Victimizan políticamente a Candidato de APRE
"Crucifican" a Fiallos,
¿correrá para alcalde?

	Juez dictó sentencia en una hora, apelación aún no se resuelve, y ahora lo acusan en otros cinco juicios

Un “rosario” de seis juicios en su contra, esperan por Alejandro Fiallos, candidato a Alcalde de Managua por la Alianza por la República (APRE), mientras tanto espera que resuelvan “a su favor” la apelación a la sentencia de veinte meses de prisión e inhabilitación por un año, que le impuso el juez suplente Moisés Rodríguez, del Segundo Local del Crimen.

Todo inició el 20 de julio del 2004, cuando María Teresa Mairena, contratada por el periodo de un año como Coordinadora de la Oficina de Contrataciones del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), retomó una denuncia interpuesta en contra de Fiallos y autoridades de la institución —que no prosperó por la vía civil—, “por abuso de autoridad y amenazas condicionadas”.

Las intenciones de Mairena era recibir el pago de 17 mil dólares, en concepto de los honorarios que devengaría por sus servicios en INIFOM, de dónde fue despedida en marzo del corriente año –a escasos cuatro meses de haber sido contratada--, por negarse a continuar avalando “licitaciones ilícitas” desde su cargo, entre las que señala la compra de aires acondicionados, de útiles de oficina, la reparación de la flota vehicular y la remodelación de la oficina financiera.

“No es un asunto político”, repite constantemente Mairena, ante los medios de comunicación.

Como prueba señala los “arreglos extrajudiciales” que su abogado Pánfilo Orozco tramitó sin éxito alguno, con el defensor de Fiallos, doctor Mario Orozco Scott.

Solicitó el pago de diez mil diez mil dólares a cambio de retirar la denuncia.
“Le prometí que íbamos a conversar porque la plata no la pongo yo. Pero don Alejandro me dijo que eso era un chantaje, una extorsión y no aceptó”, señaló Orozco Scott. Por lo que las negociaciones quedaron ahí.

Pero Pánfilo Orozco le recriminó que “violó un pacto de caballeros”, a lo que el defensor califica como “pláticas informales”.

“Pánfilo se molestó conmigo porque dice que falté al pacto, pero quien pone los términos es el cliente”, aclaró.

Entretelones de un juicio

La sentencia condenatoria que dictó el juez Rodríguez no afectó solamente a Fiallos. La mañana del 17 de agosto, el abogado de Mairena, Pánfilo Orozco, fue el primer sorprendido con la decisión del judicial.

“Llegué como a las 8:30 para ver los resultados de la inspección ocular (realizada el día anterior), y me encuentro con la sorpresa de que estaba lista la sentencia”, reconoce Orozco.

Aunque intenta guardar distancia del cariz político del juicio, reconoce ciertas anomalías en el proceso, como el hecho de que él no presentó los alegatos finales, requeridos para que el juez se pronuncie.

Así se le “escapó de las manos” la oportunidad de “recuperar el dinero” que solicitaban como indemnización de Mairena.

“Nos desarmó porque ahora no vamos a poder recuperar la plata. Desde abril estamos tratando de negociar con él”, afirmó el abogado.

¿Pruebas fueron contundentes?

Alejandro Fiallos

En medio de la madeja política con que se abordó el caso, se encuentran los “elementos de prueba” que la parte acusadora indica haber aportado al juicio.

Pero la posición de la defensa, es que en ningún momento se demostró la culpabilidad de Fiallos.

Además denunció que desde un principio el juez se negó a tramitar las solicitudes de la defensa, por lo cual lo recusó. Pero éste prosiguió con la causa.

Aún el día de la inspección, le recordó que no podía conocer el caso.
“Me podés recusar las veces que vos querás, yo voy a dictar sentencia”, le habría respondido Rodríguez.

Para el defensor de Fiallos no se estableció la supuesta participación de Fiallos en el segundo despido que tuvo Mairena, en la Oficina de Ética Pública, todo según la afectada “por una llamada que él hizo” a esa institución.

En el expediente rola una carta emitida el 17 de junio del 2004, por Haydée Acosta, Directora Ejecutiva de la OEP, en la que reitera el despido de la siguiente forma:

“Al respecto, debido a que las diferencias entre las autoridades de INIFOM y su persona la imposibilitan a desarrollar dicha actividad en forma coordinada con esa institución y los municipios, se afectará la eficiente ejecución de las tareas contempladas en los términos de referencia de su consultoría. Por lo tanto, la institución a mi cargo se ve obligada a aplicar el inciso d) de la cláusula No 9.1 del contrato, tomando en cuenta que no se logró un acuerdo en la aplicación de la cláusula No 3 del mismo contrato, como le fue solicitado en la comunicación de referencia OEP-VA07-854-04 del 14 de junio del 2004”.

El juez contempló dicho escrito en su sentencia, así como la declaración de un testigo que afirmó haber visto una circular enviada a distintas instituciones, para impedir cualquier contrato laboral con Mairena.

Sin embargo, dicha prueba documental no fue presentada por “falta de tiempo” y la prontitud del fallo judicial, según los demandantes.

Etica Pública sin pronunciarse

Confidencial intentó conocer la versión de la OEP, pero la divulgadora Graciela Rappaciolli dijo que se pronunciarán hasta que el juez resuelva sobre la fianza que solicitó el abogado de Haydée Acosta.

También solicitaron la nulidad del juicio, pero hasta ayer no tenían respuesta alguna.

“Estamos en espera de que el juez se pronuncie. Ella está en posición de actuar conforme a Derecho y seguir el procedimiento de la ley”, indicó Rappaciolli.

¿Grabación comprometedora?

Presa del enojo por su segundo despido consecutivo, Mairena interpeló a las autoridades de Etica Pública y obtuvo sin la autorización judicial una grabación de casi media hora (ininteligible en ciertos momentos), de una conversación con Alan Clerk, Coordinador del Programa.

Confidencial tuvo acceso a la cinta y logró desprender los siguientes hechos:

--Alan: “Nunca pensamos que ibas a tener esa actitud (de demandar a Fiallos). No podés llegar a INIFOM”.

--Ma. Teresa: “Por qué no puedo, si yo soy un técnico”.

--Alan: “No podés cumplir con tus términos de referencia, no podés”.

El abogado defensor, corroboró que la parte acusadora intentó incluirla como elemento de prueba, pero fue rechazada.

Así mismo, restó méritos a los elementos probatorios que expuso el judicial, como la declaración de un pastor evangélico –guía espiritual de Mairena--, quien declaró que conocía los “sufrimientos de ella”.

La inspección de los módulos de INIFOM y del parque vehicular tampoco aportó “nada” al proceso, según el defensor.

Funcionarios de la institución señalan que el juez no solicitó información alguna en la Oficina de Contrataciones y otras direcciones.

“No existen pruebas que al menos hayan acabado con el principio de presunción de inocencia. El juez está condenando, porque además de la finalidad política, él ha visto la oportunidad de convertirse en un personaje, hay un poco de egocentrismo en todo esto”, dijo Orozco Scott.

En manos de apelaciones

Cuando la pena es menor de tres años, la Ley 164 de Instrucción Criminal contempla la posibilidad de que el detenido salga mediante una fianza pecuniaria –depósito de dinero--, o de la fianza personal (alguien da garantía de que no se fugará).

Sin embargo, pese a que el defensor solicitó “a lo inmediato” una fianza, la revocación de la orden de arresto y la nulidad del juicio, el juez no se pronuncia al respecto.

El defensor de Fiallos además interpuso un recurso de amparo ante el juez David Rojas del Primero Distrito del Crimen, quien tendrá la última palabra sobre el caso. Rojas sustituyó a la jueza sandinista Juana Méndez, quien pasó a ocupar una magistratura en el Tribunal de Apelaciones de Managua.

“Debo de reconocer que el doctor Rojas ha dicho públicamente que él es un militante sandinista, pero no quiero calificar de que por eso estamos en manos de la justicia sandinista”.

De lo que sí está seguro es que la sentencia emitida por Rodríguez está plagada de intereses políticos.

Un fallo conocido previamente por los directivos de APRE, quienes postergaron la decisión de hacerlo público.

Dictó sentencia en una hora

Orozco Scott espera que Rojas resuelva con la misma celeridad que el juez Rodríguez y que “revoque” la sentencia. De lo contrario, Fiallos “quedaría inhabilitado” de correr como candidato a alcalde.

“Me gustaría aclararle que la sentencia no se resuelve en menos de un mes, la inspección fue ayer (el lunes pasado) a las tres de la tarde y la sentencia estaba a las cuatro. La dictó en una hora”, alegó el defensor.

Varios litigantes de los juzgados, consultados por Confidencial, coincidieron en que los jueces tardan entre cuatro, cinco, seis meses, para dictar una sentencia.