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Informe contundente de Comisión de Municipios

Diputados ordenan restituir a alcaldes

* Destituciones no se ajustaron a los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios.

Carlos Salinas Maldonado | 11/7/2010
@CSMaldonado

La Comisión de Municipios de la Asamblea dio una buena noticia a la decena de autoridades municipales que han sido irregularmente destituidas en los últimos meses. Con el visto de bueno de los diputados aliados del FSLN, Agustín Jarquín y Miriam Argüello, la Comisión emitió un informe en el que afirma que las destituciones fueron ilegales y ordena restituir en sus cargos a las autoridades locales. El informe ahora tiene que ser aprobado por el Plenario de la Asamblea.

La Comisión parlamentaria encontró en sus investigaciones que estas destituciones violaron la Constitución y las leyes relacionadas a la administración y autonomía de los municipios. La Comisión basó sus conclusiones en el diseño de un cronograma que, tomando en cuenta el sistema legal relacionado con los gobiernos locales, arrojó que en la destitución de alcaldes y otros funcionarios municipales no se cumplieron los procedimientos establecidos en la ley, por los que esas destituciones son ilegales.

El informe preparado por la Comisión incluye en sus anexos los documentos de los que los diputados se valieron para hacer sus conclusiones: hay esquemas detallados de las causas que se argumentaron para las destituciones y los recursos interpuestos por los funcionarios.

Además, se presenta un análisis detallado de cada uno de los casos.

Hasta la fecha han sido destituidos cuatro alcaldes y una decena de funcionarios municipales, entre vice alcaldes y concejales de varios municipios del país, incluyendo funcionarios del FSLN. El argumento para la destitución ha sido el de malos manejos de los fondos públicos, pero se no han presentado informes que lo demuestren. La última destitución fue la del alcalde de Boaco, Hugo Barquero, quien resistió durante una semana atrincherado en su despacho del Palacio Municipal hasta que fue expulsado por oficiales antidisturbios de la Policía Nacional.

Para los analistas, se trata de una estrategia del Gobierno para avasallar todos los espacios de poder en el país y garantizar la reelección del presidente Daniel Ortega.

Al presentar el informe, el diputado Agustín Jarquín llamó al Plenario de la Asamblea a actuar de inmediato y exigir a las autoridades involucradas en las destituciones que reviertan lo hecho. Eso incluye al Consejo Supremo Electora (CSE), que en tiempo récord aceptó las destituciones de alcaldes y concejales y juramentó a nuevas autoridades.

El diputado Pedro Joaquín Chamorro dijo que el informe contiene tres recomendaciones: que el documento sea aprobado por el Plenario de la Asamblea; que se sigan las causales legales cuando las funciones de las autoridades locales son cuestionadas, y que sean restituidas las autoridades removidas de forma irregular.

Chamorro destacó que el CSE no envió ninguna información que solicitó la Comisión durante su investigación, por lo que dijo que el ente electoral violó la ley, porque como instancia pública está obligado a entregar la información que requiere el Parlamento. “El Consejo demuestra parcialidad y no está apegado a derecho”, dijo Chamorro.

En los anexos del informe de la Comisión de Municipios se presentan cartas que los diputados enviaron al CSE para que este entregara documentación. El 20 de junio los diputados se dirigieron al magistrado del CSE Roberto Rivas para que les entregara información y expedientes de las destituciones de funcionarios municipales. No se adjunta respuesta de Rivas.

Sin embargo, en el informe los diputados afirman tener suficientes pruebas para dictar su opinión sobre lo ocurrido con los funcionarios locales. “Se recopiló documentación en los casos de los municipios de Wiwilí, Corinto, Boaco y Jinotega que contienen abundante evidencia que nos hacen presumir que los procesos realizados por los correspondientes Concejos Municipales y el CSE no se ajustaron a los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios”, reza el informe.

El documento establece que en las destituciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales se violaron los artículo 34, 48, 130 y 178 de la Constitución. Este última establece las causales por las que los funcionarios municipales pueden perder su investidura: renuncia del cargo, muerte, condena mediante sentencia firme, abandono de sus funciones durante sesenta días continuos, incumplimiento de la función declarar sus bienes ante la Contraloría y haber sido acusado por malos manejos en fondos públicos por la misma Contraloría.

El informe ahora tiene que ser aprobado por el Plenario de la Asamblea Nacional. Sin embargo, representa un importante precedente en la defensa de la institucionalidad del país. “Es un precedente importante en el respeto a las leyes y la Constitución”, dijo el diputado Chamorro.

Comentarios

1
EMEJIA

ESTA MUY BIEN QUE AL MENOS CANTEN
O QUE HAGAN UN PUCHERITO
PERO MIENTRAS NO SE LE PLANTEN
EL BACHI, SEGUIRA MUY SEGURITO.

Y ES UN CUENTO DE NUNCA ACABAR
EL RELAJO QUE ENTRE TODOS ARMARON
AHORA NO HAY NI A QUIEN RECLAMAR
POR LA SILLA EDILICIA QUE SE ROBARON/

CUAL SERA EL FINAL DE ESTA HISTORIA
DONDE HAY 1 HEROE Y VARIOS VILLANOS
OJALA EL TIEMPO BORRE DE LA MEMORIA
EL PASO DEL PODER DE CIUDADANOS

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