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Empresa petrolera del Estado recibirá acciones en concesiones de hidrocarburos

Petronic, "la caja grande" de Ortega

Diputados señalan que compañía reportó anualmente sólo dos millones de dólares al Presupuesto, pese al jugoso negocio de Albanisa, de la que es dueña del 49% de las acciones

Octavio Enríquez | 22/9/2014
@cabistan

El Legislativo de Nicaragua aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que permitirá que la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo S.A. (Petronic) sea de ahora en adelante socia de las compañías que reciban concesiones para buscar y explotar yacimientos de petróleo.

La noticia  fue recibida con suspicacias por diputados de oposición y expertos del sector que, pese a reconocer que técnicamente la incursión de Petronic es congruente con su propia naturaleza, recuerdan la falta de transparencia que ha prevalecido en la empresa desde enero de 2007.

Petronic es propietaria del 49% de las acciones de la empresa Alba de Nicaragua S.A., que fue inscrita en el Registro Mercantil en agosto de 2007 para recibir la cooperación petrolera que Venezuela envía desde entonces y que totalizaba hasta junio del año pasado 3, 072 millones de dólares.

“Somos en Centroamérica los que tenemos el presupuesto de inversión pública más pequeño, ¿cómo hacemos para que estos recursos de empresas estatales puedan ingresar al presupuesto?”, cuestiona el diputado opositor Carlos Langrand, miembro activo de la Comisión Económica y de Infraestructura del Parlamento.

Un mínimo retorno al presupuesto

Según Langrand, Petronic entrega menos de dos millones de dólares al año al presupuesto del Estado, lo que significa que la mayoría de beneficios han sido privatizados en un esquema operado por el Gobierno de Daniel Ortega.

El presidente de Petronic es el ingeniero Francisco López Centeno, tesorero de Ortega y el Frente Sandinista, vicepresidente de Albanisa, quien ha sido denunciado por desvío de los fondos de la cooperación venezolana a empresas familiares, además de empréstitos a empresas vinculadas a la familia presidencial.

“El tema es Daniel Ortega, el ingeniero López es un instrumento de lo que concibe Daniel Ortega como un asalto al poder, a hacer negocios bajo la camisa del Estado, pero que en el fondo son privados”, explicó Langrand.

Los principales medios de comunicación han denunciado desde el año 2007 en sendas investigaciones la compra de hoteles de lujo, la diversión de las actividades de Albanisa al sector energía, forestal, alimenticio, entre otros, y el surgimiento de una nueva clase social vinculada a Ortega.

Aumentaron plazos de concesiones

La semana pasada la Asamblea aprobó la iniciativa de reforma con mayoría del partido sandinista, al concretarse la votación de 64 legisladores, durante una sesión en que además se extendió el período de concesiones. Antes de la reforma el período establecido para la exploración era de seis años, pero ahora se ha extendido hasta doce gracias a una prórroga de seis. En el caso de la explotación, según la antigua ley, el período de 30 años establecido fue ampliado hasta 40 gracias a la prórroga de diez que han incluido ahora.

La diputada sandinista Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura, defendió la buena voluntad del gobierno y llamó “percepción” a las denuncias de falta de transparencia hechas públicamente en la gestión de Petronic, aunque aceptó que no controlan de ningún modo a la empresa estatal y que esa compañía envía sus informes respectivos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Martínez dijo que las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, y explicó que en el caso de Petronic se busca que el Estado participe en este giro de negocios, al igual que las grandes petroleras del mundo como Pemex, Petroecuador, Petroperú,  y Petrobras que sí lo hacen porque tienen recursos.

La legisladora justificó que en el país actualmente hay 36 pozos que han sido explorados, de los cuales nueve tienen incidencia de tener algún tipo de petróleo, pero “era tan baja que se tuvieron que cerrar los pozos”.

“Hay una empresa que  está interesada en venir, es holandesa, quiere venir a Nicaragua a hacer esos acuerdos. Si viene la empresa holandesa pediría permiso al MEM y cuando ya estén otorgados los permisos hablaría con Petronic en el caso de que hubiera yacimiento (habría que) ver cómo se manejaría”, dijo.

Olivia Guevara, oficial de incidencia del área de Energía e Hidrocarburos en el Centro Humboldt, rechazó que se hayan aumentado la cantidad de años para la concesión, lo que incrementa los riesgos de accidentes al medioambiente.

Contratos son manejados como secretos

“Aparentemente fue por la presión de las empresas que necesitan más tiempo para sus estudios en el mar, para poder traer  sus inversiones, el objetivo es poder terminar sus estudios”, dijo Guevara, que ha explicado que buscar información sobre las áreas concesionadas resulta complicada para quienes se dedican a investigar el tema.

Entre las grandes incógnitas que el gobierno no responde están el contenido que ha firmado con las empresas a las que concesionó un área de 1.4 millones de hectáreas en el mar caribe, igual que la más recientes donde hace tres semanas otorgó una concesión a una empresa de origen noruego y otra inglesa para explorar 32, 000 hectáreas, esta vez en el Pacífico nicaragüense.

“Uno de los principales problemas es que no hay acceso a los contratos pese a que la misma ley lo demanda. Después de dos años debe ser acceso público y muchas empresas tienen hasta cinco años trabajando en el país  y son contratos que no son públicos”, señaló Guevara.

La ambientalista recordó que ella incluso intentó conseguir los mapas donde están las concesiones y que tampoco obtuvo una respuesta positiva de parte de las autoridades.

“No nos gusta que se pensó en reformar la ley, pero no en los aspectos delicados, en el momento que se debía (haber hecho algo por el) medioambiente, transparencia, se fue a la parte económica. Nos preocupa la respuesta ante un posible desastre, no sabemos el background de las empresas, su currículum, de eso no tenemos conocimiento. Nuestra preocupación es que nosotros como sociedad civil no estamos (tampoco) preparados para hacer frente a un posible accidente”, lamentó.

 

“Es una caja grande”

*Ex diputado Jarquín cuestiona actuaciones de instituciones que deberían pedir información sobre Petronic

El ingeniero Agustín Jarquín, ex contralor general de la república y ex diputado, cuestionó el manejo financiero que se ha hecho de Petronic en la administración de Ortega, al que calificó como “la caja grande” de este gobierno.

“Petronic tiene tres áreas grandes que maneja: uno de importación de poco más del 70% del petróleo, dos la distribución de poco menos del 30% del producto terminado a nivel nacional, el 49% de todas las entidades empresariales de Albanisa y se le añade la participación de una manera protagónica de exploración y explotación en el sector hidrocarburos”, explicó.

Jarquín sostiene que hay un oligopolio en torno a este conjunto de empresas, incluyendo a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, que es propiedad de dos empleados de la familia presidencial, José María Enríquez y José Mojica Mejía, según investigaciones periodísticas.

La DNP es la red de gasolineras más grandes del país y su traspaso a manos de estos personajes no ha sido explicado por el Estado que, al anular el contrato con la empresa suiza Glencore, juró que lo recuperaba para Nicaragua.

“Para enajenarlo tiene que ser con una ley de la Asamblea, no lo pueden vender así nomás. El manejo de Petronic es oscuro. DNP y Petronic deberían de tener por oficio, por la ley 621, su página web debe de informar. Según el inciso 5 debería de informar sus estados financieros, su plan de inversiones”, dijo.

“A Petronic la están manejando como una entidad privada, lo cual le está causando un daño patrimonial severo superior a los 2 mil millones de córdobas anualmente”, concluyó Jarquín.

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