Eterna víctima del síndrome que le obliga a primar lo urgente por sobre lo importante, Nicaragua se ha olvidado olímpicamente de la urgencia y la importancia de discutir y aprobar un pacto fiscal con el consenso más amplio posible, asegurando “suficientes recursos al Estado, de manera que contribuya a crear las condiciones que permitan que todos los ciudadanos puedan dejar atrás la pobreza”, dijo Maynor Cabrera, Economista Senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Remarcando la importancia del concepto, Cabrera señaló cómo los candidatos presidenciales hablan de sus planes de gobierno sin explicar cómo planean financiarlos, a la vez que recordaba que un pacto fiscal “es un acuerdo político de largo plazo, como la Constitución”.
Pero es probable que por eso mismo la sociedad nicaragüense no sea ‘elegible’ para negociar y lograr un acuerdo de tanta trascendencia, dados los altos niveles de polarización en que se desenvuelve la vida nacional, y a que la política oficial del partido de gobierno ha elevado los niveles de desencuentro de la clase política y la de sus acólitos.
Para el diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, para culminar un pacto fiscal, “habría que hablar antes de un pacto social, o mejor aún, un acuerdo fiscal y un acuerdo social”, por que el término ‘pacto’ está satanizado.
“Obviamente, diferentes actores tendrán diferentes intereses que tratarán de proteger, y hay elementos de ese acuerdo social que son importantísimos para el crecimiento futuro del país, como los impuestos, que será un elemento muy importante” a negociar.
El economista Cabrera opina que “puede sonar paradójico, pero justamente las sociedades más polarizadas son las que precisan en mayor medida de pactos fiscales. En ciertos casos, los acuerdos existentes son mayores de los que comúnmente se cree. El grado de polarización de una sociedad puede ser síntoma de la falta de un contrato social claro de sus habitantes, los cuales no se sienten parte del orden establecido, por lo cual es necesario generar acciones para incluirlos”.
¿Pactar qué?
Para tener mayores posibilidades de lograr que la idea de tener un pacto fiscal cale en la sociedad, hace falta comenzar explicando qué es lo que no es.
Un pacto fiscal no es simplemente un nuevo acuerdo para cobrar más impuestos, como sí lo fue la ‘reformita’ de diciembre del año pasado.
Por el contrario, un pacto fiscal es “un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones. Implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos acerca de los temas de política fiscal”, define el economista Cabrera.
“Para que un pacto fiscal pueda ser exitoso y sostenible debe tener una visión integral, por lo tanto es más que sólo impuestos. En realidad, el fundamento del pacto fiscal es a qué clase país se aspira y cómo se está dispuesto a financiarlo. Esto implica que todos los ciudadanos contribuyan, eliminando los privilegios fiscales, pero que también exista una mayor rendición de cuentas del Estado hacia la ciudadanía. Por lo tanto, es muy importante considerar al gasto público, la transparencia y el endeudamiento”, añadió.
A juicio del experto fiscal Julio Francisco Báez, la incapacidad del gobierno para proponer a la nación la reforma tributaria que anunció desde el inicio de su periodo en 2007, obliga a que la sociedad se plantee cómo tomar la iniciativa, procurando que se haga con los más altos estándares de legitimidad desde el punto de vista político, profundidad del análisis técnico, y el mayor consenso posible.
La razón para subir tanto el listón –y en tantos campos a la vez- es que en el fondo, un pacto de este tipo lo que hace es definir cómo imaginamos el país que queremos tener en el futuro mediato, desde el punto de vista económico, político y social, y cómo se financiará la construcción de ese proyecto de nación, explicó Báez.
Consenso sobre impuestos y exoneraciones
Al momento de definir cómo, cuánto y a quiénes se le cobrará los –en teoría ineludibles- impuestos, el economista Maynor Cabrera, del ICEFI, insiste en la necesidad de hacerlo por consenso.
“Hay que encontrar grandes puntos de acuerdo nacional y de alianzas, lo que no excluye que puedan existir diferencias en las que será necesario lograr acercamientos. Como punto de partida, los acuerdos pueden enfocarse en lo que se pretende lograr con el presupuesto público, en lo cual es determinante el gasto y la inversión pública”.
Recordó que “los impuestos son sólo un medio para obtener niveles de gasto e inversión adecuados”, aunque también es importante que la carga impositiva sea compartida por todos los ciudadanos de la forma más equitativa posible, lo cual puede ayudar a concretar acuerdos.
Desde luego, no olvida que “existen pequeños grupos que reciben exoneraciones fiscales”, los que “podrían rechazar la pérdida de sus privilegios. En la medida en que se les despoje de sus privilegios, la carga fiscal, si es distribuida entre todos, puede ser más tolerable”.
Del mismo modo, Cabrera abogó por ver los pactos fiscales como “acuerdos de Estado, no limitados a un período de gobierno. Su viabilidad no depende de la cercanía a las elecciones, sino de la capacidad de alcanzar acuerdos” porque “no serán acuerdos que se agotarán en un gobierno, sino que deberían permanecer durante varios periodos, y con la capacidad de validarse constantemente”.