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Experto fiscal Julio Francisco Báez advierte ilegalidad

Cobro por cédulas es “delictivo”

• CSE pretende reformar de facto el Presupuesto de la República, pasando por encima de la Asamblea Nacional
• El único alegato del CSE: manipulan cobro por “reposición” con un cobro arbitrario por “expedición”
• Demanda ante la Contraloría progresará en la medida en que la gente se sume a desobediencia civil

Carlos Salinas Maldonado | 10/8/2010
@CSMaldonado

El experto en temas fiscales Julio Francisco Báez es categórico: cobrar 300 córdobas por la nueva cédula emitida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) viola las leyes y la Constitución, por lo que ningún nicaragüense debe pagar el monto exigido por el organismo electoral. Es más, afirma Báez, los nicaragüenses deben declararse en desobediencia civil hasta que el Estado corrija esta acción que, según el experto, menosprecia a la Asamblea Nacional al adjudicarse el CSE funciones que no le corresponden.

La semana pasada Baéz presentó en la Contraloría General de la República una denuncia contra el CSE por lo que considera “una grave transgresión constitucional y posible comisión de delitos” por parte del CSE al cobrar, sin bases legales, por la emisión de las nuevas cédulas. Báez explica que, según el Código Penal, el CSE puede estar cometiendo el delito de abuso de autoridad (artículo 432) y el delito de exacción aplicable a quien establezca un cobro o arancel que no está basado en la ley. “El CSE está pasando por encima de la ley”, afirma el experto en temas fiscales.

En esta entrevista con Confidencial, Báez hace un llamado a los nicaragüenses a no pagar los 300 córdobas exigidos por el órgano electoral. El que ya pagó, dice, debe estar preparado para hacer un reclamo por pago indebido. “Uno nunca debe renunciar a un derecho”, afirma el experto, y el de expedir cédulas de forma gratuita es un derecho y una obligación del Estado, aclara Báez.

¿Este cobro que hace el CSE por las nuevas cédulas es legal? ¿La gente está obligada a pagarlo?

Nadie debe pagar lo que expresa una violación constitucional. Este cobro consiste en una transgresión a la Constitución; es un cobro indebido, es un tributo inventado por un organismo de Gobierno que no es el Poder Legislativo: el CSE, con la pretensión de reformar de facto el presupuesto de la República.

De tal manera que esta afectación, que es una de las medidas que ha tenido un efecto expansivo de los más grandes en Nicaragua en el periodo reciente, está afectando a millones de nicaragüenses, por lo que debe ser visto como ver llover. Hago un llamado a la desobediencia civil, a no acatar una obligación mientras el Estado no garantice de manera gratuita la expedición de un documento público al cual tiene derecho por ley cada nicaragüense.

El CSE argumenta que hace este cobro porque ha incurrido en altos costos al producir este documento.

Es una burla, un absurdo que venga ahora el Consejo a argumentar un costo que debió haber previsto en el Presupuesto de la República. En la Ley Anual del Presupuesto no está contemplado ese gasto. Si se plantea la necesidad de atender un costo, una contingencia, ésa también se resuelve en la Asamblea Nacional: se deben procurar fondos e identificar fuentes para financiarlo, como ordenan los artículos 112 y 113 de la Constitución. Pero no pueden inventarlo, por mucha necesidad que se tenga. Es una responsabilidad por la que tiene que rendir cuentas el CSE; no cargarlo los ciudadanos.

Hay un detalle que me gustaría agregar, que es el único argumento que ha pretendido esgrimirse, y que lejos de ser un argumento a favor del CSE es el puñal, la estocada que se autoinflige el CSE. Dice que el artículo 4 de la Ley 549 del 2005 estableció para reposición de cédulas el pago de 50 córdobas. Entonces, dicen de la manera más rampante, grotesca e irrespetuosa a la ciudadanía, que como ya hay 50 córdobas se puede subir o bajar 50, 20, 100, 200, 600. Es cierto que hay 50 córdobas para reposición, es decir, si se perdió la cédula se paga ese dinero. Pero el monto no es para expedición, para otorgar un instrumento público que el Estado tiene la obligación de extender y sin el que el ciudadano no puede ejercitar ninguna garantía. Aquí terminó de complicarse el CSE.

Usted interpuso una demanda contra este cobro ante la Contraloría. ¿Por qué decidió acudir a esa institución?

De todas las instituciones que podrían tener incidencia en evitar que este cobre cristalice, está la Contraloría como la instancia que de manera más expedita podría resolver. Están las instancias jurisdiccionales, que son los recursos de amparo o por inconstitucionalidad que tendrían que tramitar la Corte Suprema de Justicia. Pero siendo que prácticamente no existe CSJ en estos momentos en Nicaragua, y sin menoscabo de otras instancias como la Fiscalía y la Procuraduría, lo hicimos en la Contraloría por su manera más directa, por su naturaleza como ente fiscalizador y porque su Ley Orgánica expresamente lo dice en su artículo 9 numeral 7:

“La Contraloría General de la República tiene como función examinar y evaluar la correcta recaudación y el manejo de los fondos públicos y llevar a cabo auditorías especiales con respecto a los ingresos tributarios o no tributarios de las entidades y organismos públicos, dictaminando, en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos”.

El caso lo presentamos por la vía de la denuncia. Fue recibido y al día siguiente fue tramitado. Se envió el informe de lo actuado hasta entonces por la Contraloría al CSE para que en una semana informen lo correspondiente.

¿Cree que progrese esa demanda?

Creo que va a progresar en la medida que la ciudadanía lo haga progresar. Y lo va a hacer con una acción enérgica, una movilización nacional y sobre todo con desobediencia. No tramitemos cédulas, no solicitemos cédulas, mucho menos paguemos cédulas mientras no quede claro que deben ser gratuitas: es una obligación indeclinable del Estado resolver gratuitamente y expedir a cada nicaragüense su cédula. No hay manera de que se logre un avance en esto, que desista el CSE, si la ciudadanía no actúa unida. Es una gran oportunidad para sentar un precedente y hacernos respetar como país, como ciudadanía, como nación. Aquí no puede venir un funcionario de una entidad de gobierno, por un muy encumbrado que sea, a dictaminar un cobro por sus pistolas.

Además, este cobro es inconstitucional porque según el artículo 57 de la Constitución política, todos los nicaragüenses tienen derecho al trabajo, y siendo que la cédula es una condición ineludible para conseguirlo, el CSE niega ese derecho a los nicaragüenses, porque hay gente que no tiene dinero para pagar esta cédula.

¿Cuál es el procedimiento legal que tenía que haber cumplido el CSE en caso de cobrar por este documento?

Si había una necesidad, el CSE tenía que solicitarlo al órgano legislativo. Hagamos hablar al CSE. Dice: “Así como lo hice en el 2008 presentando ante ustedes la necesidad de 70 millones de córdobas que tenía, y que ustedes lo acogieron y lo aprobaron y emitieron la Ley 673, igual tenían que hacerlo aquí”. En la Asamblea, en coordinación con Hacienda, se analiza la pertinencia de la petición y lo más importante: la fuente que va a financiar ese gasto adicional que está modificando el Presupuesto. Pero modificar el presupuesto desconociendo la Asamblea es un absurdo, es como que mañana la Policía Nacional cobre a los vehículos que detenga porque tienen una necesidad salarial o porque tienen que hacer edificación. No puede ser.

Irónicamente, y es una paradójica divertidísima, el CSE ya hizo esto (solicitar reforma presupuestaria a la Asamblea) en las elecciones que después resultaron fraudulentas en el 2008. Está la ley en la Gaceta 210 del 31 de octubre de 2008, menos de diez días antes de las elecciones municipales. ¿Por qué no lo hizo así ahora? ¿Por qué no lo previó eso en el Presupuesto de 2010?

Ya el cobro lo están haciendo, ¿qué papel juega ahora la Asamblea Nacional?

Si ya está ocurriendo el cobro, aquí hay un daño inminente y permanente. Quienes ya pagaron no han perdido su dinero: estén preparados para hacer un reclamo por pago indebido, porque esto es inconstitucional y uno nunca renuncia a un derecho. Si lo obligaron a pagar, si pagó equivocadamente o porque no tenía claridad del pago, tiene derecho a reclamo por pago indebido.

Ahora, ¿qué tiene que hacer la Asamblea? Reunirse de emergencia para resolver esto. Pero como están de vacaciones y respetan sus vacaciones, pues cuando regresen deberían en la primera sesión conocer una reforma presupuestaria. Si la Asamblea Nacional deja pasar esto, la Asamblea se está anulando a sí misma, está decretando su muerte institucional. No pasa lo mismo con los ciudadanos, que no podemos aceptar la muerte civil a la que nos quiere condenar el CSE.

Comentarios

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Ismael A Figueroa Aguilar

Hola soy Abogado y Notario Publico de la Republica de Nicaragua y me parece muy bien fundado el comentario hecho por usted señor fiscal Julio Francisco Vaez en realidad considero que es una burla un atropello a los derechos de los ciudadanos nicaraguenses al igual que usted considero que es ilegal el cobro porque no cumple con los terminos de ley es totalmente violatorio de los derchos de los ciudadanos y si dejamos pasar esto estariamos callendo en un grave error porque nosotros mismos nos estamos dando una muerte civil. cuente con mi apollo en lo que respecta a este tema si es posible trabajar en esto estoy a la orden, felicidades por querer hacer cumplir la justicia.

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Marlon Mayorga

Ese es un fraude total, lo que quieren hacer los del CSE es robarse todo el dinero que les dieron de donacion para pagar el mantenimiento de las MEGA CASAS que tienen.... en vez de darselo a la pobre gente que no tiene ni para hacer una casa de carton ahora...

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JOSE RAMON GUTIERREZ MARTINEZ

Tan inlegal es el cobro por Cedulas en Nicaragua,como tan inlegal es negarle la Cedulacion y el Voto de los casi dos millones de Nicaraguenses en el Exteror , TAIWAN y ESPAÑA aportaron el dinero para cubrir todo este `proyecto que es Ley en la Cosntitucion , sin embargo todo indica que Daniel y sus poderes Corruptos se desviaron el dinero me pregunto¿donde esta la Oposicion ? que hablan de candidatos y ni siquiera tienen claro las reglas del juego exponiendose a un fraude lectoral donde ni lectura del Conteo hacen como el famoso 8% que es secreto de estado, luchemos por el Voto en el Exterior.

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Juan R Pérez

Doctor Kiko: Excelente. Mi firma esta lista para cuando se requiera introducir un recurso legal, insconticionalidad, etc para hacer revertir la situación. También cuando decidamos marchar en forma pacífica para lograr la derogación de ese cobro bárbaro, brutal y escalofriante para el bolsillo de quiénes como yo padecen desempleo.

Atentamente

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