El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), hizo suya la lucha del sector financiero en contra de la Ley de Moratoria, iniciando una campaña de comunicación con la que esperan que la Administración vete la Ley, y ordene a su bancada no rechazar el veto presidencial… en caso que éste llegue a producirse.
La primera gran acción consistió en la publicación de sendos campos pagados a página entera en La Prensa y El Nuevo Diario, en los que dan a conocer sus razones para oponerse, y fijan una posición que no parece dejar lugar a negociaciones: “Solicitamos el veto total a esta Ley”.
En paralelo, la cúpula del COSEP tiene previsto reunirse con la misión del Fondo Monetario Internacional que está de visita en Managua para efectuar la cuarta revisión de su programa con Nicaragua.
En la cita, prevista a efectuarse este martes 2, los empresarios explicarán a los técnicos y economistas del Fondo sus razones para oponerse a la Ley de Moratoria, entre las que destacan el “alto grado de inseguridad jurídica e institucional, dado que afecta los contratos debidamente suscritos entre privados; es una ley confiscatoria, que produce efectos retroactivos y atenta contra el principio de cosa juzgada”.
El siguiente paso será reunirse con el propio presidente Ortega, a quien planean presentar sus puntos de vista, con la esperanza que se decida a ejercer el poder de veto que le confiere la Constitución, a pesar de las amenazas de disturbios que eso conlleva.
La semana pasada, el plenario del Poder Legislativo aprobó con amplia votación la Ley de Moratoria a favor de un número no determinado de deudores con las microfinancieras, en mora desde el año pasado.
Junto al COSEP, en la primera línea de lucha contra la Moratoria, está en primer lugar el gremio más afectado: el de las microfinancieras organizadas en ASOMIF, cuyo presidente, Julio Flores, alertó del riesgo que “una mayoría de clientes que quiere trabajar y que se esfuerza por pagar correctamente los préstamos recibidos, pueda perder nuevas oportunidades por causa de una pequeña minoría”.
Les acompaña la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, (ASOBANP), cuyo presidente Juan Carlos Argüello rechazó la pertinencia de una ley como ‘esa en este momento, siendo que “en los bancos hacemos ‘trajes a la medida’ de los clientes”, en referencia a los procesos de reestructuración de créditos.
El esfuerzo se ve complementado con la presencia de dos ‘pesos pesados’ dentro de la economía nacional: la Cámara de Comercio y la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), cuyos socios serían los principales afectados, dado que el crédito de las instituciones de microfinanzas está repartido entre pymes urbanas y pequeñas unidades de producción campesina.