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El sector aduanero del país maneja un secreto a voces: la inminente destitución de Eddy Medrano, Director General de Aduanas, en momentos en que los agentes se quejan por la falta de capacidad y de constancia del personal de la DGA, así como por las constantes “arbitrariedades”, que sufren a manos de estos.

De confirmarse la salida de Medrano, éste estaría siguiendo los pasos de su segundo, Antonio Aguilar, cuya vacante se admitió recientemente en el seno de una reunión de altos funcionarios de la Aduana con el COSEP.

La posibilidad de un cambio en la titularidad de la DGA no alegra necesariamente a los agentes aduaneros consultados por Confidencial, porque el gremio no asocia sus problemas con una persona determinada, sino con el deseo de la administración en si, de generar más recursos a cualquier costo… aún pasando por encima de la Ley.

Uno de ellos es el Agente Aduanero Alfonso Soza, que se queja de la “arbitrariedad de los funcionarios aduaneros, que no aplican la ley correctamente. Parece que los orientan ‘desde arriba’ para recaudar más”.

A modo de ejemplo, Soza relata que la empresa para la que él trabaja está presentando en la Aduana de El Rama, “tres declaraciones amparadas en un mismo BL (Bill of Lading, o conocimiento de embarque), que ampara tres maquinarias. La normativa aduanera dice que cuando la mercadería cae en abandono, debe pagarse $100 por cada BL, y como hicimos tres declaraciones, quieren aplicarnos $100 por cada una”, cuando lo correcto es cobrarla por cada BL.

¿Por qué lo hacen?

“Siempre ha sido así. Lo hacen ‘por sus pantalones’. Por quedar bien recaudando más, pero esto perjudica a la gente, porque el importador traslada los costos al consumidor final, y a las empresas nos hace quedar mal con el cliente”, detalló.

El agente dijo que otro de los problemas que deben enfrentar es la decisión del operador del sistema de autodespacho quien “si sale verde, lo cambia a rojo para revisarlo de todos modos, aún cuando le corresponde a fiscalización hacer las nuevas revisiones, lo que resulta preferible si en efecto deben realizarse, porque los fiscales manejan otros criterios y tienen mayor preparación”.

Estrategias para recaudar más

Soza expresó su convicción de que el personal de Aduanas encontró una forma efectiva de aumentar las colectas, aplicando multas de U$50 a U$250 por casi cualquier cosa, a sabiendas que lo más probable es que el dueño de la mercancía –en especial cuando se trata de un importador constante- elegirá pagarla, aún siendo inocente.

“Muchas veces los clientes aceptan las decisiones injustas de la Aduana, porque se trata de multas que van de U$50 a U$100 ó U$250 y el cliente sabe que no vale la pena gastar más en un abogado que le lleve la apelación, además que la DGA comenzaría a verlo como su enemigo, así que mejor pagan el ‘diezmo’”.

Explicó que aunque algunos decidan seguir el procedimiento establecido para apelar, al final la respuesta es siempre negativa, así sea que la lleven ante el Ministro de Hacienda o ante la Comisión Nacional Arancelaria, “porque siempre nos dicen lo mismo”.

Soza también refirió que “quieren aplicarnos de forma retroactiva, una multa de U$100 por cada embarque recibido en los puertos Cortés (Honduras), Limón y Caldera, (Costa Rica), Acajutla, (El Salvador) y Barrios (Guatemala) a lo largo de los últimos años”.

Explicó que la mercancía que ha llegado a Nicaragua desembarcando en esas terminales marítimas extranjeras, lo hizo amparada en un BL que detalla que aquella debía ser entregada en Managua, pero “la Aduana quiere imponer una multa por ‘falta de documento’, porque dice que cada carga debió haber traído una ‘carta de porte’ que se usa como soporte para el tránsito terrestre, cuando el BL justifica todo el transporte multimodal”.

Soza también señaló que “la DGA quiere eliminar las exoneraciones a las donaciones, amparada en el hecho que éstas pasan mucho tiempo (más de los 20 días hábiles que manda la Ley) en los almacenes, a la espera de conseguir los respectivos permisos del MINSA, del MAGFOR, el aval de Relaciones Exteriores, y la autorización de exoneración de Hacienda, la que debe ser refrendada por la DGA, proceso que, lógicamente, se lleva más de veinte días.

…Hasta nuevo aviso

Por su parte, Edgard Martínez, Vicepresidente de la Cámara de Aduaneros, (CADAEN), también se quejó por la “voracidad” con que actúa el personal de la Aduana.

“Le admito que no hemos conocido voracidad mayor que la del gobierno de Arnoldo Alemán. Soy aduanero desde los años 70, y siempre ha sido así, administración tras administración, pero eso no justifica a ninguno”, reflexionó.

A su juicio, la “voracidad fiscal y la poca preparación, capacitación y conocimiento de quienes tienen autoridad para decidir, vuelve más lenta la situación para los importadores y para los exportadores, sean éstos sandinistas, opositores, o neutros. A todos nos afecta por igual”, sentenció.

“En ningún gobierno vas a encontrar un funcionario de la Aduana que haya sido nombrado por sus conocimientos”, y tampoco permanecen los técnicos que ya habían logrado un cierto nivel de experiencia porque “a esos los barre cada nuevo gobierno”, recalcó.

Por eso, Martínez dijo que el gremio sólo pide “que nos apliquen las leyes”, pero además, que se refrenden todos los acuerdos logrados por consenso en el Comité Técnico Operativo (CTO)”.

Se refiere a las discusiones iniciadas dentro del CTO, a partir de la matriz de 43 problemas presentados por CADAEN a la DGA. Los representantes de ambas instituciones se dieron cuenta que podían encontrar consenso en torno a aquellos puntos en donde la Ley resultaba más clara y fácilmente aplicable para todos, por lo que se propusieron firmar un primer acuerdo que contuviera esos puntos.

Eso debía ocurrir en una de las reuniones quincenales a efectuarse en el mes de junio, pero cuando llegó la siguiente reunión del CTO, “el delegado de la DGA dijo que no había tenido tiempo para leer los acuerdos alcanzados, y que por eso no podía firmarlos. Que lo haría en la próxima reunión”.

Esa cita no ha llegado aún, porque cuando llegó el momento de realizarla, el funcionario la mandó a suspender… hasta nuevo aviso.

Sistema de atrasos

Odallyz Orozco, propietaria de la Agencia Aduanera ATECA, señaló que “uno de los problemas que conozco es que se están generando serios atrasos cuando el sistema de gestión de riesgos determina Reconocimiento Físico y Documental (luz roja) de las mercancías”, lo que es perfectamente legal.

“El problema no es que el sistema determine revisión, porque la Aduana debe ejercer sus facultades de comprobación de lo declarado. Es el tiempo que tardan en ejecutar el proceso, en dar respuesta al importador. Probablemente es porque tienen poco personal para atender estos casos, que entiendo superan los 130 diarios sólo en Managua”, especuló.

Orozco dijo que otro problema que enfrenta el gremio ocurre “cuando determinan dudas al valor, y solicitan información complementaria que es casi ‘misión imposible’ conseguir, además del tiempo y dinero que se debe invertir para conseguirla”. 

La agente explicó que “hay importadores que quieren sentar un precedente con la Aduana y esperanzados en que la DGA les acepte el valor de los productos detallados en la factura realizan las certificaciones solicitadas. Piensan además que, de ser aceptado el valor, no tendrán estos atrasos con importaciones futuras de los mismos productos con esos valores”, pero la realidad termina demostrándoles su error.

“Es de suponer que si la DGA pide toda esa información y el importador la presenta, el valor será aceptado. No se me ha dado el caso con alguno de mis clientes, pero sí he sabido que aún con las pruebas solicitadas, la DGA continúa rechazando el valor, lo que constituye una de las inconformidades de los importadores”, concluyó.

El agente aduanero Francisco Javier Martínez, Presidente de CADAEN, refirió un problema similar que comenzó a ocurrir a partir de la implementación del sistema informático ‘SIDUNEA World’, que le hizo expresar que “la DGA se está especializando en pedir grandes cantidades de documentos, algunos de ellos rayanos en lo imposible o improbable”.

En efecto, lo que debería ser un aplaudido avance tecnológico, se convirtió en un quebradero de cabeza para muchas empresas del sector, toda vez que se les exigió presentar de nuevo todos los documentos originales que ya habían entregado a la Aduana cuando sometieron su documentación para poder operar legalmente, hecho ocurrido en algunos casos, varias décadas atrás.

Entre esos documentos se menciona la escritura de constitución de las empresas; los poderes de representación legal, su número de Registro Único del Contribuyente, y hasta un ejemplar de La Gaceta en que se autorizó la creación de sus empresas.

Martínez dijo que si RAMAR, (la empresa que él administra), pudo satisfacer esas exigencias legales, fue porque tenían los documentos bien guardados, en homenaje a su padre, que la fundó en 1956, admitiendo que de otra forma habría sido poco probable que conservaran ese documento por más de medio siglo, con guerra y terremoto de por medio.

La consecuencia para quienes no han podido satisfacer ese requisito ha sido que les pararan operaciones, lo que les ha llevado a perder clientes de forma temporal y hasta definitiva, en algunos casos, porque buscan a otros agentes que les internen su mercadería para seguir haciendo negocios.

Lista de imposibles

Cuando la Aduana no cree en el precio de compra que declara el importador, a éste sólo le quedan dos opciones: pagar el precio que exige la Aduana, o tratar de demostrar que él tiene la razón… si puede, porque para ello debe presentar una lista inacabable de documentos traducidos y autenticados por cuanta autoridad haya sobre la Tierra… o en el país en que se hizo la compra, y en Nicaragua misma:

A)   Factura comercial certificada por el gerente de la tienda o empresa donde se adquirió la mercancía, así como por la Cámara de Comercio Latina de EE. UU., o la cámara de comercio que corresponda del país de exportación.

B)   Ordenes de compra prenumeradas.

C)   Lista de precios.

D)   Proforma de facturas.

E)    (Si existe), copia notariada del contrato de compraventa donde consten las condiciones de la transacción.

F)    Certificación extendida por un CPA y copias certificadas de los libros contables de Diario y Mayor, donde conste la operación mercantil realizada, con los comprobantes de Diario donde se registra la transacción, los impuestos y servicios pagados por introducir la mercadería, y demás soportes contables relativos a la transacción.

G)   Comprobantes del pago realizado, (total o parcial), y comprobante del saldo pendiente con su proveedor, en caso de crédito. Recibo impreso (certificado por un CPA), cuando se trate de un pago electrónico. Voucher, si el pago se hace mediante tarjeta de crédito.

Todos los documentos provenientes del exterior deben certificarse ante notario público y autenticarse por las autoridades consulares nicaragüenses acreditadas en el país de exportación, así como por el Ministerio de Relaciones Estreriores de Nicaragua, con traducción al español, en caso que los documentos estén en otro idioma.

El ‘hachazo’ final llega cuando se señala que “la falta de remisión de la información requerida, será razón suficiente para rechazar el valor declarado en aduana”.