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Gobierno quiere crear poder absoluto y sin control, opina sociólogo Manuel Ortega

Embestida contra la autonomía municipal

*Destituciones de alcaldes forma parte de la estrategia FSLN para reelección de Ortega.

Carlos Salinas Maldonado | 27/6/2010
@CSMaldonado

Las recientes destituciones de cinco alcaldes electos en las controvertidas elecciones regionales de 2008 (catalogadas como fraudulentas por la oposición y organizaciones civiles), responden a una estrategia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para instaurar en el país un poder absoluto y, de paso, crear la estructura para garantizar la reelección de Daniel Ortega, explica en esta entrevista el sociólogo Manuel Ortega, catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA).

Esa estructura le garantizaría al oficialista Frente Sandinista los recursos, el clientelismo y los votos necesarios para alcanzar el que hasta ahora ha sido su mayor anhelo: la permanencia en el poder. Y si bien los estrategas políticos del Frente parecen devanarse los sesos buscando las acciones que legitimen esa reelección (ya sea a través de la corte plena de la CSJ o por la “compra” de votos en el Plenario parlamentario), el Frente no muestra el mismo interés en hacer aparentar como legales las destituciones de alcaldes y concejales que permitan la instauración de “un poder absoluto”.

La forma burda como han llevado a cabo estas destituciones (sin cumplir con los procesos establecidos por la ley), demuestra, según Manuel Ortega, que al oficialista FSLN no le interesa legitimar sus acciones. “El FSLN ha dicho que viene por el poder y no por puestos. Y concibe el poder más como coerción y control que como persuasión y consenso”, dice el catedrático.

Y si el partido gobernante cuenta de su lado con poderes tan importantes como el Electoral y Judicial, ¿le queda alguna vía de respuesta a la ciudadanía? Para Ortega, la salida es la movilización. “La manifestación pública, los plantones,  la movilización y otros medios adecuados son mecanismos en manos de la población al que tienen derecho según nuestra Constitución. La ciudadanía no debe permitir que le confisquen su voto y sus preferencias electorales”, advierte en esta entrevista el catedrático de la UCA.

En los últimos meses ha habido cinco destituciones de alcaldes. ¿Cree que en estos casos hay justificaciones legales para estas destituciones?

Por la información periodística disponible no parece haber justificación legal, particularmente porque todo indica que no se ha seguido el debido proceso ni tampoco en todos los casos se han presentado las evidencias que justifiquen las causales aplicadas.

La Ley de Municipios establece causales para la destitución de un alcalde.  El reglamento de la Ley establece un procedimiento para el Concejo, que incluye la obligación de citar a todos los miembros a sesión extraordinaria y “oír al señalado” para conocer del supuesto incumplimiento del alcalde. Más aún,  para poder aplicar la sanción de pérdida de la condición de alcalde (o concejal), el reglamento establece que ella debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Concejo. Pero aún en el caso de haber sido declarado culpable cumpliendo todos los requisitos anteriores, el mismo reglamento le establece al funcionario sancionado  el derecho al recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral. Éste está obligado a entrar a conocer las causas que dieron origen al proceso y verificar si se ha observado el procedimiento establecido, a fin de resolver de conformidad.

En los casos de las cinco destituciones indicadas no parecen haberse observado estos procedimientos. En unos casos no se ha citado a todo el concejo, en ningún caso se ha oído al señalado de incumplimiento (el alcalde ni siquiera ha sido citado a la sesión para conocer de sus supuestos incumplimientos) ni tampoco en todos los casos se les ha destituido contando con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Concejo. Aparte de que no parece haberse observado estos procedimientos, tampoco parece haberse presentado evidencias que justifiquen la aplicación de algunas causales, como lo es, por ejemplo, el caso de acusar de corrupción sin presentar el dictamen de la Contraloría General de la República que lo compruebe, y ello es un requisito establecido por la ley de municipios.

¿Estas destituciones se tratan, como se ha afirmado, de motivaciones políticas?

Uno no puede menos que concluir que en efecto detrás de las motivaciones de la destitución de estos alcaldes se encuentran motivaciones políticas, con el agravante que estas motivaciones no se basan en la institucionalidad establecida para conseguir sus objetivos, sino que simplemente lo hacen obviándola o pasando por encima de ella.

¿Qué relación hay entre las destituciones y el modelo político hegemónico que se pretende instaurar?

La estrategia es clara y el propio Gobierno la ha hecho pública en documentos internos: se trata de copar todas las instancias de poder en aras de un afán más que hegemónico. Y aquí habría que diferenciar lo que es control, de lo que es dominación y de lo que es hegemonía. En efecto, el concepto de hegemonía fue usado por el teórico marxista italiano Antonio Gramsci para explicarse la dominación que unos ejercen sobre otros en la sociedad. Gramsci se refiere a la hegemonía cuando la dominación se ejerce por el  predominio de la persuasión y el convencimiento sobre el dominado, más que por su sometimiento por el uso de la fuerza, la intimidación y la coerción. La hegemonía supone, por tanto, el respeto a otras instancias de poder, a las que sin embargo se domina por la vía de la persuasión y el consenso, y no por la vía de su cooptación o control físico.

Pero en este caso, el Gobierno actual ha venido obteniendo el control de las diferentes instancias de poder para crear un poder absoluto, obviando la persuasión y el consenso social: es lo que ha ocurrido en todos los poderes del Estado, en el acoso y la presión para el control de las instituciones armadas, en la búsqueda del control de la Asamblea Nacional, y es lo que está ocurriendo en el caso de los gobiernos locales. El FSLN ha dicho que viene por el poder y no por puestos. Y concibe el poder más como coerción y control que como persuasión y consenso. Pareciera no interesarle la legitimidad de su dominación. 

¿Qué impacto tienen estas destituciones en las municipalidades? ¿Estamos viendo a autoridades que ven la ley de municipios como papel mojado?

El impacto es grave: inestabilidad en los espacios locales; mayor incertidumbre social por el desconocimiento de la institucionalidad por parte de los gobernantes; mayor desincentivación del voto como arma ciudadana; paralización de la gestión local; desmotivación de la participación plural y diversa; desconocimiento de la autonomía municipal; des institucionalización del espacio local; desgaste del municipio como espacio y escuela de democracia; polarización política.

¿Y cómo afectan las destituciones la gobernabilidad del país?

De manera decisiva: la gobernabilidad local supone acuerdos locales y respeto a las decisiones del soberano (el pueblo) en aras de la estabilidad. Las decisiones del soberano se manifiestan entre otros en el momento del voto, cuando decide a quien o a quienes les delega su poder durante un período de gobierno.  Las destituciones, particularmente cuando ellas dejan serias dudas de no ser arbitrarias,  desconocen los acuerdos y las correlaciones de fuerzas locales. La consecuencia de ello es provocar mayor inestabilidad en los gobiernos locales, ya fuertemente afectados por la ilegitimidad y en algunos casos, el fraude, en las elecciones de 2008.

¿Entonces estamos ante un estancamiento del proceso de autonomía que se venía registrando en Nicaragua?

Creo que hay más que estancamiento: hay un retroceso evidente en la autonomía local. Antes los caudillos podían influir en el espacio local con el “dedazo” a la hora de elegir los candidatos del partido; una vez electos, influían a través de las transferencias de recursos del gobierno central a los gobiernos locales, utilizándolas como premio o castigo según se alinearan  o no a sus intereses. Este poder se disminuyó parcialmente en los casos en que la elección de candidatos se ha venido haciendo por primarias, aún y con todas sus deficiencias; y también por la institucionalización de la Ley de Transferencias Municipales, que quita la discrecionalidad del nivel central en el traslado de recursos presupuestarios a los gobiernos municipales. Desde entonces la distribución de esos recursos se hace según criterios establecidos en la ley, y no según la voluntad del gobernante de turno; eso había significado un avance en la autonomía municipal.

Sin embargo, para las elecciones municipales del 2008 el FSLN obligó a sus candidatos a firmar un compromiso de que si eran electos se obligaban a someterse a los llamados consejos de poder ciudadano (CPC) en el territorio, es decir, a los secretarios políticos locales del FSLN, dirigidos desde la presidencia de la República. Por esto, se ha producido un retroceso en la autonomía municipal y se ha vuelto a someter la gestión local a los intereses del partido y el Gobierno de turno, y no de los votantes y la población local. 

Hasta ahora el papel del Consejo Supremo Electoral ha sido el de ejecutar órdenes. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y las autoridades destituidas ante estos atropellos?

El reglamento de la Ley de Municipios le da atribuciones al CSE para constituirse en una instancia de revisión de la sanción de destitución del alcalde por parte del Concejo municipal. Este debe entrar a conocer las causas que dieron origen al proceso y verificar que se haya dado el debido proceso.

Creo que las autoridades destituidas deben agotar esta instancia y hacer uso del derecho de revisión que les da la ley. Si esta instancia no funciona o se parcializa, se debe proceder a la siguiente instancia, que es el sistema judicial. Y mientras tanto en todos los casos, la ciudadanía afectada debe defender su voto. La manifestación pública, los plantones  y la movilización y otros medios adecuados son mecanismos en manos de la población al que tienen derecho según nuestra Constitución. La ciudadanía no debe permitir que le confisquen su voto y sus preferencias electorales.

Algunos analistas han señalado que detrás de las destituciones también está una estrategia de campaña electoral de cara a las elecciones generales. ¿Qué opina al respecto?

Totalmente de acuerdo. La estrategia del FSLN es poner todas las fuerzas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y recursos en función de la reelección de Daniel Ortega. Ello incluye las alcaldías obtenidas en las elecciones de 2008 y las que se puedan obtener hasta las elecciones de 2011. Es sabido que la mayor parte de las alcaldías juegan roles muy importantes en las elecciones nacionales, ya sea como vitrinas de los partidos, como alcancías de recursos locales para los candidatos, como administradoras y distribuidoras de bienes y prebendas clientelares, o como apoyo logístico para los partidarios. Contar con una red nacional de gobiernos locales lo más amplia posible que garantice estos apoyos, o cuando menos, reducirle esa red al mínimo o neutralizar esas posibilidades a los opositores, es sin duda parte de la estrategia electoral del FSLN.

Comentarios

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Martina Porta

es importante denunciar ,pero es mas importante

desarrollar una estrategia nacional de UNIDAD POR LA SOBERANIA , EN LA CUAL igual que el tiempo de los 12 ,PERSONALIDADES DE ELLOS Y MISMOS Y OTROS FORMEN UN DETENTE A LOS ATROPELLOS A LA CONSTITUCION Y CONVOQUEN ABOGADOS JOVENES y LIDERES QUE EVITEN VIOLACIONES DE LEYES EN LOS DPTOS. Y EL PAIS. SI LAS AUTORIDADES NO LLAMAN , TODAS LAS FUNDACIONES POR LA DEMOCRACIA DEBEN CONVOCAR A LA ELECCION DE UN NUEVO CONSEJO ELECTORAL Y QUE CUMPLAN LA REESTRUCTURACION DE LA CORTE .
ES CIERTO Q A ALEMAN LO MANDARAN A TRAER COMO A NORIEGA ?

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María Teresa Blandon

Al panorama analizado por Manuel, debemos agregarle la ausencia de oposición. Los caudillos del PLC y ALN están interesados en defender su pesonal candidatura y este es el punto de convergencia principal con los caudillos del FSLN.
Los gobiernos locales al igual que la ciudadanía, somos victimas de la violación a la Cn. por parte de los partidos.

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Christian

Es mas que evidente lo que le interesa a este gobierno ¿el pueblo? R: de su casa. Porque tanto las leyes como las personas de este país le valen un comino, lo que le interesa es su bienestar propio y eternizarse en el poder, algo que como nicas no lo permitamos, y se ensucian la boca hablando de dictadores y el actual presidente (si es que se le puede decir así) es uno de ellos y un gran oligarca que tiene un gran capital a costilla del pueblo.

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Eduardo Malpica Ramos

Algunas preguntas:
¿Qué ha sucedido luego de las destituciones en dichas alcaldías? ¿Se ha procedido acaso a nuevas elecciones donde los candidatos del Frente han sido elegidos? En suma ¿Cuál ha sido el proceso que se ha seguido? En la entrevista, solo se habla de los “destituidos” y de las estrategias que pueden seguir para lograr contrarrestar los efectos de la destitución, es decir agotando todos los mecanismos legales en esta clase de casos, pero no se habla de lo que ha sucedido luego. Sería importante contar con esos datos para tener un panorama más global.

En fin, me parece que se daría más cuerpo al análisis si se agregaría la lista de las cinco alcaldías descabezadas, es decir para saber más sobre la importancia de éstas así como de su peso en términos de electores a nivel nacional, lo que podría a la larga tener algún impacto con miras a las elecciones generales del 2011, si estás se muestran decisivas en una votación nacional.
Gracias

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