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Desafíos frente a la corrupción
en Costa Rica y Nicaragua
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En Costa Rica el bipartidismo PLN-PUSC pagará la factura y no sobrevivirá. En Nicaragua, no pareciera que el status-quo y el pacto Ortega-Alemán esté seriamente amenazado. |
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Dados los hechos que están viviendo Costa Rica y Nicaragua me atrevo a intentar una primera comparación sobre un tema arriesgado como es el de la corrupción en ambos países. La premisa de la que parto es que, junto con la injusticia social, la corrupción es uno de los problemas más serios que minan los procesos democráticos en la región, no solo porque contribuyen a mantener la inequidad, sino porque minan la credibilidad y la legitimidad de la institucionalidad democrática y contribuyen a erosionar la cohesión social y el horizonte de esperanza de nuestros pueblos. Me concentraré en los casos de peculado, malversación, compra de influencia y pago de coimas a políticos que han salido a la opinión pública.
Corrupción a la tica
En el lado costarricense el primer caso de corrupción que estalló recientemente fue el caso del “préstamo finlandés” para compra de equipo médico para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se calcula que el pago de coimas y mordidas ronda los $8 millones de dólares. En este caso están involucrados, empresarios, representantes políticos y hasta el ex-presidente Calderón Fournier, quien recibió un “premio” cercano al medio millón de dólares.
El otro gran escándalo de corrupción es el caso Alcatel-Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el que está involucrado el ex–empresario, ex–presidente y ahora ex-secretario general de la OEA, Dr. Miguel Ángel Rodríguez, quien recibió un generoso “reconocimiento” de 1.2 millones de dólares de la empresa francesa por la concesión de un contrato del ICE. El resto del ‘premio’, 800 mil dólares, le correspondió a uno de los operadores políticos más cercanos a MAR, José Antonio Lobo.
El ex –gerente de dicha empresa en Costa Rica reconoció de manera reciente que también otorgó sendas contribuciones de cien mil dólares a las campañas electorales de los candidatos Abel Pacheco del partido Unidad Social Cristiana y Rolando Araya del partido Liberación Nacional. A estos casos habría que agregar otro pago de más de cien mil dólares que otorgó una empresa española a Rodríguez por una concesión para la electrificación subterránea de parte de San José. Hay más casos haciendo fila, incluyendo el tema de las contribuciones ilegales de países extranjeros a políticos nacionales que son explícitamente prohibidas por la legislación electoral costarricense. En este caso, se trata de donaciones realizadas por el gobierno de Taiwan a la campaña del presidente Pacheco (cien mil dólares) y al ex–presidente Rodríguez (un millón de dólares).
En el lado nicaragüense todavía no están muy claras las cifras del monto total estafado al erario público por el ex –presidente Alemán, parte de su familia y colaboradores cercanos, pero en el momento del destape de la “guaca” el fiscal Fiallos indicó una cifra aproximada a los cien millones de dólares. La revista Newsweek reportó que solamente en Panamá el ex-presidente Arnoldo Alemán “blanqueó” aproximadamente diez millones de dólares.
Las reacciones
En cuanto a las reacciones, el ex -presidente Calderón, él mismo tomó la iniciativa y se apartó formalmente de su partido mientras es enjuiciado. En el caso de Rodríguez, el partido lo apartó formalmente, le exigieron renunciar a la OEA y que regresara a Costa Rica a rendir cuentas. Ningún miembro de la estructura partidaria del PUSC ha salido a la defensa de sus dos ex-presidentes, más bien han señalado que ambos deben rendir cuentas ante la ley y que lo importante es la institucionalidad del partido.
En lo que respecta a los otros partidos políticos, el mayor partido oposición, el PLN ha condenado los actos de corrupción, pero su actitud ha sido más bien comedida debido a que tiene importantes cuadros políticos involucrados en los casos de corrupción descubiertos, incluyendo a su ex-candidato presidencial Rolando Araya y segundo, a que hay más miembros de ese partido involucrados en hechos de corrupción.
En Nicaragua, el ex–presidente Alemán se ha atrincherado en el PLC, en el que sigue ejerciendo un control férreo. La escisión de un grupo de seguidores del presidente Bolaños fue minoritaria, tal y como se refleja en la orientación de las fracciones parlamentarias y municipales. Ningún miembro de peso de ese partido le ha pedido la renuncia a la dirección al ex-presidente. Al contrario, tienen como principal objetivo sacarlo de la cárcel. En el caso del principal partido de oposición, el FSLN, no ha tenido una actitud clara frente a los casos de corrupción, sino más bien oportunista o “tacticista”, utilizando al ex-presidente como parte de una estrategia para fomentar la división de los partidos anti-sandinistas. La fracción Azul y Blanco y ahora el APRE apoyan las acciones del presidente Bolaños en este campo.
Un elemento interesante en ambos países es la actitud de la sociedad civil: en Costa Rica la ciudadanía y las organizaciones sociales están indignadas en contra del bipartidismo y de los juegos corruptos de este entramado político-empresarial, lo que se reflejó en una amplia movilización ciudadana el pasado 12 de octubre, en un amplio apoyo a la Fiscalía y en un repudio generalizado a los políticos (incluyendo al presidente Pacheco). La percepción generalizada es que el bipartidismo del PLN y el PUSC no sobrevivirá la indignación actual y que surgirá algo distinto a partir de las próximas elecciones.
En Nicaragua hay un importante sector de la sociedad civil y de la ciudadanía que se manifiesta contra la corrupción y el caudillismo. Sin embargo, también hay un sector importante que tiende a justificar las prácticas corruptas de los dos caudillos. Además, el campo ‘anti-corrupción’ está dividido y desarticulado, debilitando la posibilidad de una estrategia efectiva de movilización ciudadana e institucional contra la corrupción. Para ponerlo así, en Costa Rica el bipartidismo PLN-PUSC pagará la factura y no sobrevivirá. En Nicaragua, no pareciera que el status-quo y el pacto Ortega-Alemán esté seriamente amenazado.
Las acciones
Otro punto a comparar son las acciones en contra de la corrupción de cuatro actores importantes: el ejecutivo, la contraloría, el poder judicial y la iglesia. En el caso de Costa Rica, el presidente Pacheco está dejando trabajar al Fiscal General, Francisco Dall’Anesse, también ha sido claro en que los anteriores presidentes deben rendir cuentas y ha destituido a quienes ocupaban puestos públicos y están involucrados en casos de corrupción.
Sin embargo, hay varios hechos que le han restado apoyo y credibilidad, entre ellos que recibió fondos de Alcatel para su campaña electoral. En lo que respecta a la Fiscalía, tiene un apoyo masivo de la población y está actuando con gran autonomía atreviéndose a tocar “peces gordos”.
En lo que respecta al poder judicial, la ciudadanía tiene confianza en que actuará sin contemplaciones partidarias o de apellidos. En cuanto a la Contraloría General de la República, está neutralizada debido a que el recién nombrado contralor general, Alex Solís está siendo cuestionado por algunos hechos relacionados con su práctica privada como abogado, lo que posiblemente llevará a su destitución u obligará a su renuncia.
Finalmente, la jerarquía de la iglesia católica no ha jugado un papel prominente en esta lucha, aunque no ha defendido a los imputados. Sin embargo, los sectores de base y distintas pastorales sí han tenido un papel activo en la denuncia y movilización contra la corrupción.
En lo que respecta a las acciones en Nicaragua, comenzando por el ejecutivo, habría que reconocer que en el caso Alemán la iniciativa contra la corrupción la tomó el presidente Bolaños. Sin embargo, también ha cometido algunos errores importantes que han debilitado su propia estrategia en la propia Procuradoría. Segundo, mantener la doble pensión y los mega-salarios. Tercero, al igual que el presidente Pacheco, la campaña de Bolaños recibió fondos ilegales. Estos elementos han debilitado el empuje de la lucha contra la corrupción.
En lo que respecta al poder judicial, hay evidente y reconocido partidismo en los jueces y magistrados, lo que se refleja en la forma en que han venido jugando políticamente con el caso Alemán. Además, han dejado en libertad a la mayor parte de los imputados, siendo particularmente ominoso y ofensivo el caso de Byron Jerez.
La impresión general es que el ex-presidente Alemán está retenido en la cárcel solo por los cálculos electorales y juegos tácticos del FSLN. No es de extrañar entonces la percepción negativa y la falta de confianza que tiene la ciudadanía nicaragüense en este poder. La contraloría también es abiertamente partidaria. Irónicamente, no ha dicho una sola palabra sobre la corrupción de Alemán, pero está pidiendo la destitución del presidente Bolaños. Finalmente, la jerarquía de la iglesia católica ha jugado un papel clave en la defensa de Alemán, ya sea por medio de su defensa pública o apoyando propuestas que apuntan a la excarcelación del ex–presidente.
Perspectivas
En lo que respecta a las perspectivas, mi impresión es que la situación de Nicaragua es más crítica que la de Costa Rica. El desafío es cómo lograr que las crisis de corrupción que enfrentan ambos países puedan fortalecer la institucionalidad democrática. Ello implicaría, entre otras medidas, la independencia y autonomía de los poderes judiciales, electorales y de la contraloría, leyes que sancionen claramente la corrupción y, sobre todo, una cultura política y una ética pública en la que los actos de corrupción dejen de ser aceptados como inevitables y en la consolidación de un estado de derecho en que no haya “caudillos”, “líderes” o “personalidades” que estén por encima de la ley.
Lograrlo dependerá mucho más de la movilización y acción ciudadana que de los partidos o de la clase política. Hoy más que nunca debemos tener presentes las palabras de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien señalara que una verdadera democracia requiere libertad, justicia social y una ética pública intachable e íntegra. Ese es el desafío. |