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Diputados aliados del FSLN en Comisión de Municipios

Destitución de alcaldes viola la Constitución

*Consejo Supremo Electoral y policía resultan cómplices de ilegalidad para pisotear Autonomía Municipal

Alvaro Navarro | 14/7/2010
@NavarroNewsNic

Las investigaciones realizadas por los diputados de la Comsión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional desembocaron en un categórico dictamen: hubo en todos los casos violación a la ley y la Constitución con la complicidad del Consejo Supremo Electoral  para defenestrar ilegalmente a ocho autoridades de seis muncipalidades del país, y acreditar de forma relámpago a sus sustitutos, que todavía usurpan dichas funciones en evidente irrespeto a la Ley de Autonomía Municipal.

El dictamen fue firmado por siete diputados de distintas bancadas legislativas, incluyendo al presidente de dicha comisón, el ingeniero Agustín Jarquín, y la legisladora conservadora y ex presidenta de la Asamblea Nacional, doctora Miriam Argüello, ambos miembros de la Convergencia Nacional y aliados del Frente Sandinista.

Además, firmaron el infome los diputados opositores Pedro Joaquin Chamorro, Porfirio Castro, Ramon Gonzalez, , Javier Vallejos y Allan Rivera, mientras los cinco parlamentarios del FSLN que pertenecen a la comisión, no asistieron a ninguna de las reuniones para conocer estos casos.

CSE golpea y calla

Durante el proceso de investigación, entrevistas a los involucrados y recopilación de datos, la comisión convocó, a través de la Primera Secretaría del Parlamento, a las autoridades del Consejo Supremo Electoral, no obstante, éstas prefirieron guardar silencio.

Según el diputado Agustín Jarquín, quien junto a Miram Argüello y al miembro de la Bancada Democrática Nicaraguense, Pedro Joaquín Chamorro comparecieron en el programa televisivo Esta Noche para explicar los alcances del informe, “la Comisión requirió oficialmente al Consejo para que diera su opinión calificada sobre estos casos y que les mandara copia de los expedientes de cada uno, pero no hubo respuesta…con lo cual desatendió su obligación”.

No obstante, Jarquín explicó que a falta de la documentación por parte del CSE, recopilaron resoluciones y notificaciones que tienen las autoridades destituidas, las cuales “nos hacen presumir que los procesos realizados por los correspondientes Consejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral, no se ajustaron a los procedimientos Constitucionales, Legales y Reglamentarios”.

Por su parte, la diputada Argüello criticó que el Poder Electoral acreditara en tiempo record a las nuevas autoridades, con lo cual se viola la Ley de Municipios y la Constitución Política, que establecen claramente que para poder acreditar a los sustitutos debían dar un plazo de 15 días y escuchar a los funcionarios señalados, como principio fundamental del respeto al derecho de defensa.

Policía en el mismo rumbo

En el caso particular de Boaco, la Policía Nacional desalojó por la fuerza al edil legítimamente electo, Hugo Barquero de sus oficinas en la Alcaldía con lo que incurrieron en expresa violación a la Constitución.

En el conclusivo del informe, la comisión exige “a los involucrados y competentes en estos hechos investigados, actuar de inmediato para subsanar los mismos y preservar el orden constitucional y legal, para regresar la paz y la tranquilidad social a los municipios afectados”.

Si bien este informe no tiene carácter de Ley, de ser aprobado en el Plenario antes del receso parlamentario que inicia este viernes, el diputado Pedro Joaquín Chamorro, valoró como “una esperanza para que los alcaldes destituidos, como Hugo Barquero, tengan las herramientas legales para exigir su restitución. Lo lamentable de esto es que en este país no se respetan las leyes”, concluyó Chamorro.

Comentarios

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Bismarck A. Gaitán A.

Las autoridades municipales despojadas de sus cargos en forma arbitraria, debieran unir sus voces, conformar un grupo que denuncie nacional e internacionalmente los atropellos a que han sido objeto, recorrer todos los medios de comunicación en permanente protesta por las violaciones sufridas, y con ello frenar los intentos del orteguísmo en continuar usurpando alcaldías que no le son adeptos.

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