Lo que prometía ser una reunión más bien cordial, en la que representantes del Fondo Monetario Internacional y los del gobierno de Nicaragua revisaran el desempeño macroeconómico del país y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno, tuvo su manzana de la discordia en la recién aprobada ‘Ley de Moratoria’.
Los efectos de la citada Ley se vislumbran tan nefastos, que tanto las voces de la empresa privada como varias dentro del gobierno se han alzado para rechazarla y pedir que se derogue o se modifique sustancialmente, dada la convicción de que podría ser el tiro de gracia para la industria de las microfinanzas.
El economista Adolfo Acevedo llamó al Ejecutivo a involucrarse de forma activa en la búsqueda de una solución al problema planteado, ante la perspectiva de que la aplicación de esa ley sea causa de mayor incertidumbre entre las microfinancieras, y les lleve a ‘retraerse’ como una forma de autoprotección.
BCN: Derogación no es suficiente
La industria de microfinanzas engloba una veintena de entidades que al 30 de junio de 2009 tenía una red de 244 oficinas distribuidas en 129 de los 153 municipios del país, desde donde atiende a 350,382 clientes (58% mujeres), con una cartera de 246 millones de dólares, de los que el 41% está en manos de mujeres.
El Presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Antenor Rosales, dijo que “no sólo habría que derogar la Ley de Moratoria, sino todo lo que sea necesario para incrementar el clima de confianza en el país”, poco antes de entrar a un foro del Consejo Monetario Centroamericano, que coincidió con la visita de la Misión del FMI a Managua.
Rosales dijo que la representación nicaragüense estaba “discutiendo alternativas con el FMI para poder otorgar más crédito en el 2010”, aunque la citada Ley de Mora apunta claramente en contra de esa posibilidad, lo que habría creado ‘tensiones’ entre los negociadores.
“No hay tensiones, sino que estamos concentrándonos en los puntos de coincidencia entre las partes, para encontrar soluciones a los problemas planteados”, dijo el funcionario.
La ley del BCN y los números del INSS
Aunque buena parte del debate se ha centrado en los temidos efectos de la Ley de Moratoria, eso no significa que se hayan dejado de lado los otros temas que estaban en agenda desde hace meses: la nueva Ley Orgánica del BCN y el Estudio Actuarial del INSS, entre otros.
En el primero de los casos, las autoridades del BCN están promoviendo que la Asamblea Nacional les otorgue mayor autonomía para cumplir su trabajo de mantener la estabilidad de la moneda y del sistema de precios, sin tener que subordinarse a las decisiones de política que pueda querer imponer cualquier administración presidencial.
Rosales dijo que se trata de lograr que el BCN mejore su posición financiera, eleve sus niveles de transparencia y obtenga mayores facultades para su Consejo Directivo en temas de vital importancia como el del encaje legal, entre otros.
La Misión y los representantes nicaragüenses también revisaron el informe del Estudio Actuarial del INSS, y acordaron presentárselo a un especialista en pensiones del Fondo Monetario Internacional, para que éste lo revise y presente sus propias conclusiones en una fecha al parecer aún no especificada, pero que no debería pasar de junio.
La cita en Managua también deberá servir para estudiar los mecanismos a implementar para que el país abandone el alero del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP), y entre al del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), que “proporciona asistencia financiera a los países con problemas prolongados de balanza de pagos”.
Según información disponible en la pagina web del FMI, “el financiamiento en el marco del SCA tiene una tasa de interés cero, con un período de gracia de 5½ años, y un vencimiento final de 10 años. El FMI examina el nivel de las tasas de interés de todos los servicios concesionarios en el marco del FFCLP cada dos años”, lo que sería altamente beneficioso para Nicaragua.
Un año más y otro acuerdo
El Presidente Rosales dijo que uno de los últimos temas a tratar con la Misión del Fondo será la posición oficial del gobierno de Nicaragua en torno a la necesidad de ampliar por un año más el programa vigente, y negociar las condiciones de un nuevo programa que entraría en vigor en cuanto concluyera ese año extra.
Otra opción pasa por acordar un plazo para negociar ese nuevo acuerdo, y comenzar a aplicarlo en cuanto caduque el actual, aunque las decisiones en torno a ambas propuestas no serán tomadas hasta la semana que comienza este lunes primero de marzo.
Finalmente, el país deberá someterse a un nuevo escrutinio del Fondo en el transcurso de este año, a tenor con lo acordado en el Artículo 4º del Convenio Constitutivo del FMI.
Este dice en su Sección 3, inciso b) que “a fin de desempeñar sus funciones según el apartado a), el Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas”.
La última vez que el país se sometió a un escrutinio de ese tipo fue en enero del 2006, mismo que debió haberse repetido a inicios del 2008, pero no fue así debido a que el Fondo y Nicaragua estaban concentrados en las constantes revisiones del programa en vigencia, por lo que ahora se decidió dedicarle tiempo para enfrentar una nueva supervisión.