Guerras comerciales "en lo fino"
¿Quién se atreve a
frenar el dumping?

	Empresas resienten a competidores extranjeros; amagan, pero no hacen denuncias directas

Iván Olivares

Amilcar Ybarra

El fantasma del dumping recorre las oficinas ejecutivas de algunas de las más importantes industrias del país, así como algunas dependencias ministeriales, y aunque muchos reconocen su existencia -y existen los instrumentos legales para sancionar esa práctica de comercio desleal- casi nadie hace nada para combatirlo.

Expertos independientes y oficiales, así como empresarios de variados tamaños coincidieron en asegurar a Confidencial la existencia de ese fenómeno en Nicaragua, señalando culpables de cometer ese “pecado comercial” tanto a empresas nacionales como extranjeras, en rubros que van desde el pan y la leche, hasta las cervezas y gaseosas, pasando por los zapatos, la ropa y los jugos.

Ermis Morales, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de la Industria Panificadora, asegura tener pruebas para demostrar que la Panadería Bimbo está vendiendo su producto en Nicaragua a precio de dumping, lo que está presionando a una docena de panaderías de calidad en el país, que se han visto obligadas a incursionar en el negocio de los pequeños, empujando a toda la cadena hacia abajo.

Amílcar Ybarra, el hombre más poderoso del país en el rubro arrocero, se ha visto en la irónica situación de tener que pelear en situación de desventaja contra dos pesos pesados extranjeros: la costarricense Dos Pinos, que estaría vendiendo leche UHT barata, y una arrocera mexicana que está distribuyendo arroz estadounidense “disfrazado” de mexicano.

Diversos empresarios han expresado a Confidencial su sospecha de que una de las marcas de gaseosas que llegaron este año al país, igual que una de cervezas, hayan usado el dumping para conquistar una porción del mercado, aunque nadie quiere ser identificado, porque no pueden demostrar sus sospechas.

Tal posibilidad no sorprende a Jesús Bermúdez, Director de Aplicación de Tratados del MIFIC, encargado de, entre otras cosas, combatir el dumping.
“El dumping no es condenable per se. De hecho, ocurre siempre que una empresa quiere penetrar a un mercado, y lo hace bajando los precios. Lo que pasa es que en cuanto se estabiliza, vuelve a subirlos antes de que ocurra un daño serio a los competidores que ya estaban en ese mercado, por lo que éstos no tienen oportunidad de quejarse”, explicó.

Pocos juicios

Aunque oficialmente nadie ha sido condenado por dumping en Nicaragua en —al menos— los últimos quince años, y hasta es posible que en toda la historia del país, en la última década se han iniciado dos casos que terminaron de forma “amistosa”.

El más antiguo ocurrió a mediados de la segunda mitad de los años 90, cuando un fabricante local de caramelos, acusó a una similar hondureña de atacar el mercado nacional con productos por debajo de su precio. Luego de reuniones a tres bandas, la empresa catracha cesó en su intención, y la queja fue archivada.

Como se recordará, más recientemente, hace un lustro, una empresa fabricante de cemento se quejó por la misma razón de una empresa extranjera que estaba recurriendo a esa práctica para sacarla del mercado.
En este caso, sí se llegó a entablar una acusación formal en contra de la extranjera, pero todo quedó “arreglado”, luego que la foránea compró a la nacional, de modo que el juicio se vino abajo, no sólo porque una empresa no puede acusarse a sí misma, sino también porque al comprar a la productora local y toda su cadena de distribución, aquella ya no tenía necesidad de seguir haciendo dumping para quedarse con el mercado nica.

Con todo, es posible que en el 2006, se abran unos tres o cuatro juicios: uno contra una empresa guatemalteca, otro contra una costarricense, un tercero contra una que tiene oficinas en esos dos países, y un cuarto en contra de una mexicana.

Esto pondrá a prueba la capacidad no sólo de quienes hagan las acusaciones por probar que lo que dicen es cierto, sino también de las autoridades nicaragüenses, que deberán demostrar que pueden juzgar ese tipo de situaciones, más allá de la complejidad de cada caso, de la importancia económica de la empresa, y del peso político del país involucrado.

Difícil y caro

Siendo que hay tantos señalamientos de dumping en tantos rubros de la economía, resulta raro que hasta ahora no haya habido ni un solo juicio consumado, y apenas dos conatos de procesos que se detuvieron antes de que alguien dictara un veredicto e impusiera una sanción, o absolviera.

La razón según Jesús Bermúdez, del MIFIC, es que “la normativa es difícil de aplicar, y es caro contratar a alguno de los especialistas que pueden impulsar un juicio de este tipo”. Talvez sea por eso que “he recibido cuatro quejas este año, pero nadie puso una solicitud formal para que se inicie una investigación”.

A pesar de los altos costos que representa iniciar e impulsar un juicio de este tipo, Bermúdez considera que es más alto pagar las consecuencias de ser víctima del dumping, por lo que cree que para las empresas “sería mejor contratar un consultor, antes que dejar que el dumping siga haciéndoles daño”.

Pero Ybarra, que como Director de la empresa lechera CENTROLAC se queja de la tica Dos Pinos, mientras que como Gerente General de AGRICORP acusa a una compañía arrocera mexicana, tiene una percepción distinta acerca de la situación.

“Lo que pasa es que los oficiales del gobierno que se encargan de regular ese tema son demasiado ‘pro libre mercado’ y tildan de proteccionista a la empresa que reclama por dumping, diciendo que lo que ocurre en realidad es que no queremos competir”, aseguró.

“El que Nicaragua haya bajado sus aranceles abre las puertas a las prácticas desleales de comercio, y el Estado no ha comprendido que puede y debe usar los nuevos instrumentos legales para protegerse y proteger a sus empresas, lo que es muy grave, porque no permite competir en igualdad de condiciones”, siguió diciendo Ybarra.

Un poco más comedido, Oscar Alemán, especialista en comercio exterior, consideró que “debe haber balance entre el libre comercio y la protección a las empresas”, lo que comienza por “capacitar en esos temas” tanto a los empresarios como a los funcionarios.