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Rechazan represión policial desatada dos días después del inicio de 'obras' del canal

Navidad con reos políticos

Cenidh demanda liberación de detenidos y rechaza la criminalización de la protesta

Iván Olivares | 25/12/2014
@IvanOlivares66

La orden presidencial de lanzar a las fuerzas antimotines de la Policía Naciona en Rivas y El Tule, que protestaban por las amenazas de expropiación de HKND, el concesionario chino del canal interoceánico,  generó una ola de indignación y rechazo entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.

El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, clamó en su cuenta en Twitter “en nombre de la paz anunciada en el nacimiento de Jesús, ¡basta de represión contra campesinos y libertad para los detenidos! Condeno con tristeza y dolor la represión violenta contra campesinos al sur de Nicaragua. ¡Como signo de buena voluntad en la noche en que nace Jesús, que sean liberados los detenidos en El Chipote por protestar contra el canal!”.

Las organizaciones sociales confirman la detención de Octavio Ortega (líder de las protestas en Rivas) Ronald Enríquez, José Quiroz, Guillermo Tenorio (menor de edad), Sonia López, Keyla Chávez, Sandra Berríos, Kasta León, Margarita López, Juan Tijerino, Guillermo Treminio, Rubelia Tijerino, Sandra López, Anielka Rivera, Víctor Urbina, Modesto López, Danilo Lorío, Freddy Orozco, Jairo Lazo entre otros.  

La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh), y otros cinco abogados introdujeron sendos habeas corpus ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, en los que se pedía la liberación de los detenidos.

“El acto de detenerlos y pretender vincularlos con la realización de delitos comunes, genera como consecuencia la criminalización de la protesta; un derecho constitucional y humano que toda persona tiene frente a los abusos de poder, con lo cual, la detención se vuelve absolutamente inconstitucional, como también lo es el que se realice de forma masiva”, señala el escrito presentado ante la autoridad.

“Terrorismo de estado”

Para Dora María Téllez, dirigente del Partido MRS, lo ocurrido demuestra de manera inequívoca que el mandatario está decidido a cumplirle a Wang Jing todo lo ofrecido en la Ley 840, “incluso si eso implica reprimir a sangre y fuego al pueblo nicaragüense, como lo vimos en El Tule y Rivas”, aseguró.

La ex comandante guerrillera observa con preocupación que la deriva dictatorial de Ortega puede llevar a que la ciudadanía se convenza de la peligrosa necesidad de buscar otras maneras de reclamar y recuperar sus derechos políticos, sean estos de propiedad, movilidad, expresión, etc., “y nadie quiere eso”, aseguró.

Por su parte, un grupo de organizaciones civiles y políticas del estado de Nicaragua emitió un pronunciamiento ante lo que denominaron “terrorismo de estado desatado por el régimen”, en el que señalan que “ignorando las protestas y reclamos, y a espaldas de los intereses nacionales, sin que existan estudios científicos que lo hagan viable y sin informar quiénes son los inversionistas”.

Ante las protestas de quienes se sienten afectados, “la respuesta del régimen ha sido la represión. A sangre y fuego se pretende imponer la ignominiosa entrega de Nicaragua. Con terrorismo de estado se pretende acallar la voz de quienes reclaman por sus derechos y por la soberanía de su país”.

En Rivas, El Tule y Nueva Guinea “hay personas heridas, presas y desaparecidas o secuestradas. Una vez más se usan las mazmorras para encerrar a quienes piensan distinto. No aceptamos que mientras la Policía cuida las francachelas de los invasores chinos, con la ciudadanía nicaragüense se comportan como un ejército de ocupación”.

Por ello, exigieron la liberación de quienes están presos, el cese de la represión, la derogación de la ley 840, y la salida inmediata tanto de ‘los invasores chinos’ como de HKND de Nicaragua.

También los partidos políticos

Desde la arena política, tanto el Partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS), como el Liberal Independiente (PLI) condenaron los ataques y exigieron la libertad de los detenidos.

“El régimen del inconstitucional Ortega, impuesto mediante fraudes electorales, ha decidido usar la violencia y la represión masiva para tratar de frenar las protestas populares. Los nicaragüenses somos perseguidos y vapuleados en nuestra propia tierra por la misma Policía que se encarga de cuidar a los funcionarios de la empresa china. El derecho a la libre expresión, movilización y organización están siendo arrebatados al pueblo nicaragüense”, señalan los renovadores.

“El MRS exige la presentación física de los prisioneros políticos del régimen y su liberación inmediata. Exigimos que los heridos puedan ser trasladados para su atención a las unidades de salud, con plenas garantías de sus derechos humanos, sin que corran peligro adicional de represión por el régimen. Demandamos que la Policía informe sobre la cantidad de heridos o muertos por causa de sus ataques y que los efectivos antimotines y militares sean retirados de la zona”, añaden.

Finalmente responsabilizan “al régimen por las consecuencias de la represión y la confiscación de libertades y derechos humanos”. Llaman a los nicaragüenses a seguir “haciendo uso de la protesta cívica para defender nuestra soberanía y recuperar nuestros derechos humanos. Fieles al legado de Sandino, el MRS está profundamente comprometido con la defensa de la soberanía nacional contra los vende patria”, concluyen.

Por su parte, el PLI condenó “la represión policial contra los campesinos que protestan en El Tule”, y demandó a la Policía Nacional “la inmediata liberación de los detenidos… en El Tule, muchos de los cuales fueron trasladados amarrados y heridos a Juigalpa, y de los detenidos ayer en Rivas, quienes se encuentran desaparecidos; e igualmente que no se reprima a los ciudadanos que están protestando en Nueva Guinea”.

Para Eduardo Montealegre, Presidente Nacional del PLI, “es condenable que este gobierno responda a las justas demandas ciudadanas con represión y lleve sufrimiento a familias nicaragüenses, sin respetar siquiera las festividades navideñas. Hago un llamado a la cordura a la Jefatura Nacional de la Policía para que cesen estas agresiones contra el pueblo y pongan en libertad a los detenidos”, expresó.

La ‘verdad’ policial

Al explicar la actuación de los uniformados a su mando, la primera comisionada Aminta Granera, Jefa de la Policía Nacional, prometió trabajar “en todos los rincones de Nicaragua para que en estas fiestas de navidad y año nuevo, podamos expresar a nuestros ancianos y ancianas, nuestra ternura; a nuestros jóvenes, nuestra solidaridad; y a nuestros niños y niñas, nuestra alegría en estas fiestas”.

Fue un cierre surrealista si se considera que acababa de admitir oficialmente el ataque “con balas de goma y gases lagrimógenos (sic)” en contra de los campesinos que reclamaban en el centro y sur del país. En contraste, Granera dijo que había 15 policías lesionados.

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