ECONOMIA

Un servicio para más de 200 mil pequeños productores
Microcrédito:
el poder de los "banquitos"

Tasa de interés: un tema pendiente; cinco años esperando una ley y AN podría tirar la “papa caliente”
a la SIB


Iván Olivares

Wilfredo Suazo Hernández, fabricante de hamacas de Masaya, se alegró y preocupó a la vez cuando a inicios del 2004 recibió un pedido para fabricar varios cientos de hamacas para un comprador extranjero.
Mientras por un lado se sentía halagado por la confianza depositada, y emocionado ante la perspectiva de tan jugosa ganancia, por el otro se sentía abrumado porque no disponía de todo el material necesario para satisfacer el pedido.

Su alternativa era perder la venta… y el cliente, o acudir a un “banquito” para obtener dinero y eligió lo último, como era de prever. Al final, obtuvo recursos para comprar los insumos necesarios, pagar al personal extra que necesitaría, cancelar el préstamo, y contar sus ganancias.

A más de un año de aquella experiencia, Suazo se siente contento con la oportunidad que le dieron, y con el trato recibido, pero tiene un pero. “Fueron muy positivos, atentos, y rápidos para resolver. Sólo me quejo de los intereses, que deberían nivelarse a lo que cobra un banco”, sugirió.

Vilipendiadas por algunos y aplaudidas por otros muchos que supieron aprovechar la oportunidad brindada, las empresas dedicadas al negocio de microfinanzas se han afianzado en un mercado obviado por los bancos, pero que tiene un gran futuro, como lo muestra el hecho que el número de clientes se multiplicó por 2.8 entre 1999 y 2004, mientras casi se triplicaba el de fondos colocados… a pesar de los altos intereses.

Julio Flores  

Julio Flores, Gerente del Fondo de Desarrollo Local (FDL), destacó que se calcula que en Nicaragua hay unos 300,000 pequeños empresarios dedicados al comercio, la pequeña industria y los servicios, y otros 250,000 pequeños productores agropecuarios, que en su mayoría no tienen acceso al crédito bancario pero si al microcrédito.

Siendo que las 20 entidades afiliadas a ASOMIF atienden a unos 235,000 clientes, eso da una idea de la importancia de las microfinancieras como fuente de recursos para muchos pequeños negocios, así como del potencial de crecimiento que aún hace falta desarrollar.

Otro ejemplo de su valor dentro de la sociedad nicaragüense son los 150 clientes que la FDL atiende en La Chureca, o las centenares de mujeres que pueden buscar un crédito con el Fondo de Desarrollo de la Mujer para salir adelante a la par de sus hombres… o sin ellos.

Para Alfredo Alaniz, Director Ejecutivo de ASOMIF, los números expresan con claridad el valor de ese servicio en la sociedad moderna: “Nosotros atendemos a unos 250,000 clientes, cuyas pequeñas empresas generan cerca de 600,000 empleos. Se sabe también que las PYMES general el 25% del PIB del país, y aunque no todo eso es atribuible a nosotros, si puedo decir que participamos con un porcentaje importante”, aseguró.

¿Por qué tan caro?

Sin importar en qué lado de la ecuación esté usted (sea beneficiario, proveedor o competidor), hay dos cosas que sobresalen de las demás cuando se trata de observar el desempeño de una empresa dedicada a las microfinanzas: la gran cantidad de clientes que tienen, y las altas tasas de interés que exhiben, que en algunos casos pueden rondar el 60 por ciento anual.

Los empresarios del sector lo explican detallando todo lo que tienen que hacer para aprobar la concesión de un préstamo, y contrastándolo contra el procedimiento que emplea la banca formal, que muchas veces puede cobrar la mitad de los intereses que ellos.

La gran diferencia estriba en que mientras un analista de crédito de un banco comercial evalúa en su oficina durante unas pocas horas la información que ya le lleva elaborada el cliente potencial, su similar de una financiera debe ir al campo y evaluar por sí mismo las condiciones del solicitante.

En el fondo, el punto es que no genera iguales ganancias hacer que un hombre analice y apruebe un préstamo de un millón de dólares en ocho horas, a que otro emplee dos o tres días de labor para documentar y recomendar que se apruebe uno de dos mil córdobas a un cliente pequeño.

“Muchas veces tenemos que completarles la información, ayudarles a elaborar sus estados financieros no auditados, etc., lo que eleva el costo de administrar un préstamo”, detalló Gabriel Solórzano, Presidente de FINDESA, entidad que planea transformarse en banco en el 2006.

Klaus Geyer, Gerente General de ProCredit, que espera dar el salto y convertirse en banco antes de un mes, explicó que para ellos, “en el caso del microcrédito, no podemos enviar un expediente de 2,000 córdobas desde Ocotal hasta la casa matriz. En consecuencia, el 99% de nuestros créditos son aprobados en las sucursales”.

“Eso es típicamente lo contrario de lo que ocurre en un banco tradicional. Nuestros oficiales de crédito están permanentemente en la calle, en los mercados, evaluando a los clientes, hablando con ellos, lo que tampoco forma parte de la jornada ordinaria de un oficial de crédito bancario”, y termina elevando los costos, detalló.

“El sistema de análisis nuestro está basado más bien en los flujos de caja: ingresos y egresos, la capacidad de pago y relativamente mucho menos en lo que son garantías bancarias sólidas como hipotecas, títulos valores, etc.”, añadió Geyer.

Cumpliendo la ley

Nacida del seno de Nitlapan, la FDL se ha dedicado casi por entero a “sostener la economía de las familias en el sector rural, porque están desprotegidos por la banca nacional”, explicó el Gerente Flores, quien lamentó que los bancos prefieran la gran agroindustria, cuando “las empresas pequeñas son el motor del país”.

Un cálculo utópico le permite visualizar que “si cada una de las 550,000 pequeñas empresas que hay en la nación pudiera crecer y generar un empleo nuevo al año, al cabo de tres o cuatro años estaría resuelto el problema del desempleo en Nicaragua”.

Cierto pero improbable.

Con todo, el FDL no se rinde y prefiere seguir buscando clientes en los lugares más distantes y difíciles, que es donde están las oportunidades, tratando de colocar sus recursos a tasas que oscilan desde el 12 al 22 por ciento para el sector agropecuario, hasta las de los rubros comercio, vivienda y servicios, que se mueven entre el 24 al 36 por ciento.

Flores explicó que, aunque el Banco Central sólo autorizó cobrar 12.44% en el mes de septiembre, ellos tienen que cargar diversos cobros extras a sus clientes para seguir siendo rentables, posición que lamentó, porque les hace aparecer menos transparentes de lo que en realidad quisieran ser.

La situación no es muy distinta para las financieras más pequeñas que, como el Fondo de Desarrollo de la Mujer (FODEM), deben ingeniárselas para trabajar dentro del marco de la Ley, que manda al Banco Central a definir la tasa que deben cobrar las microfinancieras.

Ese valor fue de 7.19% el mes de agosto pasado, lo que obliga a los gerentes de estas empresas crediticias a recurrir al cobro de comisiones por administración del préstamo, por asistencia técnica, por desembolso, y para pagar gastos legales entre otros artificios, para cobrar la tasa real y poder seguir operando.

“Al obligarme a cobrar 7.19 por ciento, me empujan a añadir otros cargos para poder recuperar los costos. Lo malo de eso es que el sistema se vuelve menos transparente”, confesó María Auxiliadora Vanegas, Directora Ejecutiva de FODEM.

Así las cosas, sería de esperarse que la aprobación de la Ley de Microfinanzas trajera orden en el sistema e incrementara la transparencia y la confianza, pero la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, (ASOMIF), teme que sea lo contrario.

Cinco años en “tubería”

Norlan Moncada es un experto en el tema, que conoce el proyecto de ley desde que ASOMIF comenzó a impulsar la idea en 1998, y participó en su dictamen en su calidad de asesor de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional en 1999, hasta que en enero del 2004 fue aprobada en lo general, “pero no en lo particular”.

La razón es que algunos donantes claves como el Banco Mundial, el BCIE y una nación europea cuyos aportes son clave para mantener el flujo de recursos hacia las microfinancieras, solicitaron parar la discusión en lo particular, pidiendo tiempo para mejorarla, y los diputados decidieron esperar.

Una de las dificultades más grandes es la propuesta de crear una comisión reguladora que esté presidida por la Súper Intendencia de Bancos, e integrada por el MIFIC, ASOMIF y el MIGOB.

Luego de seis meses, los diputados pidieron que fuera la SIB la que se hiciera cargo por entero de la regulación y supervisión de esas entidades, lo que llevó a algunos a preguntar ¿por qué debía involucrarse a la Súper Intendencia, si las microfinancieras no pueden captar depósitos del público?

La respuesta está contenida en la ley, que permitirá –si llega a aprobarse el artículo correspondiente- intermediar recursos del FNI, que son fondos públicos.

La regulación es el tema toral dentro de la discusión, aunque no el único.
Uno más es el hecho que ASOMIF siente que “la Ley que finalmente aprobó la Asamblea Nacional no se parece en nada a lo que nosotros les propusimos hace seis años”, recordó María Auxiliadora Vanegas, que también es Secretaria de la Asociación.

La idea inicial era institucionalizar al sector, para obtener más peso no sólo a la hora de impulsar un proceso judicial, sino también al buscar recursos en el mercado de capitales.

“Queríamos que nos tomaran en serio, que se nos tratara con respeto, que hubiera mayor transparencia e incrementar nuestra credibilidad, pero los diputados nos cambiaron todo”, insistió Vanegas.

Prueba de ello la ofreció el mismo Moncada, al señalar que aunque la ley tiene unos 40 artículos, se cuentan unas 20 mociones para mejorarla.

Otro cambio fundamental es que los 200,000 dólares que se requerían como mínimo para operar, pasaron a 500,000 luego de su debate en el parlamento, decisión tomada bajo la premisa que “si es un negocio de dinero, tiene que haber dinero”.

Moncada cree que sólo 14 de las entidades afiliadas a ASOMIF disponen del capital suficiente para cumplir ese requisito, por lo que las demás podrían pasar a operar bajo la Ley de Préstamos entre particulares, lo que los beneficiaría porque eso les permitiría cobrar intereses más altos que los actuales, y seguir dentro del margen de la ley.