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Bancada opositora presenta dictamen desfavorable

FSLN endosa reforma tributaria

Nueva ley gobierno-Cosep mantiene exoneraciones por más de 600 millones US$ a grandes empresas

Iván Olivares | 10/12/2014
@IvanOlivares66

La bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este miércoles las reformas a la Ley 822 o Ley de Concertación Tributaria (LCT). El nuevo texto legislativo –que fue discutido y negociado fundamentalmente con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)- es la segunda de al menos 4 reformas que se le harán a la Ley antes que termine el 2015.

Además de criticar la decisión oficialista de no someter la discusión ante otros públicos y otros actores, la idea de efectuar una reforma ha sido criticada por diputados opositores y economistas independientes, quienes argumentan que no se puede hacer cambios a una ley de este tipo si no se conocen los resultados recaudatorios de la LCT en sí misma. Tampoco se sabe cuál será el efecto de estas modificaciones en los ingresos tributarios a partir del 2015.

Lo que sí se sabe es que la ley mantiene intacto el sistema de exenciones y exoneraciones de que goza la empresa privada, al eliminarse “los requisitos para presentar proyectos productivos y de servicios para continuar conservando las exoneraciones que se establecen a los diferentes agentes y sectores económicos, y demás normas que otorgan beneficios tributarios a los mismos”.

La disposición eliminada establecía que los contribuyentes podían recibir beneficios tributarios (o continuar teniéndolos), siempre y cuando presentaran proyectos para mejorar su productividad, aumentar sus exportaciones, generar más empleos o implementar nuevas tecnologías. El dictamen de mayoría señala que se elimina el numeral 3 del artículo 288, para “mantener y preservar la dinámica de la actividad económica… que ha logrado sostener tasas de crecimiento mayores de 4%”.

El dictamen desfavorable presentado por la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), señala que “eliminar de tajo esa disposición, sin gradualidad alguna, sin argumento creíble alguno, condena al país a perder anualmente al menos US$600 millones, que es el perjuicio ocasionado por las exoneraciones… lo cual reduce significativamente recursos que podrían aliviar problemas sociales y fortalecer bases para acelerar el crecimiento”.

Cooperación internacional ¿blindada?

Según la versión de los diputados oficialistas que participaron en la redacción del dictamen de mayoría -que fue el que al final aprobó la bancada sandinista en el plenario- “ni la LCT, ni su propuesta de reforma están modificando la exoneración del IR” de los “proyectos financiados por la cooperación internacional a las organizaciones sin fines de lucro”.

Dada la duda planteada al introducir en el texto de la reforma que las exoneraciones serían válidas, entre otros, para “los proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y acuerdos suscritos por el gobierno de la República de Nicaragua”, se decidió establecer “la separación de los proyectos y programas financiados por la cooperación internacional, tanto a los organismos sin fines de lucro, como a los públicos”, para garantizar que se mantienen los beneficios fiscales a estas organizaciones.

Así, el nuevo artículo 32 señala que “se encuentran exentos del pago del IR de actividades económicas… las misiones, organismos internacionales y agencias internacionales de cooperación, así como sus representantes; los programas y proyectos financiados por la cooperación internacional ejecutados por las organizaciones sin fines de lucro registradas en las instancias correspondientes; y los programas y proyectos públicos financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y acuerdos suscritos por el gobierno de la República de Nicaragua. Se exceptúan los nacionales que presten servicios en dichas representaciones y organizaciones”.

La reforma también derogó la decisión de disminuir la alícuota del impuesto sobre la renta de las actividades económicas, que está en 30%, y debería empezar a reducirse en 1% a partir del 2016, hasta quedar en 25% un lustro después. La decisión se explica porque “hubiera significado un impacto fiscal excesivo en la recaudación de este impuesto que… en este momento se está recuperando con una tasa de crecimiento interanual a octubre 2014 de 22.12%”.

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