Contraloría sube la parada
Un contragolpe anunciado

	Delitos electorales contra Bolaños son la contracara del destape de la guaca de Agosto 2002

	Bolaños informó a la Contraloría pero no todo; denuncian trama política caudillista

	Alvarez Montalván: conjura política terminará como “una bomba de humo”

Lourdes Arróliga

Enrique Bolaños

Como un artificio político y “sin ningún asidero legal” fue señalado la resolución de la Contraloría General de la República, que emitió una sanción administrativa en contra del presidente Enrique Bolaños, a la vez que solicitó la destitución de su cargo, la semana pasada.

La Contraloría insiste en que Bolaños no rindió cuentas claras de la procedencia de los fondos de su campaña electoral, al negarse a dar información sobre cuentas bancarias que aparecen abiertas a su nombre en un banco de la Isla del Gran Caimán, por 236 mil dólares, monto investigado en el juicio de los delitos electorales.

La ironía del asunto es que la investigación sobre los delitos electorales, se originó en el destape de la guaca de corrupción en agosto del 2002. La denuncia de Bolaños quiso abarcar tanto, que abrió un flanco vulnerable a sus enemigos políticos, y el caso de la guaca se revirtió en su contra a través de los delitos electorales.

Durante la apertura del proceso, Bolaños prometió públicamente despojarse de su inmunidad para enfrentar el cargo, pero luego se retractó.

Después de dos años de una enconada batalla política, los contralores le subieron la parada a Bolaños, y ahora lo declaran en rebeldía por no informar sobre el origen de los fondos de su campaña presidencial.

Pero el Ejecutivo lo minimiza a una “treta” de los contralores, que se prestan al juego de sus caudillos políticos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, para debilitar y “manchar” la imagen del gobierno actual.

En el pliego de preguntas que le remitió la Contraloría a Bolaños, en mayo pasado, no figura ninguna inquietud al respecto.

“No contestó algo que no le estaban preguntando. Él por su lado, ha explicado más de una vez eso, la legalidad que está detrás de este asunto”, señaló, señaló Mario De Franco, Secretario de Coordinación y Estrategias de la Presidencia.

—¿Estaría dispuesto a explicar quiénes son los donantes y el origen de los fondos?

—“Definitivamente, y vamos a sacar un comunicado de prensa donde se informa de todo ese asunto”, respondió De Franco.

Sin embargo, el abogado de Bolaños, Macario Estrada, en un carta enviada a la Contraloría en agosto, proclama que el presidente no estaba obligado a responder por la utilización de los fondos durante la precampaña electoral.

“No he cometido corrupción”

El Presidente lució sereno ante la noticia. “No teman, pues Enrique Bolaños no ha cometido actos de corrupción por más que quieran ensuciarme”, dijo al presentar la propuesta del Presupuesto General de la República 2005.

La Asamblea Nacional, único órgano que constitucionalmente puede desaforarlo, no mantiene una postura firme ante la posibilidad de efectuarlo, pese al interés de la bancada liberal.

En tanto, los sandinistas tienen una posición ambigua sobre el tema. Pero sí critican el hecho de que Bolaños sienta un mal precedente al no responder a la Contraloría.

“La ley nos obliga a responder al órgano de control”, sostuvo el diputado sandinista Edwin Castro, para quien valorarán la resolución.

Hasta que Bolaños regrese de Libia, se sabrá qué rumbo tomará el asunto. Sus ministros no descartan responder con un “estado de emergencia”, por la instabilidad que representa la destitución del presidente en medio de una contienda electoral.

“Todo es posible”, dijo Julio Vega Pasquier, ministro de Gobernación y ex Director del Equipo Jurídico de la Presidencia.

Vega considera que los contralores se extralimitaron en sus funciones, pues aunque Bolaños fuese auditado “se puede reservar el derecho de contestar no todo lo que ellos quieren”.

Bolaños respondió las dudas de los contralores y tienen “copia” de ello.
El proceso es “viciado” porque además mandan a conocer a la Fiscalía y a un juez capitalino para que conozca la causa, cuando el único órgano capaz de procesar a un mandatario es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque no existan antecedentes sobre el tema.

“Además es imposible que de una sanción administrativa se venga a desprender una destitución del cargo, básicamente cuando es alguien que goza de una elección popular”, dijo Vega.

Quieren desestabilizarlo

Frank Arana, asesor presidencial, acusó a los caudillos Ortega y Alemán, de maniobrar en contra del gobierno para desestabilizarlo.

El descrédito de las instituciones (Contraloría, Asamblea Nacional, CSJ) son señales de que actúan por órdenes políticas, señaló.

“La resolución es una cuestión meramente política, de resentimientos, una táctica para tratar de crear una tensión en el Ejecutivo, para mantener una inestabilidad para que no pueda seguir trabajando”.

No reveló temor a una posible desaforación, pues si generaría caos institucional y mala imagen ante la comunidad internacional.

El ex general del Ejército, Joaquín Cuadra, calificó la trama de “absurda”, que persigue desgastar su gestión de gobierno.

“Ante eso la actitud que debe tomar es una ofensiva política, una lucha política a muerte, entre el caudillismo y el pasado y la modernidad que representa un hombre que tiene 75 años”.

Considera que Bolaños saldrá fortalecido, por tratarse de una “resolución precaria”, que se hizo pública un día después de la absolución de Byron Jerez –ex director General de Ingresos--, en el juicio de los camionetazos.

“De esta sale fortalecido, además asumió una posición de enfrentar el problema y de no capiar el bulto”.

Tiene que ser más beligerante

Otros demandan más beligerancia en la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. Ana Quirós, enlace de la Coordinadora Civil, reconoce que hay intereses políticos, pero demandó al presidente mantener informada a la ciudadanía.

“Por supuesto que debería rendir cuentas y no esperar a que le pregunten. Lo que se espera de un gobierno es la transparencia, entendemos que ha habido información suficiente, pero parece que la Contraloría lo quiere desconocer”, señaló Quirós.