones de dólares), lo que no pudo ser comprobado. Una fuente consultada por Confidencial que conoció de cerca el caso, dijo que la liberación de Hazzan Chain Yasbeck fue “negociada” al interior del Poder Judicial y que el mismo Chain Yasbeck le contó desde Guatemala cómo había sido liberado a cambio de una importante suma de dinero.

10 de enero de 2003.

Un guatemalteco traficante de cocaína

El guatemalteco Juan Carlos Ospina Rosales, arrestado a finales de 2002 con un cargamento de 525 kilos y 713.96 gramos de cocaína valorados en 1.6 millones de dólares, fue liberado bajo fianza por la jueza Flavia Solís, entonces Juez Tercero del Distrito del Crimen de Managua, por supuesto padecimientos cardíacos, según establecía un dictamen forense que luego la Policía probó que había sido falsificado.

Al recibir la libertad, Ospina huyó inmediatamente del país, a pesar de que la Policía demostró que el guatemalteco estaba al mando de una red interna de narcotraficantes establecida en Nicaragua. La última noticia que se supo de Ospina se registró en 2007, cuando el diario guatemalteco “El Periódico” reveló que el narcotraficante pertenecía a una red ligada al Cartel del Golfo y se encargaba, entre otras cosas, de liberar a narcos presos en Guatemala.

La jueza Solís dijo que tomó la decisión de liberar a Ospina por órdenes del Tribunal de Apelaciones, que le exigió “actuar con beligerancia” en el caso del guatemalteco. La jueza fue sometida a la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, que además decidió suspender a la Juez Cuarto de Distrito Penal de Managua, Vanessa Chévez Juárez, quien según las investigaciones de la Policía recibió el examen forense falsificado y tramitó el expediente de Ospina un día antes de dejar el juzgado. El Nuevo Diario publicó en julio de 2008 que la jueza Chévez había sido nombrada como asesora por el magistrado Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán.

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