Reyna Reyes quedó en el desempleo, tras trece años de laborar en empresas de zonas francas. En el primer semestre del 2008 cerró operaciones el consorcio Nieng Hsing, uno de los mayores fabricantes de pantalones azulones en el mundo. En Nicaragua mantenían seis empresas en operaciones, de las cuales cerraron cinco, dejando a unas 14.500 personas sin empleos, incluyendo a Reyna. 

En vísperas de la salida del consorcio, las autoridades de ProNicaragua dejaron entrever que el consorcio Nieng Hsing levantaba anclas y se trasladaba a Asia, porque habían incumplido con el uso de las cuotas asignadas de los TPL y se les había aplicado una penalización cuantiosa, de varios miles de dólares.

Sin embargo ahora, las mismas autoridades de ProNicaragua admiten que el consorcio taiwanés se largó como resultado de las nuevas reglas del juego, que rigen el salario mínimo desde 2007.

Reyna, oriunda de Santo Tomás, Chontales, inició su carrera laboral en una zona franca a mediados de los años 90, en una fábrica que producía ropa interior femenina, la cual cerró años después. Se reubicó entonces en la fábrica Ching Hsing, del consorcio taiwanés, colocando piezas de los pantalones azulones. Hasta el primer semestre del 2008, cuando pasó al desempleo junto a miles más.

“No me quedó más alternativa que buscar trabajo de doméstica, es más duro que las zonas francas, pero tengo que trabajar para sobrevivir”, comentó Reyna, madre soltera de tres hijas y abuela de una nieta. Trabaja en Managua, en una vivienda donde atiende a tres personas y a varias mascotas. Sabe que éste es un sector generalmente marginado de los derechos y de las conquistas laborales, pero no tiene otra opción.

Análisis del impacto del salario mínimo

En marzo, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) presentó el primer estudio titulado “Impacto de los salarios mínimos en los salarios, el empleo y la pobreza en Nicaragua”, junto al Fusades de El Salvador y las universidades de Maryland y de Michigan, de Estados Unidos. En éste se analizó el impacto de siete ajustes salariales en el período 1998-2006, tomando como referencia los resultados de encuestas paneles en 1.600 hogares de los sectores urbanos nicaragüenses.

En términos estadísticos, el estudio evidenció que en ese período de nueve años, un aumento del 10% en los salarios mínimos produjo un incremento del 5,8% en el salario de los trabajadores, siempre y cuando se cumplen estas premisas: que el trabajador beneficiado ganara cerca del mínimo (más o menos 20%), que estuviese empleado en el sector privado formal y que permaneciera laborando después del ajuste.

Pero, también evidenciaron la otra cara de la moneda. Estadísticamente hallaron que cada vez que aumenta el salario mínimo en 10%, la probabilidad de que otros conserven sus empleos disminuye en 5%. Generalmente, los que se van tienden a trasladarse al sector informal de la economía y los más afectados son las mujeres, los jóvenes y los menos calificados.

“La legislación del salario mínimo se supone que pretende ayudar a la gente que gana cerca del mínimo, pero resulta que también los está perjudicando porque son ellos y ellas quienes tienen más probabilidades de irse al desempleo, al sector informal o a trabajar como familiar no remunerado. Es decir, el aumento en el salario mínimo tiene un impacto positivo en un grupo muy particular de trabajadores jefes de hogar, pero a costa de la pérdida del empleo formal de otro grupo de gente bastante amplio”, afirmó Enrique Alaniz, investigador del FIDEG y coordinador del estudio en Nicaragua.

Para que el incremento salarial tenga un impacto positivo en la reducción de la pobreza, el estudio del FIDEG determinó que deben cumplirse con las siguientes premisas: que el beneficiado sea jefe de hogar, que éste sea hombre, que permanezca empleado después del aumento y que en ese hogar también trabajen más de dos personas. De lo contrario, el impacto como reductor de pobreza es menor.

En esos nueve años analizados por FIDEG (1998 -2006), la tasa de ocupados plenos disminuyó casi 10 puntos, del 36,1% al 26,4%. Mientras la del sub-empleo visible se incrementó en casi 14,3%, al pasar de 26,7% a 41%. Por tanto, Alaniz valoró que el principal problema en Nicaragua es la calidad de los empleos, la cual ha desmejorado, ya que la informalidad alcanza al 75% de la mano de obra.

“Desde mi punto de vista, el balance es que el ajuste del salario mínimo trae beneficios a un grupo reducido de trabajadores, pero este beneficio se paga a un costo muy alto, relacionado al crecimiento del sector informal, donde está desprotegido. Lo correcto sería hacer las cosas responsablemente, de modo que se maximicen los beneficios y se minimicen los efectos negativos de los aumentos”, señaló Alaniz.

Entre sus recomendaciones están que el incremento corresponda a la tasa de inflación anual y que se haga una vez al año, dado que hacerlo dos veces es justificable en economías con tasas de inflación altas (mayores del 15% anual). Además, indicó que los planes empresariales son anuales, por tanto, incrementos semestrales resultan distorsionantes.

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