El diputado opositor Eduardo Montealegre se preguntaba la semana pasada quién mandaba en realidad en la Policía Nacional, porque los hechos desarrollados en Boaco ponían en entredicho la autoridad de la primera comisionada Aminta Granera y dejaban en evidencia el sesgo político que ha tomado la institución encargada de velar por el orden y la seguridad de los nicaragüenses.
Granera había prometido al diputado Montealegre y a Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH), que los oficiales antidisturbios que custodiaban el Palacio Municipal de Boaco no sacarían a la fuerza al alcalde Hugo Barquero. Pero, aparentemente, esos oficiales obedecían otras órdenes: con lujo de violencia echaron el lunes al alcalde y sus seguidores. Inmediatamente los ojos de muchos voltearon a ver a la Secretaría del Frente Sandinista y al presidente Daniel Ortega.
Policía del FSLN
Barquero afirmó horas después que no confiaba en Granera y dijo que la Policía Nacional “es la Policía del Frente Sandinista”. “No confío en la comisionada Granera. Ella no representa lo que yo pensaba: la dignidad, el profesionalismo de la Policía. Yo creo que la comisionada o es una más del clan Ortega o la tienen ahí funcionando para aparentar que es jefa, pero no asume su responsabilidad real de cuidar al pueblo. Yo creo que es completamente parcial”, dijo Barquero el martes en el programa Esta Noche.
Los hechos en Boaco dejaron en evidencia una fuerte crisis interna en la Policía Nacional. El FSLN quería fuera de la Alcaldía de Boaco a Barquero, y como la jefa de la Policía de Boaco, la comisionada mayor Miriam Zamora no lo había echado, sorpresivamente Zamora fue retira de su cargo y en su lugar fue nombrado el comisionado Luis Barrantes.
Barquero denunció que fue Barrantes quién le exigió abandonar el Palacio Municipal. “Barrantes dijo: ‘queremos que se desocupe la oficina porque aquí se va a hacer una auditoría. Si no la desocupa nos veremos obligados a la fuerza’. Yo creo que la Policía es partidaria. No sólo partidaria, es orteguista”.
Para Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), lo ocurrido con Zamora fue una “destitución de facto”, que además violenta el marco legal de la Policía Nacional. “Ya no podemos hablar ni siquiera de señales, sino de un claro sesgo político en la gestión institucional de la Policía”, explicó Orozco.
En Boaco no mandaba Granera
“En Boaco no estaba mandando Granera. Ella parece quedar en un mero discurso. La orden la dio un mando superior. Fue una decisión política. Se dio una orden de un mando superior y la policía la acató. Ese mando superior es Daniel Ortega ordenando”, agregó
Lo ocurrido en Boaco se une a una larga lista de faltas que organizaciones civiles y políticos de oposición han achacado a la institución policial: la participación de dos comisionadas vestidas con uniforme en un acto político del FSLN; la falta de intervención de la Policía ante el ataque de huestes sandinistas contra un hotel donde diputados de oposición realizaban una sesión parlamentaria; la impunidad con la que las turbas del FSLN atacan a opositores…
“El IEEPP ya había advertido que el Gobierno de Ortega iba a ser una prueba de fuego para la Policía Nacional por el resurgimiento de apasionamientos políticos entre altos y medianos mandos, independientemente de la posición de la Jefatura Nacional”, explicó Orozco.
La Policía Nacional se rige por un marco legal que es la Ley 228. Esa ley establece que la Policía obedece únicamente a la Constitución y las leyes, pero que está subordinada al poder civil que representa el Presidente de la República. Orozco dijo que esa subordinación no tiene “condición de obligatoriedad” cuando las órdenes que dé el mandatario son inconstitucionales.
Sin embargo, el avasallamiento que Ortega está ejerciendo a lo interior de la institución, hace que la Policía “no pueda decir que no a las decisiones que manda el Ejecutivo, aunque sean violatorias a la ley. Aminta Granera no puede nadar contra la corriente”, dijo Orozco.
El político opositor Edmundo Jarquín, coordinador del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo el viernes que lo ocurrido en Boaco dejaba en evidencia “la gran baja” de la Policía Nacional, “que ha sido manipulada políticamente por Ortega, alejándola cada vez más de su perfil institucional y profesional, que tanto prestigio le ha dado entre los ciudadanos”.
Orozco dijo que la situación de subordinación política de la Policía “nos pone en grave peligro”, porque “no hay nada que pare el manoseo político de la institución”. Y ese manoseo tiene sus consecuencias sobre la función primordial de la Policía, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Por más que quiera la Policía concentrarse en el orden, los vaivenes políticos desconcentran su labor, porque tiene que estar cumpliendo otras órdenes. Los delitos y la peligrosidad de los delitos va en aumento, y podría ser efecto del descuido de la Policía por los vaivenes políticos”, dijo Orozco.
Para Orozco “es momento de lanzar una alerta” y de estar pendientes sobre lo que pasa con la Policía Nacional. Orozco recomendó a los diputados que ejerzan un balance sobre el control de la institución, llamando a la primera comisionada Granera para que dé explicaciones ante el Plenario sobre el papel político que ha jugado la Policía. Hasta ahora los diputados han sido simple espectadores de esa subordinación política.
La semana pasada, tras el desalojo a la fuerza de la Alcaldía, el diputado y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre criticó las acciones de los oficiales antidisturbios y dijo que tenía en su poder un video que mostraba la forma violenta en la que el alcalde Barquero y sus trabajadores fueron desalojados en Boaco. Montealegre, quien había recibido de la primera comisionada Granera la promesa de que no iba a haber desalojo, dijo que el video se lo haría llegar a Granera… “para que lo disfrute”, advirtió.