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Gobierno-el y modernización
del
Estado en AL
San Francisco CA. Alentados por
la presión internacional, obligados
por la necesidad de acortar la brecha digital, o llevados
por sus propias promesas electorales, muchos gobiernos
están haciendo esfuerzos reales para implementar
formas de gobierno electrónico. Contribuyen
de esa manera a la deseable modernización del
Estado, sin necesariamente promover la causa de su
democratización.
América Latina Puntogob,
un libro de muy reciente publicación por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile
(FLACSO, www.flacso.cl) ofrece una excepcional “fotografía
de los procesos de modernización de la gestión
pública en América Latina, así como
una reflexión respecto a las transformaciones
que el ejercicio de la política está experimentando
a partir de la incorporación de Internet,” escribe
en su blog Rodrigo Araya Dujisin, coordinador de este
trabajo colectivo.
Para analizar el gobierno electrónico
(sugiero llamarlo gobierno-el, gob-el para quienes
tienen prisa, más que e-government, o su traducción
literal y carecente de sentido: egobierno), Rodrigo
Araya retoma la metáfora de la pantalla. Distingue
lo que pasa a nivel de los usuarios (frente a ella)
de los procesos (atrás) y de la interfase, “la
dimensión web del gobierno electrónico” a
la cual el público puede acceder.
En cuanto a esta última,
Araya invita a cuidar el diseño y la usabilidad
de los sitios gubernamentales que siguen casi siempre
una evolución clásica:
empiezan brindando información, luego permiten
cierta interactividad hasta que ofrecen servicios y,
luego, transacciones. Más importante, tal vez,
es lo que pasa atrás, el hecho que “si
un ministerio ha tomado la decisión de ofrecer
un servicio público por medios digitales, debe
antes que nada revisar sus procesos internos, puesto
que cambian algunas funciones.”
En América Latina, sin
embargo, la cuestión
de quienes están frente a la pantalla es de
cardenal importancia en la medida en la cual apenas
el 5% tiene acceso a la red (12% a nivel mundial según
Internet World Stats).
Ninguna pretensión al gob-el
tiene mucho sentido si no va acompañada de política
de “masificación
del acceso” para “corregir las desigualdades
existentes”. Para ello, nota Araya, varios gobiernos
estimulan las soluciones comunitarias, en particular
los telecentros proveedores de equipo, conectividad
y facilitadores de la tan necesaria infoalfabetización.
¿Usuarios o ciudadanos?
Es el caso, por ejemplo
de El Salvador, Rafael Ibarra, directivo fundador
de la Asociación Infocentros,
los telecentros locales, nos explicó cuan
importante había sido “cristalizar
y aprovechar la formación de capital social” pre
existente (redes sociales, organizaciones, clubes).
Los 41 Infocentros han jugado su papel en el hecho
que el 9% de la población tiene acceso a
la internet. Los servicios prestados les han permitido
desarrollar nuevas relaciones, nuevas redes, nuevo
capital social. Lo cual, según Ibarra hizo
que “algunas empresas, públicas y
privadas, han considerado que existía la
masa crítica para ofrecer sus servicios
por Internet, así como estimular el uso
de la red”.
Claudio Orrego Larraín,
otro autor de América
Latina Puntogob, aborda el gobierno-el como el uso
de “internet y las TICs para potenciar la modernización
del Estado”. Implica la voluntad de reducir
la brecha digital y seguir competitivo, con la necesidad
de responder a los reclamos de “transparencia
y probidad” de ciudadanos y entidades internacionales
proveedoras de ayuda y con la necesidad de ser más
eficientes, de proveer auténticos servicios,
más allá de la mera información.
“Los servicios en línea
son preocupación
central” del gobierno-el explica Katherine
Reilly, autora de un capítulo en el cual compara
varios países latinoamericanos. Nota, sin
embargo que insistir sobre los “servicios” electrónicos,
de manera muchas veces vaga puede llevar a considerar
a quienes forman la población como “usuarios” o “clientes
del Estado”, más que como “ciudadanos” y,
por lo tanto, a minimizar su papel y condición.
Una tendencia preocupante que lleva a preguntar ¿de
que vale una modernización del Estado sin
democratización,
sin modificación de sus relaciones con la
sociedad civil? Modernización pero con democratización
"Hay cuatro enfoques principales
de un gobierno electrónico,” escribe Katherine
Reilly. Estos son: “mejoras en la gestión
de la administración pública, provisión
de servicios, transparencia, y facilitación
de la participación ciudadana.” En este
marco la noción de servicio ocupa un papel
central manifiesto en los documentos y las prácticas
de los ocho gobiernos latinoamericanos que estudia
(México, Costa Rica, Republica Dominicana,
Venezuela, Perú, Brasil, Uruguay y Chile).
Una de las personas entrevistadas
por Reilly denuncia “la
institucionalización de un concepto de “usuario” que
enfatiza sus roles como receptor, consumidor, cliente
o beneficiario, relegando a un segundo plano sus
potencialidades como emisores, productores y actores
sociales”. De esa manera se llega a reducir “el
carácter “interactivo” de la “internet
ciudadana” al acceso a “paquetes de servicios” disponibles
en línea.” Los ciudadanos son concebidos
como el objeto de las actividades de gobierno-el
y tratados como clientes.
“Una preocupación
mayor de los grupos en pro del gobierno-el es la creación
de un mercado para los servicios en línea que
están
implementando, debido en particular a la baja penetración
de la internet en la región,” nos explicó Reilly. “Cuando
la relación gobierno-ciudadanos gira alrededor
de servicios eficientes, el acceso se concibe como
el establecimiento de un vínculo individual
con el gobierno, la transparencia significa realizar
encuestas de clientes.” De manera inversa cuando
el gobierno electrónico se concibe en el marco
de la democratización “acceso quiere
decir creación de redes comunitarias, transparencia
quiere decir acceso a la información sobre
las reglas del juego y participación ciudadana
quiere decir debates y tomas de decisiones abiertos.” Más que proveedores
de servicios
Para no caer en la trampa de
una modernización
sin democratización, Reilly propone medir
los esfuerzos de gobierno electrónico en función
de tres criterios: un acceso equitativo a lo que
hace el gobierno y a la manera en la cual trabaja;
la implementación de servicios para resolver
necesidades inmediatas pero también para mejorar
la capacidad de los ciudadanos de resolver sus problemas;
por fin, el uso de la internet para “promover
la ciudadanía”, si además de
una relación directa ciudadano-Estado “facilita
la formación de redes ciudadanas”. Hay
una gran diferencia entre un gobierno-el “que
se comunica con los ciudadanos como usuarios de servicios
individuales y uno que se comunica con ellos como
actores sociales o grupos”.
“Para ser clara,” nos explicó por
mail, “no tengo nada en contra de proveer servicios
mejores y más eficientes. Tengo un problema,
sin embargo con quienes hacen de la provision de servicios
el único objetivo del gobierno electrónico.” Ciertos
gobiernos hacen esfuerzos para involucrar a los ciudadanos.
Informar es bueno, consultar es un significativo paso
hacia delante pero no es suficiente a los ojos de Katherine
Reilly, porque “cuando se llega a la etapa de
la consulta, las grandes líneas del proyecto
ya han sido establecidas,” nos explicó.
Es necesario involucrar a la
sociedad civil en el diseño de los programas
de gobierno electrónico.
De no hacerlo “el acceso a la información
podría llegar a tener muy poco sentido”.
Como lo notan los gurus de la administración
de empresa y de la informática, lo que cuenta
se encuentra a nivel de la infraestructura y de los
procesos.
*Periodista
francés residente en Berkeley, California,
experto en nuevas tecnologías de la información
y en asuntos latinoamericanos. Más información
en www.francispisani.net ENLACES
www.francispisani.net
América Latina Puntogob: http://hasp.axesnet.com/contenido/documentos
/América%20Latina%20Puntogob%20final.pdf
FLACSO-Chile: http://www.flacso.cl
Katherine Reilly: http://www.katherine.reilly.net |
