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Alegan que dispararon por 'iniciativa propia' contra ex cañeros del ISA

Represión policial y tragedia IRC

Indignación en Chichigalpa por actuación policial. Familiares de las víctimas claman por justicia, mientras lamentan la indolencia del Estado por epidemia de IRC

Carlos Salinas Maldonado | 26/1/2014
@CSMaldonado

Una mancha de sangre seca marca el punto en el que cayó herido de muerte por una bala de la Policía el ex cortador de caña Juan de Dios Cortés, de 48 años. La mancha se localiza a unos 150 metros de la entrada del Ingenio San Antonio, el gran productor de azúcar y ron de la zona, al que sus ex trabajadores responsabilizan por una mortal epidemia de Insuficiencia Renal Crónica que se ensaña contra la población masculina de este municipio del oeste de Nicaragua, y que llevó a un grupo de más de 400 ex cañeros a protestar a las afueras de las instalaciones de la empresa exigiendo una indemnización, protesta que fue reventada con violencia por la Policía Nacional. En la represión un niño de 14 años fue herido y luchaba contra la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Lenin Fonseca de Managua. Tiene una bala de la Policía alojada en el cerebro.

La protesta de los ex cañeros comenzó a inicios de enero. Se trata de un grupo grande sin liderazgo definido que se escindió de Asochivida, la organización de ex trabajadores del ISA que en 2008 llegó a un acuerdo con la empresa, pero la manipulación, la ignorancia y la desesperación hicieron que decenas de sus miembros se separaran para buscar una negociación directa.  Fuentes vinculadas a la compañía dijeron que esta no negocia indemnizaciones con sus ex trabajadores porque no existen pruebas concluyentes de causalidad entre el cultivo de la caña de azúcar y el IRC.

Las investigaciones sobre IRC

La Nicaragua Sugar Etates, sin embargo, llegó a un acuerdo con representantes de Asochivida en 2008, cuando la CAO –una oficina independiente del Banco Mundial que hace las funciones de ombudsman– accedió a intermediar entre los trabajadores y el ingenio. El ISA había recibido financiamiento del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que según el sitio de Internet de la CAO “promueve la reducción de la pobreza mediante el desarrollo del sector privado en países de todo el mundo”. En su portal, la organización explica que “las personas que consideran que pueden verse afectadas por un proyecto de la IFC pueden pedir a la CAO que atienda sus inquietudes”. Fue lo que pasó con Asochivida.

La CAO contrató al argentino Juan Dumas como mediador entre los enfermos de IRC de Asochivida y el ingenio. En noviembre de 2008 ambas partes firmaron un acuerdo marco con dos objetivos específicos, explicó Dumas en entrevista con Confidencial. La idea era “tratar de entender las causas de la enfermedad y crear opciones de ayuda para las familias afectadas”. Se acordó entonces buscar una institución científica internacional seria para realizar estudios que determinara la causas de la mortal epidemia de IRC. La seleccionada fue la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, que realizó estudios en el ingenio San Antonio. Sus conclusiones fueron que no se podía vincular directamente el trabajo en el ingenio con la epidemia. Los expertos recomendaron realizar más investigaciones, las que comenzaran este año. Además de las investigaciones, el ingenio accedió a entregar en mayo de 2009 una provisión alimentaria a 2,200 miembros de Asochivida, 350 personas recibieron microcréditos, a través de un fondo de 165 mil dólares de la Nicaragua Sugar Estates. Con ayuda del BID se comenzó la construcción de viviendas para los afectados, aunque el gran pendiente, dijo Dumas, sigue siendo las mejoras en la atención de salud de los enfermos.

“Hay gente que se ha aprovechado de este conflicto y de la desesperación de la gente. Es una situación súper triste, porque hablamos de gente que está muy desesperada”, dijo Dumas en referencia a la escisión de varios grupos de Asochivida, para buscar una negociación directa con la Nicaragua Sugar Estates.

Los “intermediarios” del FSLN


Era lo que esperaban unos 479 ex trabajadores del ingenio que protestaban a la entrada de éste, cuando el once de enero accedieron a negociar con autoridades locales, jefes de la Policía y líderes políticos del Frente Sandinista en Chinandega, la llamada “Comisión interinstitucional gubernamental”.

Ese día ambos grupos firmaron un acuerdo que establecía que la “comisión” presentaría los planteamientos de los enfermos de IRC “al más alto nivel gubernamental”, a cambio de que los ex cañeros suspendieran la obstaculización de la entrada al Ingenio San Antonio. El acuerdo también establecía como fecha límite para obtener una respuesta a las demandas, el 18 de enero. El documento final acordado por los dos grupos fue firmado, entre otros, por el alcalde sandinista de Chichigalpa, Víctor Sevilla, y el secretario político del FSLN, Luis Mariano Morales, además de los jefes de Policía comisionado mayor Douglas Pichardo y Francisco Gradis, jefe de la Policía de Chichigalpa.

Todos los ex cañeros consultados en el municipio dijeron a Confidencial que demandan una indemnización de 200 córdobas diarios por diez años, aproximadamente 28, 800 dólares para cada uno de los demandantes, entre viudas y enfermos de IRC todavía vivos. Ninguno de los consultados pudo explicar cómo hicieron el cálculo del monto exigido, pero afirmaron que éste es sólo una parte de lo que originalmente habían demandado: 180 mil dólares por afectado. Un video grabado por los ex cortadores muestra el momento de la firma del acuerdo, en una mesa presidida por el alcalde Sevilla. En el video aparecen los dos jefes policiales firmando, sus gorras azules descansando sobre la mesa, en un ambiente distendido. El comisionado mayor Pichardo ríe alegremente al haber una pequeña confusión con el documento que el acalde debía firmar.

Sangrienta represión

El día 18 los manifestantes no obtuvieron la respuesta esperada, por lo que regresaron a protestar a las cercanías del Ingenio San Antonio. Según lo referido por testigos consultados por Confidencial, las primeras patrullas de antimotines llegaron a la zona en la mañana, fueron reforzadas a las tres de la tarde, pero la represión comenzó en la noche, cuando una patrulla conformada por tres policías abrió fuego a mansalva contra los enfermos de IRC. Hubo al menos tres herido de gravedad y un muerto, Juan de Dios Cortés, de 48 años. Desde ese día la indignación se apoderó de los vecinos de Chichigalpa, que sienten que sus líderes políticos y autoridades dan la espalda al calvario que este municipio sufre desde hace ya varios años: todas las semanas muere alguien por IRC.

Cuando los vecinos se refieren a la Policía Nacional, la señalan de proteger los intereses económicos del ISA y hacen comparaciones con la guardia de la dinastía somocista. La Policía Nacional respondió el miércoles, tras más de 72 horas de silencio, que había dado de baja a los tres oficiales que abrieron fuego a mansalva contra los manifestantes la noche del sábado.

La Policía Nacional atribuyó a la “iniciativa propia” de los oficiales la represión contra ex obreros, y señaló a uno de ellos como el responsable de la muerte de Juan de Dios Cortés. "Los tres agentes referidos, hacen uso de sus armas reglamentarias, por iniciativa propia, al verse agredidos con piedras, morteros y armas de fabricación artesanal por parte de las personas que participaban en un hecho de grave alteración al orden público", afirmó la institución en la investigación oficial de los hechos.

La investigación interna señaló que Cortés falleció a consecuencia de los disparos realizados por el inspector Roberto Manuel Ney Sequeira, de la delegación departamental de Chinandega. La nota de prensa 03/2014 informó que también dispararon el inspector Freddy Fernando Largaespada Leytón y el policía Jorge Ernesto Medal Campos,  compañeros de la delegación de Sequeira.

Aunque la versión oficial califica como “un grave hecho de alteración al orden público”  el enfrentamiento ocurrido en el sector conocido como la Candelaria, testigos consultados por Confidencial dijeron que el choque entre los bandos ocurrió después que las autoridades reprimieron en la entrada del Ingenio San Antonio y luego dieron persecución a los manifestantes.

El viernes el Ministerio Público acusó por homicidio y homicidio frustrado a los tres ex policías que guardan prisión preventiva.

En Managua, el delegado regional para el occidente del país de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), Holman Largaespada, “aplaudió” el comunicado de la Policía Nacional, pero demandó más información sobre los hechos.

“Aplaudimos que ya tienen unos resultados, pero como institución de derechos humanos no nos bastan, porque ellos únicamente se pronunciaron conforme a los oficiales de línea que actuaron por iniciativa propia. Nuestro deber es investigar quién fue el jefe de esa patrulla, si hubo o no orden que se hiciera uso de armas de fuego”, afirmó Largaespada en sustitución del titular de esa cartera, Omar Cabezas.

Largaespada dijo que la PDDH se comprometió a seguir de cerca el caso con los ex cañeros. El funcionario externó preocupación sobre la epidemia de la IRC, pero al ser consultado por Confidencial no supo contestar sobre el silencio que las autoridades de Salud pública mantienen sobre esta enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ha matado en Nicaragua a 3,442 personas, la mayoría hombres.

CENIDH: Fue una orden de Jefatura Nacional

Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el comunicado de la Policía no es consecuente con todos los hechos, cuyo resultado fue la muerte del obrero de la caña y la herida al niño que se encuentra grave en un hospital capitalino.

“Esa respuesta es mediatizadora para sofocar los ánimos, pero no es sincera y no es consecuente con los mismos policías de bases, porque les dan baja deshonrosa como quien dice que se los coman los leones. No es que los esté defendiendo, pero es que esos policías no actuaron con iniciativa propia”, alegó el jurista.

Carrión insistió que la represión fue ordenada desde la jefatura nacional de la Policía Nacional. El defensor de derechos humanos aseguró que mover tropas antimotines y reprimir a obreros en protesta social solo es posible con autorización de la jefatura. Carrión dijo que el CENIDH ha documentado las agresiones policiales contra los cañeros, que datan desde 1999 cuando fue asesinado el obrero Francisco Picado.

“En Chichigalpa tenemos sistematizado la respuesta de la policía frente a demandas sociales en el ingenio san Antonio. La policía con unos niveles de alta prioridad y sin escatimar esfuerzos le mete candela con policías regulares y las tropas especiales coincidentemente para defender los intereses del  ingenio”, alegó.

Para Carrión la actuación de la policía con el “nivel de deterioro” de la institución. “Todo el mundo conoce lo que pasó en #OcupaINSS con la acción de terror de la Juventud Sandinista. Allí había cienes de policías, ¿y no tenían orden de reprimir delitos? ¿Allí no hubo policías que hicieran cumplir lo que dice la constitución de salvaguardar la vida de las personas? ¿Por qué no tuvimos un policía en OcupaINSS con iniciativa propia, no matando personas, sino previniendo el delito?”, interrogó Carrión.

Familiares no le creen a la Policía


El pasado miércoles un equipo de Confidencial regresó a Chichigalpa para entrevistar a los familiares de José Ignacio Balladares, el niño de 14 años internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lenin Fonseca, en Managua. Los familiares del muchacho se mostraron en un principio ásperos, porque, dijeron, los medios de comunicación han callado el drama que los cortadores de caña han sufrido durante años. Los hermanos de José Ignacio, sin embargo, accedieron a dar entrevistas tras una larga conversación, en la que expresaron su frustración por el olvido y el silencio en el que han sido sumidos por las autoridades y la prensa nicaragüense.

Manuel Salvador Guzmán, de 28 años, es el hermano mayor de José Ignacio. Es un joven delgado, fibroso y muy alto, con la piel quemada por la permanente exposición al sol en los cañaverales. Vive en un tugurio que los vecinos llaman El Chorizo, en las afueras de Chichigalpa, conformado por chabolas hechas con cartones, láminas oxidadas y bolsas de plástico. El tugurio se levanta frente a los cañaverales del Ingenio San Antonio, arrasados por los braceros que estos días están en plena faena de zafra. Un camino de charcos apestosos separa la casa de la caña. Perros huesudos y hambrientos ladran a los extraños, mientras niños descalzos y sucios corretean por las chabolas. La palabra pobreza, aquí, se queda demasiado corta.

Los vecinos se reúnen en la casa de Guzmán, atraídos por la llegada de los periodistas. Al comentarle al joven el comunicado de la Policía Nacional, reaccionó furioso. “Que nos enseñen que los tienen presos, queremos verlos (a los policías detenidos). Si es cierto que los tienen, que los muestren, como muestran en la televisión a los demás delincuentes. A ellos no les va a gustar que le disparen a alguien de su familia como a un perro. No les voy a creer hasta que los vea”, dijo. “Que se haga justicia”, agregó, “porque no es un animal al que baleó”.

“Es un matón a sangre fría”, dijo Juan Fermín Zamora, un ex cañero que vio cómo fue baleado el joven, que se une a la plática en casa de Guzmán. El hombre, enfermo de Insuficiencia Renal Crónica, regresaba la noche del sábado de “hacer un mandado” y se quedó en la zona de la protesta por curiosidad. Contó lo que recuerda de aquella noche: “El policía se cuadró, iba con intenciones de matar. Después de los disparos el niño dijo: “Ay, me pegaron”. Pensé que eran balas de goma. Es necesario que haya justicia, porque (la Policía) ya está como la guardia somocista”, dijo.

A un lado de la casa de Guzmán está la de María Cerdas Muria, una anciana menuda, de piel muy morena y rasgada por profundas arrugas, abuela de José Ignacio Balladares. La noche del miércoles, María regresaba a Chichigalpa tras pasar la tarde en el Lenin Fonseca. La Alcaldía, administrada por el alcalde sandinista Víctor Sevilla, le pagó el traslado en un taxi hasta la capital. La anciana camina pausada, se queja de falta de apetito y sueño y del dolor que le causa el sufrimiento de su pequeño nieto, el menor de siete hermanos. Intenta refugiarse en cualquier signo esperanzador: “Le hablé y movió los ojos, le toqué la mano y movió los dedos”, contó. Pero los médicos son más realistas. Fuentes médicas consultadas por Confidencial dijeron que el niño seguía grave en la UCI, aunque su condición era estable. La bala está alojada en el cerebro y es difícil extraerla, pero la buena noticia es que está en una parte del órgano que no compromete funciones vitales importantes. Sin embargo, se mantiene el riesgo de muerte y los médicos tampoco descartan que, de sobrevivir, el niño quede hemipléjico. “El niño está bastante malito. Yo estoy desolada. Le pido a Dios con el corazón que se mejore”, dijo María a Confidencial. “Da lástima mi hijo”, agregó la anciana.

(Wilfredo Mirada y Octavio Enríquez contribuyeron en la elaboración de este reportaje)

Comentarios

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Leonel A. Marin Mc Ewan

Yo no le hago negocio a los Pellas; porque no ingiero ni Flor de caña ni cervezas. Soy orgullosamente AA. La administracion del Ingenio san Antonio deberia de pagarles lo que los trabajadores demandan $ 180.000 por afectado. Estoy de acuerdo con Zoila Guadamuz; de que en Nicaragua existe un alto indice de alcoholismo y estamos saturados de publicidad de licor en la T.V., radio, etc. El alcoholismo es una enfermedad de fatales consequencias. Cuantos jovenes conduciendo en estado de ebriedad en motos, vehiculos han perdido sus vidas? Desgraciadamente, aqui hay un pacto Pellas con el orteguismo. Como diria Karl Marx: La explotacion del hombre sobre el hombre. Hay un mercado monopolico u oligopolico; y este gobierno institucional es neoliberal.

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Carlos Gutierrez

Estimado Carlos Fernando:

Excelente reportaje, me gustaría que invitaras a una entrevista a Carlos Pellas,
también es muy importante escuchar su versión sobre el tema.
Es duro e indignante ver cómo los Pellas son multimillonarios y Chichigalpa desaparece poco a poco con sus hombres enfermos y muriendo de hambre sus familias. Los pobres le llenan la bolsa a los ricos con su mano d eobra mal pagada y explotada.

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Zoila Guadamuz

Que bueno que se empiece a reflexionar sobre la necesidad de hacer un boicot y no consumir los productos del Ingenio San Antonio, ya era hora, ofende a las familias que hemos tenido que enfrentar los efectos del alcoholismo. El licor se propagandiza de diversas formas, estimula el machismo con los mensajes de los anuncios, denigra a las mujeres, estamos saturados de propaganda de licores, ahora hasta grupos de jóvenes músicos están involucrados en la propaganda a licores como el ron flor de caña. Cuantos millones de dólares ganan los Pellas por la venta de licor, además el azúcar es vendido a los nicaraguenses mucho más caro que el precio que lo venden al extranjero, con nosotros se compensan cuando el precio internacional es bajo.

Lo peor de todo esto, es la tragedia que viven los trabajadores cañeros y tambien los obreros de la industria del licor y el azúcar, recuerdan aquellos trabajadores del Ingenio Sn.Antonio que "murieron quemados en las pilas llenas con la miel sacada de la caña de azucar? " ante todo esto donde están los sindicatos sandinistas y de otras corrientes? donde está la responsabilidad del Estado para poner en su lugar a los empresarios criminales ? será que esto es parte de la "socieda abierta" en que vivimos los nicaraguenses, según señala el empresario Carlos Pellas ?

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GUEGUENSE420

Es una pena que mientras nosotros pasamos la vida tranquilos, consumiendo RON FLOR DE CANA y CERVEZA TONA y por otro lado en Chichigalpa esten personas literalmente SUFRIENDO y MURIENDO por que la empresa Flor de Cana no les dio los equipos necesarios para el riego de los químicos que son una de las causas directas de los padecimientos de insuficiencia renal crónica (IRC)........ en la otra cara de la moneda esta el Estado el cual esta en el deber y la obligación de velar por los derechos de los trabajadores pero en lugar de eso simplemente guarda silencio. Lo mas triste de esta tragedia es que este problema es desde el ano 2000 y nadie hace nada y los TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES SIGUEN MURIENDO DIARIAMENTE.

PD: Los grandes capitales también doblegan pensamientos socialista y perjudican al pueblo presidente ! Yo propondria hacer un boicot como sociedad y dejar de tomar de cualquier licor producido por este grupo. Es simplemente cambiar de MARCA para tocarle el bolsillos a los PELLAS y obligarlos a prestar atencion a estas personas y asi que enfrenten el problema.

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