El Poder Judicial ha acaparado la cobertura de los medios de comunicación no sólo por la crisis política que mantiene paralizada a la Corte Suprema, sino porque miembros de ese Poder del Estado han sido señalados de participar en tramas corruptas que han finalizado en la liberación de supuestos narcotraficantes, las cada vez más populares “narco liberaciones”. Se trata, según expertos consultados por Confidencial, de una creciente influencia del narcotráfico en el sistema judicial del país.

Las narco-liberaciones hasta ahora no han generado mayores reacciones por parte de las autoridades nacionales, eso a pesar de que la misma ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmó que el sistema judicial ha beneficiado con órdenes de libertad y reducción de penas a más de mil narcotraficantes, incluyendo supuestos miembros de importantes organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa.

Morales afirmó incluso haber preparado una lista en la que se enumeraba “con nombre y apellido” los jueces que según información de Gobernación han emitido las narco-liberaciones. Hasta ahora esa lista no se ha hecho pública.

Confidencial tramitó una entrevista con la ministra Morales, pero la solicitud no fue atendida.

El sociólogo e investigador Javier Meléndez afirma que Nicaragua aún no ha llegado a los niveles de México o Guatemala, que cuentan con alarmantes grados de impunidad y filtración de las redes del crimen organizado, pero advierte que las recientes denuncias de narcos liberaciones plantean un delicado reto al Estado. Es más, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe en el que afirma que el Poder Judicial está “altamente politizado, corrupto y susceptible de manipulación por las elites políticas y la delincuencia organizada.”

“Estamos en una situación de vulnerabilidad muy alta”, explica Meléndez. “Primero porque el Estado nicaragüense se niega a reconocer que la criminalidad organizada es un problema que está aquí. Los principales funcionarios de la Policía o del Ministerio Público dicen que eso no existe en Nicaragua, que es problema de colombianos, de guatemaltecos. Pero la evidencia muestra lo contrario: muestra que las comunidades están completamente permeadas, son una base logística importante de apoyo a la operación de narcotráfico internacional”.

Este sociólogo hace referencia a las alarmantes cifras de incautación de droga y quiebres a redes del narcotráfico internacional llevadas a cabo por la Policía Nacional y el Ejército. En realidad, Nicaragua ha pasado de ser un puente de tránsito de la droga para convertirse en un paraíso geográfico donde organizaciones criminales están estableciendo sus bases. El país cuenta con tres características fundamentales: pobreza, olvido gubernamental y vastas zonas que carecen del control de la Policía y el Ejército.

Los inicios

El narcotráfico ancló con fuerza en el país a partir de 1990, principalmente en la zona del Caribe, cuando tras el fin de la guerra civil se abrieron las fronteras al comercio internacional y se implementaron políticas para el desarrollo de la pesca, con la idea de dotar al Caribe de una actividad que generara empleo y permitiera el desarrollo de la región. Ese experimento, fallido ahora, fue aprovechado por narcotraficantes colombianos para traficar su producto a través de Nicaragua.

Los narcotraficantes “entregaban ciertas cantidades de drogas a barcos camaroneros que faenaban en la plataforma marítima nicaragüense para que éstos comenzaran a cruzarla al Caribe hondureño o a embarcaciones ligeras más al norte del litoral nicaragüense. Con el tiempo, aprovecharon las islas de Caribe sur y los cayos del Caribe norte, las cuales se convirtieron en los principales lugares donde transbordar la cocaína. La cocaína venía de Colombia y, tras cruzar todo el Caribe panameño y costarricense, encontraba en Nicaragua apoyo para continuar su ruta hacia el norte del continente”, reseña un informe preparado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

En el Caribe, los narcotraficantes encontraron el mejor apoyo con el que podían contar: aldeanos pobres, olvidados por el Estado, ansiosos de una actividad que los sacara de la miseria.

Los negocios del narcotráfico

De esta manera se convirtieron en una estructura fundamental para el narcotráfico, al garantizar el acopio de la droga, el avituallamiento  y hasta la defensa de los narcotraficantes: los aldeanos se han enfrentado al Ejército en la protección de los narcos, como ya quedó en invidencia en diciembre pasado en la aldea caribeña de Walpa Siksa, donde fue emboscada  una brigada conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la que murieron dos oficiales de la Fuerza Naval y otros cinco resultaron gravemente heridos.

Sumado a eso, el aumento del narcotráfico en Nicaragua ha sido tal que entre 1997 y 2007 las autoridades han incautado 58 mil kilos de cocaína. Expertos como el investigador del IEEPP, Roberto Orozco, afirman, sin embargo, que esa cifra apenas representa el 20% del total que circula por el país.

Otra cifra que llama la atención de los investigadores es la siguiente: entre 2000 y 2007, las autoridades han detenido a 7,777 nicaragüenses ligados al narcotráfico, muchos de ellos miembros de “pequeños carteles” que según los expertos han sido creados en el país para dar seguridad y almacenar la droga de los cárteles internacionales. Las policías también han capturado a extranjeros y han realizado importantes quiebres a las redes del narcotráfico internacional.

Además, este aumento del narcotráfico en el país ha elevado el nivel de consumidores de droga. Un estudio preparado por el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, muestra que los consumidores de drogas sumaban 850 mil nicaragüenses en 2006. Y de la mano de la distribución y el consumo, un nuevo y lucrativo negocio se ha asentado afectando al sistema de justicia nicaragüense: las narco-liberaciones.

“Hay suficiente evidencia para estar claros de que en Nicaragua funciona un cartel de abogados que sabe qué teclas tocar y a quién llamar para favorecer las narco-liberaciones”, advierte Javier Meléndez. “Es toda una industria que se apela a lo licito y lo ilícito para la liberación de narcos. Desde hace años en Nicaragua se ven situaciones  que no se deberían dar, como fugas de la cárcel, liberaciones los domingos; y en medio de eso los funcionarios públicos del Poder Judicial no saben nada”, agrega el sociólogo.