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Una defensa
Caudillos, Caciques y Familias
En estos días participé
en una consulta sobre el capítulo de Gobernabilidad
del Plan Nacional de Desarrollo. En Nicaragua, según
el enunciado, debe establecerse y fortalecerse un sistema
del Buen Gobierno, en particular para articular mejor
las esferas públicas y privadas en base de reglas
transparentes y democráticas bajo plena vigencia
del Estado de Derecho.
Quizás la traducción
forzada de términos anglosajones sin traducir
correctamente su significado al contexto del país
fue la gota, que rebasó mi vaso. Por tanto aquí
mi tesis herética: Nicaragua tiene desde siglos
un modelo de gobernabilidad, cuyas bases son las más
nobles virtudes —para nombrar lealtad, confiabilidad
y solidaridad. El problema no es crear un modelo nuevo
y fortalecerlo sino transitar de un modelo a otro. El
modelo existente ha servido, mal que bien, ha protegido
a muchos y ha articulado las esferas públicas
y privadas. Cualquier nueva propuesta de Gobernabilidad
antes de todo tendrá que demostrar su superioridad
en forma convincente... y hasta la fecha no lo ha logrado.
Comenzamos con el primer
pilar del sistema actual, las familias. Es un hecho
innegable que sin la solidaridad intra-familiar el país
ya hubiera colapsado. Sin sistema alguno de asistencia
pública con cobertura suficiente, es la ayuda
mutua entre generaciones y parientes en toda clase de
emergencias, enfermedad y vejez, que les permite a millones
de nicaragüense al menos a sobrevivir. Sin remesas
familiares el país entero estuviera insolvente.
Pero el eje más fuerte no es la simple compasión
para con el pariente en apuros, sino una solidaridad
activa por medio de la cual un familiar le facilita
al otro su desarrollo, desde prestar tierras para el
cultivo o ayudar a cultivarlas, prestar plata para abrir
un negocio o financiar la educación de un hijo,
hasta facilitar el acceso a oportunidades “conectándolo”
en la esfera pública o privada. En un país,
sin mercado libre de empleos, de servicios o de otras
oportunidades, un mercado sin condiciones transparentes
y de igualdad, solamente hipócritas o ignorantes
se atreverán a denunciar este comportamiento
noble de compartir con parientes, hasta lejanos, como
tráfico de influencia o nepotismo.
Dicho al revés: el
que quiera de verdad la transición a un modelo
de libre mercado, debe crear primero éste mercado
de oportunidades. Yo no he leído nada de un compromiso
de los que reparten oportunidades, tanto el Estado como
la empresa grande o mediana —vaya empresas familiares
en mucho casos—, que cambiarán sus procedimientos
de contratación. Imagínense solamente
una Nicaragua con la obligación de reportar cualquier
vacante para su publicación con una descripción
detallada de las calificaciones requeridas, una Nicaragua
con la obligación de informar a cualquier solicitante
rechazado sobre las causas del rechazo. Esto es la practica
legal en la gran mayoría de los países
desarrollados, los EE.UU. incluidos y a la vez la esencia
de un libre mercado.
Continuamos con el segundo
pilar, los caciques. ¿Cómo puede el 55%
de analfabetas funcionales hacer valer sus intereses
y derechos, cuando ni quiera tienen la capacidad de
leer leyes, reglamentos, ordenanzas, títulos
de propiedad hasta cartas, mucho menos entender sus
implicancias y trascendencia, sino fuera por medio de
un interlocutor confiable, que les lea y explica los
mismos para proceder a escribir contestaciones o reclamos?
¿Quién actuará como buen componedor
en los pequeños conflictos vecinales o familiares
de cada día antes que se vuelvan complicación
mayor? Estas son las funciones sociales del cacique,
cuya base es la confianza de su clientela, una confianza
que él honra. Y cuidado, aunque sea fuera de
ley y derecho, la gente sabe como castigarlo hasta el
extremo si él les falta a la palabra en forma
sostenida. Dicho de otra forma, mientras el estudio
de trámites legales con implicancias y sus bases
tanto entre particulares como entre particulares y el
estado no es materia escolar, mientras persiste el alto
porcentaje de analfabetismo funcional, no hay forma
como sustituir al interlocutor, salvo que se quiere
dejar millones de conciudadanos en el desamparo completo.
Y mientras no exista un servicio público brindado
por personas confiables, no hay forma como sustituir
al cacique.
El problema de los caudillos
en la justicia no es tan simple como para que un poder
judicial depurado, calificado y honesto lo resuelva.
Hay una tradición legislativa española
que se origina en el ano 780 cuando por el código
de Toledo la península ibérica salió
del sistema legal romano, sustituyéndolo parcialmente
por el derecho germano-gótico. Ahí se
usó por primera vez la frase celebre y en uso
hasta hoy: “en lo demás se deroga aquel
derecho anterior que se oponga” dejando tácitamente
en vigencia, lo que no se oponía. Complementado
por las diversas colecciones de leyes y decretos coloniales
--siempre reformas parciales, que se pudo acatar para
no cumplirlas-- se ha desenvuelto una tradición
legal sin sistema por casos precedentes. No se puede
entonces saber siempre y de antemano qué es “legal”
y qué no.
Un abogado con admisión
en Nicaragua y los EE.UU. me lo puso así: en
Alemania y Francia el abogado busca como subsumir un
caso concreto bajo un párrafo único existente
de una ley vigente, en Inglaterra y los EE.UU. él
busca a un caso ya decidido y similar, que estableció
un precedente. Pero en América Latina él
busca cual ley se podrá aplicar al caso... y
normalmente encuentra varias, y varios párrafos
contradictorios en la misma ley ni hablar. ¿Con
todo respeto, pero qué lealtad me protege mejor
contra arbitrariedades imprevisibles, la lealtad para
con un caudillo, donde ambos sabemos las reglas del
juego, o la lealtad con un fantasmagórico Estado
de Derecho?
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