La misión técnica del Fondo Monetario Internacional tiene previsto aterrizar en Managua el próximo martes tres de agosto, y permanecerá una semana en el país para efectuar la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), con lo que se daría por cerrado el actual programa en ejecución.
Ambas revisiones tuvieron que juntarse ante la decisión sorpresiva e inconsulta del gobierno del presidente Daniel Ortega, de aprobar la entrega de un bono de C$529 para más de 120,000 trabajadores del Estado que devengan menos de C$5,500, lo que motivó a las autoridades del organismo internacional a detener la presentación de Nicaragua ante su Directorio, prevista para el 5 de mayo pasado.
A la vez, se detuvo la realización de la cuarta evaluación, hasta decidir finalmente que se juntaría con la quinta, con lo cual concluye este programa, aunque las autoridades económicas del país han declarado públicamente su interés de extenderlo por un año más.
Si ambas revisiones son positivas, Nicaragua logrará acceso a U$78 millones, de los cuales U$36 millones serian aportados por el FMI, (U$18 millones de la cuarta revisión, y una cantidad similar por la quinta); y otros U$42 del BID, que están ligados a este mismo ejercicio evaluativo.
Los temas pendientes de discusión
Aunque el gobierno de Nicaragua cumplió casi todos los compromisos asumidos con el Fondo, aún hará falta que sus economistas y los de Nicaragua se pongan de acuerdo fundamentalmente en dos temas: la reforma al sistema de pensiones, y la entrega del ‘bono solidario’.
En el primer caso, habrá que elegir cómo se va a debatir la situación del sistema de pensiones y sus necesarias reformas para que siga vivo. El compromiso mínimo asumido por el gobierno es que hay que publicarlo, para que toda la sociedad pueda participar del debate.
Extrañamente, el documento sigue estando restringido, como si se tratara de un secreto de Estado, a pesar que compete al más de medio millón de afiliados que tiene el sistema de seguridad social del país.
La razón más probable (si descartamos el gusto por el secretismo que ostentan los jerarcas del FSLN) es que no sepan cómo abrir el debate en un año preelectoral, siendo que se corre un alto riesgo de politizar la discusión, (lo que sería casi tan malo como mantenerlo oculto), siendo que debe servir para informar a los ciudadanos y ayudar a crear consensos.
El otro tema espinoso es el del bono, al que el Fondo podría retirar su objeción si Nicaragua les explica cómo hará para mantenerlo en lo que resta del 2010, sabiendo que representa un alto riesgo potencial para las finanzas de los próximos años.
Ley orgánica del Banco Central
El resto de las obligaciones del gobierno están cumplidas, y prácticamente de la forma en que lo pidió el Fondo, comenzando por la nueva Ley Orgánica del Banco Central, que le da más fortaleza e independencia, y propicia, entre otras cosas, el desarrollo de las Operaciones de Mercado Abierto.
La Ley de Uso Responsable de la Energía Eléctrica resultó ser un hueso duro de roer para la representación oficialista en la Asamblea Nacional, pero finalmente se logró su aprobación, con lo que aumentó el universo de entidades (naturales o jurídicas) sujetas a las sanciones que impone la ley, a la vez que se ejerció presión sobre la empresa privada para que implemente su plan de inversiones tal como está previsto.
Buscando pagar el menor costo político, el gobierno logró que la Ley de Moratoria (redactada para beneficiar a los productores en mora con las empresas de micro finanzas) resultara lo más inocua posible, a la vez que también evitaba inmiscuirse en las modificaciones a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito, logrando que los bancos lo hicieran “de forma unilateral”.
El país también puede mostrar tasas razonables de crecimiento económico (siendo que el mundo se encuentra en un año post crisis), a la vez que muestra su capacidad para mantener la inflación bajo control.
Preparan reforma presupuestaria
El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, confirmó a Noticias 12 que el Ejecutivo prepara una reforma presupuestaria, en la que se plantea agregar C$1,300 millones al Presupuesto General de la República 2010, la que deberá ser enviada a la Asamblea Nacional luego que ese poder del Estado regrese a sus labores en la primera quincena de agosto, luego de su receso de medio año.
Los recursos adicionales son el resultado de las recaudaciones extraordinarias logradas en 2010, así como los aportes recibidos de la cooperación internacional, entre ellos, los U$10 millones donados por la Federación Rusa.
Al mes de mayo, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de C$10,985 millones, lo que superaba en 14.52% a la colecta acumulada a mayo del 2009, cuando sumó C$9,592 millones.
Esa sobrerrecaudación de C$1,393 millones (debe ser mayor al mes de junio, pero el gobierno aún no hace públicos los datos) es posible, en parte, por el crecimiento del Producto Interno Bruto y el incremento de los precios al consumidor, además de ser resultado de la reforma tributaria aprobada en diciembre del 2009, aunque el economista Adolfo Acevedo, también se la atribuye a otra razón: la subvaluación adrede de los verdaderos montos de recaudación esperados.
Arce dijo que los C$1,300 millones se emplearán “para incrementar un poco los gastos en beneficio del país este año”. Añadió que le presentarán la reforma presupuestaria a la Misión Técnica del Fondo Monetario, que a partir del próximo 4 de agosto, comenzará a efectuar la cuarta y quinta revisión del programa, que concluye en octubre del 2010.