Gasto millonario y supervisión no empieza
SIP ha costado C$64 millones

	Más de la mitad, casi 38 millones se presupuestó en “sueldos permanentes”

	Superintendente y BM justifican predominio de salarios por supervisión inexistente a AFPs

	Un millón de córdobas en dietas a miembros no gubernamentales de Consejo Directivo

Oliver Bodán

Ramiro Sacasa

La Superintendencia de Pensiones (SIP) ha ejecutado en dos años y medio de existencia un presupuesto de C$64,830,891, cuya mayor parte —C$49,667,712— se ha consumido en servicios personales: salarios, dietas, vacaciones, horas extra, aguinaldo y consultorías, entre otros gastos, revela un documento de dicha institución en poder de Confidencial.

El 59 por ciento del presupuesto —C$37,971,705— se ha gastado en sueldos de “cargos permanentes”, en el período enero 2002-junio-2004. El resto del pastel se ha consumido en servicios no personales; materiales y suministros; bienes de uso y transferencias corrientes.

La SIP fue creada como una institución técnica para regular, vigilar y controlar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), empresas privadas que funcionarían de acuerdo a la Ley 340, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Sin embargo, el proceso fue postergado por seis meses en julio pasado y a la fecha no existe ninguna labor de supervisión.

En ese entonces se argumentó que el nuevo sistema estaba diseñado sólo para cubrir a 320 mil empleados formales, de una Población Económicamente Activa (PEA) de dos millones de personas. Además, la mayor parte del sector laboral informal, calculado en más de un millón de trabajadores, quedaría excluido del sistema de seguridad social.

Según un informe financiero enviado por la SIP a la Contraloría --fechado el pasado 10 de septiembre--, en la misma etapa 2002-junio 2004 se ejecutaron C$1,104,469 en dietas otorgadas a tres miembros del Consejo Directivo que, según tres fuentes consultadas por esta publicación, no ejercen un cargo estatal.

También se desembolsaron C$183,161 en gastos de representación; C$890,511 en consultorías; C$230,716 en pasajes al exterior; y C$310,550 a cuenta de viáticos al exterior. Asimismo, se ocuparon C$373,396 en telefonía celular; y C$1,027,423 en combustible, mantenimiento y reparación de vehículos.

En comparación a este último rubro, sólo se destinaron C$494,819 para cursos de capacitación.

En el segmento de “otros pasajes y viáticos” se ocuparon C$192,816 y para “publicidad y propaganda” se ejecutó un presupuesto de C$586,168. En la parte de “transferencias corrientes”, en 2002, aparece el llamativo rubro de “donaciones, gratificaciones y recompensas” ¿?, por C$111,936. (Ver cuadro)

Y en el capítulo de “prestaciones sociales por pagar” a los trabajadores de la SIP, aparece la cifra de C$1,948, 987.68 correspondiente a “indemnizaciones por años de servicio”.

En la práctica, el gasto de la SIP se ha concentrado en el área de organización, ya que hasta hora no funciona ninguna de las tres AFPs con licencia para operar: AFP Integra (BANPRO); AFP Máxima (BDF-BAC); y AFP Progreso (LAFISE-BANCENTRO).

Gasto “desequilibrado”

“Este gasto no es nada más que para mantener las puertas abiertas de la Superintendencia. No ha tenido ningún efecto de control, porque sencillamente los organismos a ser controlados no existen. No se concreta en acciones ejecutivas importantes para el bienestar de la nación”, aseguró el economista Néstor Avendaño.

Avendaño recalcó que, incluso, el presupuesto de la institución se ha gastado en el debate sobre cual modelo de seguridad social debe imperar en el país, en una tercia que mantienen el gobierno y la SIP. “Estamos gastando los escasos recursos del presupuesto en conflictos interinstitucionales”, recalcó.

De tal manera, razonó el economista, que lo que comenzó como un requisito para ingresar a la iniciativa HIPC, ahora se ha convertido en “una condicionalidad inexistente” gracias a un “simple capricho multilateral”.

Avendaño destacó que el gasto de la SIP se presenta “un poco desequilibrado”, consumiendo en salarios un porcentaje mayor al presupuesto nacional. Por esta razón, opinó, debe revisarse la planilla de la institución, “un consumo directo exagerado”, en aras de racionalizar los recursos.

Según datos oficiales, hasta julio pasado laboraban 53 trabajadores en la SIP.

“Tenemos salarios de países muy industrializados y creo que el servidor público debe tener cuota de sacrificio público, porque estoy viendo no sólo el caso de la Superintendencia: en general, la carrera pública es vista como una forma para obtener riquezas en forma rápida y lícita”, explicó.

Avendaño recomendó ponderar el gasto en la capacitación de los eventuales fiscalizadores de las AFPs. Según el documento de la SIP, de enero de 2002 a junio de este año sólo se destinaron C$494,819 para cursos de capacitación, la mitad de lo gastado en mantenimiento y reparación de vehículos.

Sin embargo, las autoridades de la SIP informan sobre 50 seminarios de capacitación y talleres a representantes del sector público y privado.

SIP: “personal técnico calificado”

Ramiro Sacasa, Superintendente de Pensiones, justificó la decisión de la SIP de priorizar el rubro de servicios personales en el presupuesto, pues se necesita de “personal técnico calificado” para fiscalizar y supervisar al Seguro Social y a las AFPs.

“Eso lo único que te demuestra es que no existe un gasto marginal significativo en otros rubros, como pudieran ser automóviles o gastos discrecionales de viajes. Por consiguiente, tenés concentrado el rubro de gastos de personal en una entidad técnica, no es una entidad que gasta la mitad de su presupuesto en comunicación o en publicidad”, afirmó Sacasa.

El funcionario insistió que la institución “ha buscado como optimizar y minimizar los recursos que se utilizan en gastos discrecionales”. Descartó la existencia de megasalarios en la SIP, pues los sueldos son inferiores a “ciertas entidades del Estado”.

“Yo no me podía traer, por ejemplo, a un director financiero de otra entidad, porque los niveles de directores estaban acá por debajo de otras entidades del Estado”. Sacasa dijo ganar “unos 5 mil 500 dólares mensuales”, porcentaje menor al devengado inicialmente gracias a una reducción “voluntaria” de su parte, refrendada luego a través de una ley del gobierno Bolaños.

Rechazó que la Superintendencia actualmente no tenga razón de ser por la suspensión de las AFPs, ya que actualmente mantienen una constante supervisión sobre el Seguro Social. “Nuestra razón fundamental eran dos pilares: supervisar el sistema público de pensiones y supervisar un nuevo sistema de ahorro para pensiones”.

“Mantenemos el manejo integral de la cartera, de tal forma que fiscalizamos el 100% de los recursos, que antes se diseminaban en dos partes. No disminuye de ninguna forma la responsabilidad de fiscalizar el manejo de esos de recursos y en qué se invierten”, agregó.

La posición de Sacasa sobre vigilar la actividad del Seguro Social fue compartida por el legislador Wálmaro Gutiérrez: “Es una salida oportuna para aprovechar la gran cantidad de recursos que ya se han invertido en fiscalización”.

Pero a renglón seguido afirmó: “Lo que sí creo es que era una institución concebida para fiscalizar todo un sistema y no sólo a la institución llamada INSS, entonces, yo creo que hay que revisar su operatividad. No creo que necesite tanto personal y recursos como los que tiene actualmente”.

Banco Mundial coincide con SIP

Amparo Ballivián

Por su parte, Amparo Ballivián, representante residente del Banco Mundial, una de las instituciones responsables de la creación de la SIP, dijo desconocer el presupuesto de la institución.

“Es primera noticia para mí que se hayan gastado 64 millones de córdobas en la SIP, pero le creo si usted me lo dice. Si la Superintendencia tendrá una utilidad o una razón de ser en el futuro, dependerá mucho de lo que decidan las autoridades acerca del futuro del sistema de pensiones en Nicaragua y lo que digan las discusiones legales al respecto”, dijo Ballivián.

En caso de que se decida impulsar las AFPs, afirmó la representante, se necesitará de supervisión, por lo que el componente legislativo e institucional invertido “no habrá sido dinero desperdiciado”. “Pero eso va a depender del modelo que se escoja”, aclaró.

Ballivián coincidió con la posición del Superintendente de Pensiones y aseveró que una entidad de servicios generalmente destina “gran parte de su presupuesto en salarios”.

—También puede invertirse en capacitación.

—Sí, por supuesto, puede invertirse en equipamiento, mobiliario y otras cosas. Pero en principio una entidad de servicios públicos que gaste una proporción importante de su presupuesto en salarios no es algo que me llame la atención.

—¿Es normal que se ejecute el 60% en este rubro?

—No lo sé, la verdad no tengo el conocimiento técnico para saber cual es la proporción de salarios que debería gastar una Superintendencia de Pensiones modelo o cuál es la proporción en otros países. Es una pregunta demasiado técnica, especializada, para mis modestos conocimientos.

—Para ser una institución que ha apoyado este proyecto desde el inicio, usted no conoce mucho de su presupuesto.

—No, la institución puede conocerlo, pero eso no quiere decir que yo tenga las respuestas en mi memoria a pedir de boca; o sea, la institución es muy grande y tiene especialistas en todas las áreas y yo no soy la especialista en pensiones.

Asamblea y Contraloría indagarán

Las instituciones fiscalizadoras son más radicales sobre el dinero invertido en la AFP. “Prácticamente no sirvió para nada, porque la privatización del sistema de pensiones fue un fracaso”, expresó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

Gutiérrez afirmó que propondrá a la Comisión Económica del Parlamento revisar los gastos operativos de la SIP y la distribución de su presupuesto, con el objetivo de confirmar o descartar “supuestas irregularidades”.

“Hay un patrón de comportamiento no sólo de la Superintendencia: muchos ministerios deberían ser revisados, porque dentro de sus gastos corrientes ponen una serie de renglones que obedecen directamente a sueldos y salarios, y para evadir sus responsabilidades fiscales, los enmascaran bajo otro tipo de figura”, afirmó.

Para evaluar el uso de los recursos públicos en la SIP, la Contraloría actualmente realiza un análisis de la información financiera proporcionada por la institución, y determinar si amerita la realización de una auditoría.

“Primero tenemos que estudiar el documento, porque no podemos, por cada situación presentada, salir en carrera a hacer una auditoría. Pedimos la información, la analizamos, y una vez que hacemos esto, recomendamos hacer o no una auditoría”, apuntó el contralor colegiado Francisco Ramírez.

En medio de la polémica de los gastos presupuestarios de la SIP, será una comisión interinstitucional, compuesta por el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la propia SIP, la que decidirá la suerte de las AFPs; junto a otra instancia formada en la Asamblea Nacional.