Confidencial » Nación » Leer artículo

Defensores cuestionan proceso contra acusados de atentado contra sandinistas

A juicio masacre del 19 julio

Fiscalía no responde por móvil del crimen, en un juicio en el que desfilan 79 testigos. Abogados critican falta de independencia del Poder Judicial: “Los jueces tiemblan a lo que dice Daniel Ortega”, aseguran

Octavio Enríquez | 4/10/2014
@cabistan

En el juzgado noveno distrito Penal de Managua inició el proceso contra una docena de detenidos a los que la Fiscalía acusa de conspirar para llevar a cabo las emboscadas a caravanas sandinistas que dejaron la noche del 19 de julio cinco muertos y 24 heridos.

Veinte policías, algunos con pasamontañas y fusiles, rodearon el auditorio, mientras los acusados colocados en una hilera, detrás de sus abogados defensores, escucharon la acusación durante más de una hora con la mejor cara que pudieron mostrar tras 65 días de encierro.

Pétreos, vestidos de camiseta gris, algunos fueron recién rasurados para presentarlos  al juicio que continuaría el fin de semana sin interrupciones.  “Escogieron un día para causar terror, se reunieron en seis ocasiones con el objetivo de llevar a cabo el plan criminal”, dijo la fiscal María Auxiliadora Oviedo.

Oviedo había calificado en horas de la mañana como un “crimen de lesa humanidad” la masacre del 19 de julio con lo que anunciaba, desde la audiencia preparatoria que terminó antes del mediodía,  la mano dura que les espera a los acusados.

“Vamos a exigir justicia para las familias, por el simple hecho del odio con el que (los acusados) actuaron y dejaron familias destruidas”, agregó Oviedo.

La fiscal pidió desde la audiencia preparatoria que los detenidos no tuviesen derecho a un jurado, tal como días antes había permitido el juez Edgar Altamirano, garantizando un derecho establecido en la Constitución. La razón de la fiscal es la gravedad de los delitos cometidos. El juez accedió sin turbación alguna y admitió ante los presentes que es primera vez que resuelve un caso como éste. Enmendó entonces “su error”, diciéndole al público que se trata “de un aprendizaje para todos”.

El crimen organizado, según el judicial, es conexo con otros hechos condenables y no únicamente con el narcotráfico, tal como le hicieron ver los abogados defensores. Más bien, los juristas consideraron la decisión  de Altamirano como una “sustracción del juez natural” al que tenían derecho lo acusados con los jurados, otra anomalía denunciada sobre el proceso.

Las detenciones ilegales, la ausencia de un móvil claro sobre el crimen, la participación de cuatro jóvenes acusados de tirarles piedras a los buses, para que estos aminoraran la velocidad, son las principales sombras del caso judicial aunque no son las únicas.

La medición de la última encuesta de Cid Gallup indica que el 47% de la población cree que la Policía resolvió el caso, pero un número igual considera que no fue así. Las dudas superan la confianza transmitida por las autoridades y los vicios en el procedimiento se multiplican empezando desde la radicación del proceso en Managua, aunque el asesinato haya ocurrido en dos vías del departamento de Matagalpa.

El sistema de justicia argumentó para radicarlo en la capital que la reunión determinante  para urdir el crimen ocurrió en Tipitapa, la que es considerada por las autoridades judiciales como el delito más grave y no el asesinato de los militantes del partido de gobierno.

Las autoridades tampoco han aclarado las incógnitas sobre  la participación del ex capitán del Ejército, Pablo Martínez Ruiz, uno de los supuestos tiradores que Policía Internacional (Interpol) enlistó entre los más buscados desde el 19 de septiembre pasado.

El rompecabezas cuestionado de la Fiscalía incluye preguntas también sobre la participación de José Ricardo Cortez Dávila, conocido como La Cobra, y a quien las autoridades señalan de ser colaborador del cartel de narcotraficantes mexicanos Los Zetas.

Para el jurista y analista político, Carlos Tünnermann Berheim, la población no cree la versión oficial que considera que los jóvenes de la comunidad Las Pilas, conocidos como los tirapiedras, participaron en la masacre. “La población cree que ellos (los tirapiedras) son inocentes”, dijo.

Tünnermann se refería a los hermanos Juan José y Gregorio Torrez Espinoza, y a  Erick Salgado. En defensa de los primeros acusados, los familiares y hasta el secretario político del FSLN de la comunidad dijeron en su momento que se trataba de militantes sandinistas que el día de la tragedia fueron a Managua a celebrar el aniversario del 35 aniversario de la revolución sandinista.

Según Carlos Baltodano, defensor  de Salgado y del transportista Walter Balmaceda, a quien acusan de complotarse con los campesinos, quienes son sus trabajadores, simplemente  no existe una sola prueba contra sus clientes.

La participación o no de los tirapiedras  motivó una negociación ocho días antes de la audiencia del viernes. El inspector general de la Fiscalía, Douglas Vargas, ofreció convertir en testigos a los primeros acusados a cambio de que los muchachos confirmaran la reunión de Tipitapa, el lugar donde se realizó la conspiración de la matanza.

“En lo absoluto, no hemos hecho ningún acuerdo. Ninguno de los cuatro tirapiedras aceptaron la propuesta, porque ni siquiera está comprobado que son tirapiedras”, declaró Baltodano, que calificó la propuesta del Ministerio Público como un intento por sembrar cizaña en las familias del resto de los acusados.

Un desfile de testigos


La Fiscalía ofrece 79 testigos para probar su acusación, 52 por el caso de los tirapiedras y 27 en lo relacionado a los últimos ocho procesados. El primero de ellos se presentó el viernes a las cuatro de la tarde y fue colocado de  espaldas ante los medios de comunicación y con una gorra para evitar que fuese reconocido, a diferencia de los casos más recientes en que eran colocados con capuchas.

Según los documentos del proceso, la mayoría de testigos son policías y familiares de las víctimas. La mayoría confirma el ataque en el kilómetro 76 de la carretera panamericana y en el sector de Wabule.

La novedad está marcada por los informes policiales con los que la Policía Nacional enlaza aparentemente la participación de los tirapiedras con los ocho últimos acusados a quienes describen participando de conspiraciones en Ciudad Darío y San Ramón, ambos municipios de Matagalpa.

El principal informe, que será usado por la Fiscalía, fue el expuesto el ocho de agosto por la jefa nacional de la Policía Nacional, Aminta Granera, en una conferencia de prensa en la que ella ratificó que se trataba de un acto de delincuencia común.

Granera presentó entonces a los últimos ocho acusados, entre ellos dos de los tiradores, una combinación de opositores políticos y un supuesto miembro del crimen organizado a los que habría de sumarle los primeros acusados de procedencia sandinista.

Por primera vez los nicaragüenses vieron en televisión a acusados  de un crimen tan monstruoso “confesar” con absoluta tranquilidad su participación e incluso lo dramatizaron. La Fiscal dijo el viernes que la reconstrucción de la escena fue voluntaria y los acusados “llevaron a la Policía”.

“Con sus testigos lo que prueban es el hecho evidente de los muertos y los heridos, pero está difícil que prueban su acusación. Ellos no tienen ninguna prueba sobre esos hechos, no hay pruebas de las reuniones, sólo el fantasma, que un policía, con 16 años de ser detective, miró un fantasma y le dijo que había existido la reunión. Para mí esta es una novela”, repitió Baltodano.

Presión política al poder judicial

Durante la audiencia del viernes, se hicieron presentes al auditorio judicial dos de los principales subdirectores de la Policía, los comisionados generales Ramón Avellán, a cargo de las investigaciones a nivel nacional, y Juan Ramón Gámez, el nuevo jefe del centro, donde los acusados fueron trasladados desde la primera etapa de las investigaciones.

Durante algún momento de la audiencia también participó el magistrado Gerardo Rodríguez, el jefe administrativo de los juzgados de Managua, un concierto de personajes que suponen para los analistas un  mecanismo de presión para el juez Altamirano.

Desde las horas posteriores al crimen, el poder judicial emitió un comunicado condenando la emboscada. La otra fuerte declaración, que alejaba cualquier posibilidad de imparcialidad, ocurrió cuando el presidente Daniel Ortega, en un acto público ocurrido el 19 de agosto, acusó que había gente que querían convertir en héroes a los criminales.

“Se alegran cuando se producen crímenes horrendos como este, y que lo celebran, porque lo celebraron en las famosas redes (sociales) esas, que hoy circulan”, atizó Ortega.

Para los defensores se trataba de una orden al poder judicial. “Los jueces tiemblan a lo que dice Daniel Ortega”, dice Baltodano, mientras Marlon Aburto, otro de los abogados defensores más críticos del proceso, considera que lo mejor sería que el Presidente llegara a los juzgados y comprobase la calidad de la prueba presentada por el sistema de justicia.

El juez consideró “interesante” el testimonio de un oficial de la Policía que aseguró que fue a la comunidad Las Pilas y ahí se encontró a un campesino que le contó sobre una de las reuniones de planificación, un testimonio de oídas que no hace sino poner  en mayores aprietos la credibilidad que ha perdido hasta el proceso.

 

"Horas no coinciden"

Ismael López Ocampo

Don Cleofas Ríos trabaja en la Alcaldía de Ciudad Darío, Matagalpa y la noche del 19 de julio viajaba en el bus que conducía Walter Balmaceda. Él es uno de los 79 testigos que propuso la Fiscalía para demostrar la culpabilidad de todos los causados por la masacre del 19 de julio, incluyendo los llamados “tirapiedras”.

Ríos, quien se identificó la noche del viernes ante el juez Edgard Altamirano como militante sandinista, explicó que el 19 de julio el bus era conducido por el transportista Walter Balmaceda, que en el sector de Puertas Viejas a las 10 y 20 de la noche hicieron una parada para que otro militante del partido de gobierno bajara del autobús y que en el sector de Las Pilas a las 10 y 30 de la noche, bajaron otros tres sujetos que él no conoce.

Según la Fiscalía los hermanos Juan José y Gregorio Torres y Erick Salgado fueron contratados por Balmaceda para apedrear los buses, que los mismos disminuyeran velocidad para que luego dispararan en contra de la caravana.

Los abogados defensores de los “tirapiedras”, Carlos Baltodano y Darling Obando festejaron el testimonio de Ríos porque según ellos, bota la teoría de la Fiscalía enfocada en que habría una relación entre sus clientes y quienes dispararon.

Según Baltodano las horas no coinciden. “Todos los testigos dijeron que el suceso fue entre las 9: 30 y las 9 y 40 de la noche y el señor Ríos dice que ellos pasaron por la zona casi una hora después”, dijo.

El viernes cuando desfilaron 16 testigos sólo una dijo que se habían detenido por las piedras que les tiraron en la carretera norte, antes de llegar al kilómetro 176.

Notas relacionadas

Más en: Nación

Otros artículos del mismo autor